Los comunes ‘reactivan’ en El Prat a una entidad próxima a Colau con un contrato de hasta 800.000 euros

El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha adjudicado el servicio de gestión del Proyecto de Intervención Socioeducativa con personas jóvenes en el medio abierto del municipio a la Asociación para la Creación de Estudios y Proyectos Sociales–CEPS, una entidad vinculada a Trànsit Projectes.

Se trata de una de las empresas que se adjudicó importantes contratos durante el mandato de Ada Colau en Barcelona y que ahora, a través de esta asociación, vuelve a recibir un nuevo contrato público de la mano de los comunes en el municipio metropolitano, donde gobiernan con Alba Bou. 

La entidad se ha llevado la licitación tras obtener la puntuación más alta, con 95,34 puntos, superando a la empresa Taller d'Art, Cultura i Creació. La vigencia del contrato será de dos años, a partir del 7 de enero de 2026, con un importe de 179.056 euros para el primer año y 187.679 euros para el segundo. La suma total del periodo inicial asciende a 366.736 euros.

Además, el contrato contempla la posibilidad de dos prórrogas anuales. En caso de activarse, los importes serían de 196.618 euros para el primer año de prórroga y 205.913 euros para el segundo. El coste conjunto de estas dos prórrogas alcanzaría los 402.531 euros, de modo que el importe máximo total del contrato, si se ejecutaran los cuatro años previstos, podría ascender a 769.268 euros.

Vinculada a Trànsit Projectes

Esta asociación es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1994 y especializada en proyectos socioeducativos y de desarrollo comunitario que forma parte del entramado de Trànsit Projectes, la empresa que históricamente ha gestionado numerosos equipamientos culturales y juveniles en Barcelona. Tiene más de 230 profesionales y presencia en Catalunya, España y diversos países de Europa y Latinoamérica. 

Se trata de una de las empresas a las que Ada Colau otorgó un papel destacado durante su mandato en la capital catalana. Trànsit Projectes, considerada una de las firmas más próximas al anterior gobierno municipal, estuvo dirigida en el pasado por perfiles muy vinculados a los comunes, como su administrador, Àngel Mestres, quien trabajó en el Ayuntamiento bajo las órdenes de Jordi Martí, mano derecha de Colau y gerente municipal hasta las últimas elecciones.

La entidad ha gestionado numerosos equipamientos emblemáticos de Barcelona, entre ellos el Pati Llimona, la Casa Sagnier, el Convent de Sant Agustí o centros cívicos como las Cotxeres de Borrell.

Asimismo, Xavier Puig figura como el director de la asociación, al mismo tiempo que ostenta el cargo como máximo responsable de proyectos educativos y sociales de la empresa Trànsit Projectes. Además, es también apoderado de esta última desde el 5 de agosto de 2009, tal como figura en el BORME. 

Polémica en Barcelona

La compañía ya había sido objeto de titulares en el pasado, cuando en 2018 el Ayuntamiento de Barcelona le adjudicó un contrato cercano al millón de euros para gestionar la Casa Sagnier. Aquella concesión causó revuelo al conocerse que la empresa había sido fundada en 1990 por el propio Jordi Martí —aunque posteriormente se desvinculó— y que entre sus responsables figuraban otros exdirectivos del Instituto de Cultura de Barcelona.

A pesar de las defensas del consistorio, que aseguró que ninguno de estos cargos mantenía vínculos con la empresa, las críticas sobre la estrecha relación entre la administración y Trànsit Projectes se repitieron, especialmente después de que el PP pidiera investigar posibles irregularidades al tratarse de uno de los principales proveedores del área de Cultura.

Seis millones en contratos en El Prat

Pero Trànsit Projectes también ha sumado contratos públicos suculentos en El Prat, uno de los feudos históricos de los comunes. En total, la empresa se ha llevado casi seis millones de euros en adjudicaciones del Ayuntamiento en los últimos ocho años. 

Solo entre 2017 y 2018, la empresa ya había obtenido adjudicaciones por más de 2,2 millones de euros, incluyendo la gestión técnica del Pla Jove, la dirección de servicios culturales del Cèntric Espai Cultural, el desarrollo del proyecto cultural La Capsa y el proyecto de l’Artesà. Estos primeros contratos marcaron el inicio de una relación continuada entre la empresa y el ayuntamiento, orientada a la externalización de servicios socioculturales.

En el período posterior, Transit Projectes siguió ampliando su presencia en el municipio con nuevas adjudicaciones. En 2019, la gestión de los servicios de dinamización del Centre Cívic Jardins de la Pau supuso más de 526.000 €. Incluso en los años marcados por la pandemia, Transit Projectes mantuvo contratos, aunque de menor cuantía, vinculados a medidas excepcionales en salas de estudio o en la vigilancia sanitaria en la playa.

A partir de 2021 y especialmente entre 2022 y 2023, la cifra total vuelve a dispararse con nuevas adjudicaciones de gran volumen: la gestión cultural del Cèntric Espai Cultural (657.800 €), la gestión técnica de El Lloro – Serveis de Joventut (540.500 €), la continuidad del proyecto cultural La Capsa (791.366 €) y la oficina técnica municipal (651.076 €), además de un nuevo contrato para los servicios auxiliares del Centre Cívic Jardins de la Pau (587.290 €).

Otras adjudicaciones a CEPS

En 2025, la Asociación para la Creación de Estudios y Proyectos Sociales (CEPS) también se ha llevado adjudicaciones en el ámbito público. Entre ellas destaca el contrato del Ayuntamiento de Viladecans para los servicios de mediación ciudadana, agentes cívicos y apoyo técnico al servicio de convivencia, por un importe superior a 141.000 €. Asimismo, el Ayuntamiento de Piera le ha adjudicado la gestión, coordinación y apoyo pedagógico y administrativo de un servicio municipal por más de 46.000 €. 

Los otros contratos suculentos adjudicados en años anteriores muestran la magnitud del volumen económico que la Asociación CEPS ha gestionado en distintos municipios. Destaca especialmente el contrato del Ayuntamiento de Cardedeu para los servicios de las guarderías municipales “Els Daus” y “Can Serra”, con un importe que supera los 1,3 millones de euros, uno de los más elevados otorgados a la entidad.

A este se suman la concesión administrativa del Ayuntamiento de Cervelló para la gestión del servicio público de otra guardería, por más de 700.000 €, y el contrato del Ayuntamiento de Masquefa para la atención a la pequeña infancia y a las familias, que ronda los 947.000 €. 

Proyecto educativo

El objeto del nuevo contrato en El Prat se centra en la gestión directa del equipo de educadores de calle, su actuación en espacios públicos, la detección de necesidades juveniles y la creación de propuestas de ocio positivo, educativas y comunitarias. El proyecto refuerza la presencia profesional en calles, plazas y puntos de encuentro juveniles, con la intención de establecer vínculos educativos, acompañar procesos personales y fomentar la convivencia en el espacio público.

También incorpora coordinación con institutos, servicios municipales, entidades culturales y deportivas, así como con la Xarxa PromoJove, que agrupa a referentes de todos los departamentos vinculados a la juventud.

El nuevo contrato prevé un equipo formado por cuatro educadores divididos en dos parejas, con rotaciones por zonas del municipio y una figura de coordinación interna. Este esquema se adapta a la reorganización iniciada en 2025, cuando el Ayuntamiento redujo temporalmente actividades y horarios debido al ajuste presupuestario municipal.

La prestación del servicio implicará presencia combinada en horarios de mañana y tarde, intervenciones en institutos, acompañamientos individuales, actividades de dinamización en espacios públicos y acciones conjuntas con equipamientos culturales, deportivos y comunitarios.

Trabajo con jóvenes

El pliego técnico establece objetivos generales como garantizar la igualdad de oportunidades, promover la autonomía juvenil, ofrecer herramientas de orientación y facilitar la conexión de los jóvenes con los recursos del municipio. De manera operativa, el contrato exige desarrollar actividades en el espacio público y en equipamientos, impulsar propuestas juveniles de creación y participación, recoger datos sistemáticos para su análisis anual y mejorar la coordinación interdepartamental.

La empresa adjudicataria también deberá mantener un sistema de evaluación detallado con informes cuatrimestrales, memoria anual y registros cualitativos y cuantitativos sobre las intervenciones.

En su propuesta, CEPS ha destacadp por su alineación con el Pla Local de Joventut, la incorporación de metodologías participativas y la innovación en herramientas digitales para el seguimiento de datos, incluyendo sistemas de geolocalización y nuevas dinámicas de evaluación.

La entidad propuso además ampliar la presencia del proyecto en redes sociales mediante la creación de un perfil propio y la implicación directa de jóvenes en la comunicación de actividades, así como reforzar la coordinación con los servicios municipales y agentes comunitarios.