La Cámara de propietarios reclama que se paralice la superilla del Eixample

La paralización inmediata y buscar un amplio consenso con todos los actores implicados. La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, que engloba también a Lleida, ha presentado un conjunto de alegaciones al proyecto de la superilla del Eixample, con la petición de que se detenga de inmediato y se tenga en cuenta, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que puede cometer una “infracción urbanística”. El argumento central es que “constituye una infracción urbanística el hecho de que mediante un proyecto de obra ordinaria se modifique de manera radical la función básica de un sistema urbanístico como es el viario, hasta el punto de hacerlo irreconocible”.

La Cámara de la Propiedad Urbana se ciñe a la posibilidad de presentar alegaciones al proyecto de Ada Colau en el Eixample. Sin embargo, otras entidades, como Salvem Barcelona, entienden que es una vía que no paralizará las obras y que es mejor llevar el proyecto a la Fiscalía. Así lo ha explicado uno de los promotores de la entidad, el economista Francesc Granell a Metrópoli.

En todo caso, las alegaciones de los propietarios urbanos son extensas y contundentes. Entran en las cuestiones técnicas, con la denuncia de que faltan los informes oportunos para conocer las consecuencias que tendrá ese proyecto en toda la trama urbana, y en los respectivos sectores económicos. “La documentación sometida a información pública es incompleta e insuficiente, porque faltan los expedientes de aprobación de los proyectos, en los cuales consten los informes técnicos y jurídicos que los avalen”, se señala en el capítulo de conclusiones de las alegaciones, como ha podido comprobar Metrópoli, y que firma Joan Ràfols Esteve, en calidad de presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida.

Las objeciones se formulan en relación a los proyectos ejecutivos de reurbanización vinculados a los llamados Nuevos Ejes Verdes, “referidos a la calle Consell de Cent, entre Vilamarí y Paseo Sant Joan, y en las calles transversales, integrados todos, como se dice, en el Programa Superilla Barcelona”.

PENSAR EN TODA LA CIUDAD

Todos esos proyectos, se señala, deben atender al impacto que pueden generar: “Atendiendo a su impacto en la estructuración del espacio público, los proyectos deben ser informados por Bomberos de Barcelona para garantizar que las condiciones de actuación de los servicios de emergencia no empeora las condiciones de accesibilidad actuales”.

Una de las consideraciones centrales, sin embargo, es el reproche al gobierno de Ada Colau por no pensar en la globalidad de la ciudad. “Atendiendo al impacto del proyecto en la movilidad del Eixample y del resto de la ciudad, se debe redactar, tramitar y aprobar por la administración competente en materia de movilidad un Estudio de Evaluación del impacto de movilidad generada, que analice los incrementos de tráfico que sufrirán las calles del entorno”.

El ‘palo’ al consistorio es enorme en otra de las consideraciones, que aparecen como conclusiones, tras las alegaciones presentadas: “El trámite de información pública en el que comparecemos resulta puramente formal, inútil y vacío de contenido si, simultáneamente, se licitan las obras. De tal manera que cualquier modificación de los proyectos como consecuencia de las alegaciones obligaría a repetir el proceso de licitación”.

PÉRDIDA DE CALIDAD ARQUITECTÓNICA

Pero es la propia naturaleza del Eixample la que se ve en peligro: “La actuación que se pretende no tiene en cuenta los valores patrimoniales y arquitectónicos del Eixample que el Ayuntamiento está obligado a respetar”, asegura la Cámara de la Propiedad Urbana.

Y otra de las conclusiones, y no la menor, ataca a los propios autores de los proyectos, desde el punto de vista político: “La dirección ejercida en la redacción de los proyectos sobre sus autores ha estado marcada por criterios políticos y mediáticos, lo cual ha provocado una pérdida notable de su cualidad arquitectónica”.

Todo ello lleva a los representantes de los propietarios urbanos a reclamar que se deje “sin efectos con carácter inmediato la aprobación inicial de los proyectos en cuestión y se paralice el procedimiento para su aprobación definitiva”. También que “se suspenda” el procedimiento de licitación de las obras hasta que el nuevo proyecto, “si llega a redactarse”, esté definitivamente aprobado.

Y lo que pide la Cámara de la Propiedad Urbana es que se inicie “un auténtico proceso de concertación sin apriorismos políticos e ideológicos con los vecinos y los sectores directamente implicados, con participación de técnicos competentes, que permita reducir de manera eficaz la contaminación y el ruido de nuestras calles, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos”.