La implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) continúa a nivel estatal. La obligatoriedad establecida desde el Gobierno para que todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes cuenten con una zona de restricciones circulatorias a partir de este año ha multiplicado la cifra de municipios en los que se dispone de esta medida, una tendencia que se mantendrá en la recta final de 2023.
Con la duda sobre el futuro de estas limitaciones en Barcelona, que continúan pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las tumbara, la Generalitat ha dado un paso más en la implementación de estas áreas, aplicando un carácter aún más restrictivo en cuanto a la cifra de población mínima se refiere.
SUBVENCIONES
La institución catalana anunció a mediados de año una convocatoria de subvenciones para el diseño e implantación de ZBE en municipios catalanes, válidas para aquellas localidades que hubieran establecido un área restrictiva en 2022, así como las que lo hagan entre este año y 2025 y cuenten con una población comprendida entre los 20.000 y los 250.000 habitantes.
Para las actuaciones de 2022, la Generalitat dedicó 4,5 millones sobre el total del crédito, unos fondos procedentes de la recaudación relativa al polémico impuesto de CO2 abonado por los conductores en Catalunya.
La cuantía restante ayudará a los municipios a implantar sus propias ZBE, especialmente a aquellos con una población superior a los 20.000 habitantes, que deberán disponer de este espacio de forma obligada antes de finalizar 2025.
MUNICIPIOS METROPOLITANOS
La medida impuesta por la Generalitat afecta a más de una decena de municipios metropolitanos que disponen de una población de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Barberà del Vallès, Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí y Sant Vicenç dels Horts deberán establecer restricciones circulatorias el próximo año o en 2025.
Pese a no estar aún obligados a ello, algunos de estos municipios ya disponen de Zonas de Bajas Emisiones. Es el caso, por ejemplo, de Esplugues o de Sant Joan Despí.
EUROPA OLVIDA A LOS AFECTADOS
Afectados por la ZBE de la capital catalana llevaron la problemática a Europa, al reclamar a la Comisión Europea que efectuara una investigación para constatar las vulneraciones de los derechos fundamentales que se estarían llevando a cabo con las restricciones circulatorias.
El organismo europeo señaló que la elección de los medios para respetar los valores límite de NO2 es competencia de las autoridades nacionales, y reiteró que el establecimiento de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para garantizar el cumplimiento rápido de las normas de calidad del aire de la Unión es un requisito en virtud de la Directiva sobre la calidad del aire.
Tras aclarar que desestimaba las investigaciones solicitadas al considerar que los hechos no constituían una infracción del Derecho de la Unión, la Comisión expresó su apoyo a España en cualquier tipo de medida que ayudara a rebajar los niveles contaminantes.