Europa desampara a los afectados por la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona

El futuro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sigue en el aire. Tras el veto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a la ordenanza que la regula, el futuro de las restricciones está en manos del Tribunal Supremo (TS). El Alto Tribunal deberá fallar sobre si valida la modificación de la normativa impulsada por el gobierno municipal para continuar con las limitaciones, o si por el contrario tumba definitivamente una ZBE que la justicia consideró en primera instancia excesivamente restrictiva y con deficiencias en su elaboración.

La polémica medida llegó también a la Unión Europea. Lo hizo de la mano de Martín Gurría, un barcelonés que alzó la cuestión al Parlamento Europeo, donde se produjo un intenso debate sobre las problemáticas que la medida ha provocado en Barcelona. En la solicitud que realizó al mencionado organismo, el peticionario recordó que la ZBE no se basa en los resultados de la ITV, y apuntó que las sanciones constituyen una expropiación fiscal a los ciudadanos que incumplen la normativa. Gurría también denunció que la medida supone un ataque directo al derecho de la propiedad porque los perjudicados se han visto privados del uso de sus vehículos. Por todo ello, solicitó a la Comisión Europea a que efectuara una investigación para constatar las vulneraciones de los derechos fundamentales que se estarían llevando a cabo.

Europa ha optado por dar la espalda a los afectados. La Comisión se ha desentendido de la problemática y se ha alineado con las administraciones españolas bajo la justificación de la presunta reducción de emisiones que puede suponer el mantenimiento de la ZBE.

PETICIONES

La petición formulada por Gurría no es la única que ha topado con el rechazo europeo. La Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (ASOPARC) realizó dos reclamaciones que tampoco han contado con el respaldo de la Comisión. La primera hace referencia al veto a los vehículos que dispongan de etiqueta B a partir de 2024, según marca el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana elaborado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La crítica señaló a la ordenanza municipal barcelonesa que modificó dicha planificación para que tanto residentes como no residentes sufrieran las restricciones a partir del próximo año en caso de disponer de un vehículo con este distintivo.

Tráfico junto a un cartel de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) / AJ BCN

El colectivo alegó que se trataba de una medida desproporcionada por la triple crisis sanitaria, económica y ocupacional, además de recordar el enorme esfuerzo que supone afrontar un cambio de vehículo. En este sentido, la asociación también denunció la desvalorización de los automóviles afectados que supone esta limitación.

La segunda solicitud fue formulada por la vicepresidenta de este colectivo, Mónica Xufré, quien alegó que el plan de implementación de la ZBE adolece de improvisación y falta de análisis sobre las causas de la contaminación en la ciudad y sobre las consecuencias de la limitación de vehículos antiguos. En el escrito, justificó que el 45% de la contaminación procede de las instalaciones portuarias, el resto de la circulación, calderas y actividades industriales, entre otros factores, y reclamó que se permitiera el uso de filtros catalíticos para compatibilizar la conservación vehículos y la protección medio ambiente. Al margen de éstas, se tramitaron otras dos peticiones relativas también al veto a los vehículos con etiqueta B.

RECHAZO DE LA COMISIÓN

La Comisión, que admitió a trámite todas las peticiones, ha optado por desestimarlas. En su respuesta, se ha acogido a la sentencia del 22 de diciembre de 2022, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que España incumplía las obligaciones marcadas en la directiva sobre la calidad del aire en lo que respecta a la superación sistemática y continua de los valores límite anual y horario de NO2 y a la no adopción de las medidas adecuadas para garantizar que el período de superación fuera lo más breve posible en el área de Barcelona.

Respecto a las medidas para lograr la reducción de contaminantes, el organismo europeo ha señalado que la elección de los medios para respetar los valores límite de NO2 es competencia de las autoridades nacionales, siempre que las medidas en vigor sean convenientes para acabar con la infracción declarada por el Tribunal de manera rápida y eficaz. La Comisión también ha reiterado que el establecimiento de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para garantizar el cumplimiento rápido de las normas de calidad del aire de la Unión es un requisito en virtud de la Directiva sobre la calidad del aire.

Cartel que delimita la ZBE / EUROPA PRESS

Tras aclarar que desestima las investigaciones solicitadas al considerar que los hechos no constituyen una infracción del Derecho de la Unión, la Comisión ha expresado su apoyo a España en cualquier tipo de medida que ayude a dar cumplimiento a la citada sentencia.

CONTRA LA INDUSTRIA EUROPEA

Xufré asegura que la Comisión Europea "está perdiendo el norte", además de "cabar su propia tumba automovilística europea". La vicepresidenta de la asociación afirma que el beneplácito europeo a las restricciones puede suponer el fin "de una industria europea que hasta ahora ha sido modélica" en beneficio de las marcas chinas, que aportarán "vehículos de baja calidad".

"No tenemos ningún tipo de confianza a una Comisión vendida a una agenda que corrobora la intención de asesinar a la industria automovilística", insiste Xufré, tras lo que asegura que "no conocen la realidad española" respecto a la dureza de las restricciones que se están aplicando en comparación con otros países de la Unión.