Piden cuatro años y medio de cárcel para un teniente de alcalde y un exconcejal de Hospitalet

La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para el segundo teniente de alcalde de L'Hospitalet de Llobregat y primer secretario del PSC de la ciudad, Cristian Alcázar, y para el exconcejal del PSC Cristóbal Plaza por simular presuntamente el despido del segundo y pagar una indemnización fraudulenta de 47.147 euros. En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a Alcázar y a Plaza de un delito de estafa o apropiación indebida y otro contra la Seguridad Social.

CASO DEL CONSELL ESPORTIU

Este despido es una pieza separada del caso principal de supuesto desvío de fondos en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (CELH), en el que la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, figura como investigada por omisión del deber de perseguir delitos.



La Fiscalía también les pide indemnizar "conjunta y solidariamente" al Consell Esportiu con los 47.147 euros del despido irregular, y a Plaza restituir las cantidades "indebidamente" percibidas en concepto de prestación por desempleo, que son 6.486,96 euros.

INHABILITACIÓN

Asimismo, solicita cuatro años y medio de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años.



Los hechos se remontan a finales de 2016, cuando Alcázar era teniente de alcalde, concejal de Deportes y presidente del CELH, mientras que Plaza era el director de esta entidad, que, pese a ser privada, la mitad de la Comisión Directiva es designada por el consistorio. El despido de Plaza, acordado en fecha de 31 de diciembre de 2016, fue justificado por causas objetivas, dado el descenso de los ingresos del Consell, obligado, en consecuencia, a amortizar el puesto de trabajo de Plaza, y se pactó una indemnización de 47.147,62 euros.



Sin embargo, la Fiscalía cuestiona la argumentación oficial del despido y señala que, analizando las cuentas del Consell Esportiu, su situación económica no se podía considerar negativa, "ni era necesario amortizar el puesto" de Plaza, pues su sustituto tenía las mismas competencias y un sueldo similar. "La realidad era radicalmente opuesta a la descrita documentalmente por los acusados, puesto que no concurrían causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justificaran el despido", subraya el escrito.

CUATRO ACTOS DE DESPEDIDA

Asimismo, indica que tanto el acuerdo de despido como el pago de la indemnización se realizaron "a espaldas del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregrat y, sobre todo, de los órganos de gobierno del CELH y la Asamblea general, privando conscientemente ambos acusados de dicha información a los organismos citados con la intención de mantener una situación de normalidad".



En su escrito, también advierte que Plaza anunció su marcha a "amigos y conocidos" del CELH en una carta en la que decía que “ponía punto y aparte a su vinculación con el deporte”, celebrando hasta cuatro actos de despedida, circunstancias ambas que, según la Fiscalía, parecen poco normales en "una situación de despido". Unos meses después de ser despedido del Consell Esportiu, Plaza fue nombrado asesor nivel 1 del Ayuntamiento de L'Hospitalet.



"La descrita alteración consciente de la realidad permitió que el acusado (Cristóbal Plaza), previa solicitud por su parte, fuera considerado como perceptor de la prestación por desempleo, percibiendo desde la fecha del despido hasta su nuevo nombramiento, un total de 6.486,96 euros en tal concepto", añade la Fiscalía.