La batalla contra la okupación que empezó en Alicante y triunfa en Santa Coloma

En 2022, un municipio alicantino dio con la clave para luchar contra las okupaciones en el corto plazo de una semana. La Vila Joiosa fue pionero en llegar a un acuerdo con las juezas de la localidad: se creó así un protocolo que a día de hoy da una respuesta inmediata a aquellos propietarios que vean su vivienda okupada. La Guardia Civil en este caso los desaloja en un plazo máximo de siete días.

Santa Coloma de Gramenet, con una Núria Parlon que lleva años mostrándose imparable con los okupas, vio entonces un filón y se puso en contacto con La Vila Joiosa. Gracias al interés, la ciudad del Barcelonès Nord cuenta con el mismo protocolo desde hace un par de años que lo ha convertido en pionero en toda Catalunya.

Medida cautelar

La medida volvió a coger protagonismo hace dos fines de semana, tras una actuación de la Policía Local en el distrito 6. Tal y como ha explicado a Metrópoli el sargento del cuerpo local de policía, Iván Nogales, los agentes recuperaron un local comercial okupado en cuestión de dos días gracias a este protocolo: "Para que podamos desalojar tienen que cumplirse varios requisitos. El primero es tener localizada a la propiedad del inmueble y que esta no sea un gran tenedor ni un banco. Tiene que ser una persona física", ha detallado Nogales. "Además, los okupas tienen que haber constituido morada".

En ese momento, si el propietario manifiesta su deseo de recuperar de manera inmediata el inmueble, la Policía Local solicita al juzgado la medida cautelar.

Un agente de la Policía Local de Santa Coloma en un control LUIS MIGUEL AÑÓN (MA)

Juicio todos los martes

El procedimiento es el siguiente: se cita a ambas partes, propiedad y okupa, para el juicio por un delito leve de usurpación de bienes inmuebles —que en Santa Coloma se celebra los martes de casa semana—. Antes de eso, la policía le traslada un advertimiento al okupa: si sale de manera voluntaria del inmueble, no será necesario emplear el uso de la fuerza.

En el caso del pasado fin de semana, el okupa, ha relatado Nogales, decidió marchar voluntariamente, por lo que no fue necesaria la aplicación de la medida cautelar. "Prefirió evitarse complicaciones". Una denuncia que se presentó el viernes, 31 de mayo, que provocó que el indeseado inquilino se fuera el domingo, dos días después. 

Precedente en la calle Sant Andreu

Se trata de la segunda okupación desalojada en menos de una semana. La primera, ha explicado el sargento, fue en la calle de Sant Andreu: "Tardamos en recuperarla seis días". Aquí, además, los okupas no se marcharon voluntariamente.

La nueva herramienta, sin embargo, no es aceptada en todos los municipios que la piden. "Requiere un pacto por parte de la policía con el juzgado. Cada partido judicial decide si aplicarla o no y no todos lo hacen". En este caso, fue la Unidad de Atestados la que impulsó el acuerdo con la jueza decana. Tan solo Mataró ha seguido el ejemplo de la ciudad colomense hasta ahora. 

¿Consellera de Interior?

Ya hace tiempo que las políticas de la alcaldesa Núria Parlon en materia de seguridad han situado a Santa Coloma en el mapa, convirtiéndola en un ejemplo a seguir para otros municipios. Tanto es así que el candidato por el PSC a dirigir la Generalitat, Salvador Illa, anunció el 8 de mayo que si salía como vencedor en las elecciones del próximo 9 de junio, contaría con Parlon como consellera de la cartera de Interior.

El propio Illa lo explicó en el debate electoral de TV3: "Si presido la Generalitat, la consellera de Interior será Núria Parlon, que ha sido excelente en políticas de seguridad". Un trabajo en equipo que la dirigente ha realizado junto con la Policía Local de su municipio, a quien tiene en gran estima y en la que invierte recursos. Claro ejemplo de ello es la nueva comisaría que abrirá en los próximos años, con la inversión más grande en la historia del municipio, y la creación de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR).