Indignación en el Centro Municipal de Vela de El Prat de Llobregat. Medio centenar de socios han pedido a los tribunales que revoquen el acuerdo del Ayuntamiento, que ordena expulsar las barcas a motor e impide su depósito en el agua, por “la inestabilidad de la zona de playa”. Una decisión que enfadó a los afectados, que llevan más de 40 años guardando los barcos en la arena de la zona.
La titular del juzgado del contencioso-administrativo de Barcelona ha rechazado, por ahora, la suspensión cautelar de este acuerdo municipal, como le habían solicitado los 53 socios que llevaron el caso a los tribunales. Asimismo, mantiene la causa abierta para resolver si deja sin efecto la expulsión de las barcas a motor del Centro de Vela.
Regresión de la playa del Prat
El Ayuntamiento de El Prat, con Lluís Mijoler (El Prat en Comú) al frente, acordó el pasado 28 de febrero un nuevo plan funcional y de nuevas normas de uso para las actividades deportivas náuticas del Centro de Vela, en el que ordenó la expulsión inmediata de las barcas a motor. Los motivos a los que hicieron referencia son la inestabilidad de la zona de playa que existe frente al centro deportivo, por la que entran y salen las embarcaciones.
Centro de Vela Municipal de El Prat de Llobregat
El consistorio alegó que, debido a la regresión del litoral desde 2017, resultaba necesario suprimir el servicio de botadura de embarcaciones a motor, con la excepción de las necesarias para salvamento, socorro y acompañamiento de las actividades de vela. Un efecto que ya ha tenido consecuencias visibles, según el consistorio: “buena parte de la arena que había en torno al Centro de Vela ha desaparecido. Al lado estaba antes la playa de la Ricarda, que se tuvo que trasladar hace un par de años al otro extremo de la del Prat”, ejemplifica el ayuntamiento en declaraciones a Metrópoli.
Daños morales y económicos
Medio centenar de socios recurrieron contra este acuerdo y pidieron su suspensión cautelar alegando que les causará un perjuicio moral y económico, por el coste de la retirada y porque ven difícil ser admitidos como socios en centros municipales cercanos que quintuplican el precio.
Además de denunciar defectos formales en la tramitación del plan de uso, los recurrentes han aportado al juzgado un informe pericial en el que detallan otras vías que consideran menos gravosas para mantener la seguridad de la instalación sin tener que expulsar a los usuarios de las barcas a motor y garantizando el servicio público que consideran vetado por el Ayuntamiento.
La juez ha rechazado la suspensión cautelar porque entiende que en este caso no priman los derechos de uso de una zona pública por parte de unos particulares frente al derecho de cualquier ciudadano de practicar un deporte en condiciones de seguridad.