Montcada redobla sus esfuerzos para lograr el cierre de la Cementera Lafarge Holcim

Más de 40 años en lucha. Los vecinos de la localidad metropolitana de Montcada i Reixac redoblan su pulso hacia su particular coloso que se alza, imponente, en los límites de la ciudad, a los pies del cerro: la cementera de Lafarge - Holcim. Lo hace con la denuncia por la vía penal que ha desembocado en un juicio que ha arrancado este pasado viernes.

Así lo ha explicado a este digital la Asociación de Vecinos de Can Sant Joan, que espera que este juicio represente el principio del fin del gigante que "lleva décadas contaminando la localidad". Sin embargo, se decantan por ser prudentes. A lo largo de los años "hemos ganado todos los pleitos, pero la fábrica sigue funcionando impunemente".

La cementera, a su vez, ha recurrido de forma sistemática todas las sentencias --hasta tres-- emitidas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal Supremo, que en noviembre ordenó el "cierre, clausura y precinto de las instalaciones". Lafarge, a lo largo de los años, se ha negado a acatar los dictámenes de la Justicia, siempre con el beneplácito de la Generalitat, que ha autorizado nuevas licencias medioambientales. Pero "la cementera no ha tenido nunca una autorización medioambiental, porque la que le otorgó la Generalitat quedó anulada", explica José Luis Conejero, portavoz de la asociación vecinal.

Desde entonces, se han ido encadenando autorizaciones y que han sido tumbadas por los distintos órganos judiciales, algunas de ellas otorgadas de manera singularmente rápida. De hecho, la Generalitat llegó a avalar la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental en 2008 en un mismo día, pese a requerirse la elaboración de un estudio. Otra vez, "se les dio una autorización sin que siquiera la hubieran pedido", acusan. "Es una rueda que no tiene fin", sentencian. Por otra parte, denuncian que nunca se han publicado los informes medioambientales que avalan que la planta debe permanecer abierta.

La cuestión genera mucha impotencia en una población de unos 37.000 habitantes de los que, aproximadamente la mitad, viven en un radio de menos de un kilómetro de la planta. "Estamos cansados de ganar juicios y que, aun así, la planta siga funcionando", sentencian.

Toxicidad

Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica de España, la planta emite, además de sustancias como monóxido y dióxido de carbono, otros elementos como óxido de azufre, plomo y compuestos del plomo, cromo y derivados, cadmio, arsénico, cloro y flúor, entre otros. En 2022 --última fecha de la que se disponen datos--, se emitieron oficialmente 17 toneladas de residuos peligrosos. 

Eso, sospecha la plataforma vecinal, "es lo que se declara, porque estamos convencidos de que hay una parte que no se refleja". "Además, parte de los residuos pesados que se generan se mezclan con el cemento porque, dicen, lo fortalece, pero con los años todo eso acaba saliendo y termina en nuestro organismo", añaden.

Algunas de las sustancias mencionadas pueden traer graves efectos nocivos para la salud de inhalarse en grandes cantidades. "Durante años hemos pedido a la Generalitat que elabore estudios del impacto en la salud de la actividad de Lafarge, pero siempre han caído en saco roto", critican. "No obstante, sí se han hecho estudios de estas características con otras incineradoras y hay una relación directa entre la cercanía a una incineradora y la presencia de químicos en el cuerpo". 

En cualquier caso, "nosotros no vemos una familia que no tenga al menos un miembro con cáncer o con problemas respiratorios (...) No podemos establecer una relación causa-efecto porque no hay un estudio concreto de Montcada, pero la Universidad Carlos III hizo uno de toda España y concluyó que aquellos que viven a menos de 5 km de una planta tienen más posibilidades de contraer cáncer".

Autorización ambiental

Lafarge - Holcim, en declaraciones a este medio, "quiere reiterar las garantías ambientales y de transparencia con respecto a la actividad industrial, y que continúa con su actividad de fabricación de cemento de acuerdo con la normativa aplicable, como ha realizado siempre, y al amparo de la autorización preceptiva". Asimismo, añaden que "el desempeño de la fábrica es evaluado, de forma continuada, mediante rigurosos controles e inspecciones reglamentarias, tal y como recogen los títulos administrativos correspondientes".

Consideran que la continuidad de la actividad industrial "está garantizada" con

el otorgamiento de la última autorización ambiental con fecha de 15 de marzo de 2023 y que "esta restableció la situación jurídica de la actividad y subsanó el defecto de forma en que incurrió la administración". Recuerdan, por tanto, que "todos los procesos judiciales han ido encaminados a resolver los procesos administrativos para el otorgamiento de la autorización".

Ocurre que la Justicia siempre se ha limitado a juzgar este "defecto de forma", opina el letrado de la acusación, porque sin la autorización ambiental no es necesario pasar a cuestiones ambientales. El simple defecto de forma ya obliga al cierre de la planta.

40 años en lucha

Los vecinos de la localidad han pasado más de cuatro décadas peleando contra su Goliat, un Behemot de acero y cemento que no solo produce materiales de construcción, sino que también incinera residuos que emiten gran cantidad de partículas tóxicas al aire.

"Hace años, aquí (Montcada i Reixac) se tenía que lavar la ropa dos veces e incluso algunos lavaderos de coches tenían un cartel en el que especificaban que se quitaban restos de cemento", recuerda Conejero. 

La planta, ahora propiedad de Holcim desde hace una década, comenzó su actividad en 1907. No obstante, desde que nació la oposición vecinal se han llevado a cabo charlas, talleres, reuniones y manifestaciones tanto en solitario como con asociaciones ecologistas de todo el mundo y se ha llevado la cuestión al Parlamento Europeo. Por tener, la cementera tuvo hasta un papel antagónico en un cortometraje de zombis llamado Arcángeles.

Juicio penal

Este viernes han comparecido Lafarge Holcim y el exdirector del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la Generalitat, Emili Dragone, ante el juez. A las puertas les han esperado activistas medioambientales y vecinos del municipio. "El día 30, se espera la comparecencia en calidad de testigos de altos cargos de la Generalitat, como son Assumpta Farran, Josep Enric Llobet y Marta Subirà", celebran.

Según ha explicado el abogado de la asociación vecinal, Albert Calduch, los dos investigados se han acogido a su derecho de no responder a las preguntas de la acusación y solo han contestado a las cuestiones formuladas por la Fiscalía y de su propio abogado.

Por el momento, "el TSJC ha dado un plazo para clausura de Lafarge, pero todavía se puede presentar un recurso", ha comentado. "El Supremo aprecia indicios de delito, la Fiscalía aprecia indicios de delito", ha aseverado Calduch.

Preguntados por este digital, desde el departament d'Acció Climàtica han rechazado hacer declaraciones, pues se trata de un asunto judicializado.