El TSJC tumba las restricciones estrella del AMB para los VTC en Barcelona

Revés judicial para el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado los pilares fundamentales del reglamento de 2019 que restringía la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

En dos sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el tribunal ha anulado las medidas más polémicas impuestas por la administración metropolitana, como son la obligatoriedad de contratar el servicio con una hora de antelación y la prohibición de la geolocalización previa de los vehículos.

Aunque el reglamento no está en vigor a la espera de la nueva ley de la Generalitat que debe poner coto al sector del VTC, el tribunal ha sentado un precedente sobre algunos de los puntos que generaron más controversias. 

La resolución supone una victoria estratégica para las plataformas de movilidad y las empresas del sector, al considerar que las limitaciones impuestas por la AMB "no solo eran desproporcionadas, sino que vulneraban directamente el derecho constitucional a la libertad de empresa", recoge el tribunal en su sentencia. 

El fin de la "espera forzada" de 60 minutos

El punto más crítico de la sentencia se centra en el Artículo 11 del reglamento. Esta norma exigía que cualquier ciudadano que deseara un VTC debía solicitarlo con un margen mínimo de una hora. El TSJC ha sido tajante al calificar este intervalo como un "impedimento práctico" para el ejercicio de la actividad económica.

Movilización de vehículos VTC en Barcelona SLC

Según el fallo, "la medida cuestionada obstaculiza de modo excesivo y, por consiguiente, de forma no razonable y contraria al derecho constitucional a la libertad de empresa [...] hasta el punto de que resulta un impedimento práctico para su ejercicio".

Para los magistrados, esta barrera temporal carece de una justificación técnica sólida vinculada a la gestión del tráfico o el medio ambiente, y su única finalidad real era desincentivar el uso de las VTC frente al taxi.

El tribunal añade que una limitación de tal intensidad es capaz de "desanimar al usuario para que utilice este servicio", lo que contraviene el artículo 38 de la Constitución Española.

El derecho a la tecnología y la geolocalización

Otro de los grandes cambios que introduce esta sentencia es la anulación del Artículo 12, que impedía a las aplicaciones mostrar a los usuarios dónde se encontraban los coches disponibles antes de realizar la reserva.

El AMB defendía esta prohibición como una forma de evitar la captación ilegal en la vía pública, pero el tribunal ha determinado que esta medida perjudica injustificadamente al consumidor.

Un coche de VTC estacionado y su chófer en una calle de Barcelona / EFE

La sentencia destaca que el uso de la tecnología es un beneficio para el ciudadano. "La posibilidad de que los usuarios conozcan la localización de los vehículos disponibles [...] redunda en beneficio de los consumidores en la medida en que les permite utilizar esta tecnología para identificar, entre los diferentes proveedores, aquel que ofrece el menor tiempo de espera", considera el tribunal en su resolución. 

El TSJC sostiene que la administración dispone de "otros mecanismos" para controlar que los VTC no realicen captación de clientes de manera fraudulenta "sin restringir los beneficios a los usuarios" y ventajas digitales que definen a este sector.

El AMB mantiene su competencia

Pese al duro correctivo en la parte operativa, el fallo no despoja a la AMB de todas sus facultades. El tribunal ha ratificado que la institución metropolitana sí tiene competencia para ordenar el transporte urbano y la movilidad en su territorio. "No se aprecian dudas sobre la competencia de la AMB para su dictado", recoge la sentencia. 

De este modo, el texto valida el marco administrativo general del reglamento, rechazando la petición de inconstitucionalidad total que pedían las empresas recurrentes.

Vehículos de VTC en Barcelona / EUROPA PRESS

En este sentido, se mantienen vigentes los requisitos técnicos y medioambientales. Los vehículos VTC deberán seguir cumpliendo con las normativas de antigüedad y distintivos ambientales, además de la obligación de permanecer estacionados fuera de la vía pública (en garajes o aparcamientos) mientras no tengan un servicio contratado.

El tribunal considera que estas medidas sí son proporcionadas y necesarias para garantizar el interés general y la protección del entorno urbano.

El trato diferenciado entre Taxi y VTC

La resolución también arroja luz sobre la eterna comparativa entre ambos sectores. Los magistrados subrayan que el taxi es un "servicio público de interés general", lo que justifica que reciba un trato regulatorio específico y ciertas protecciones.

Sin embargo, aclaran que la modalidad VTC, al estar sometida a la "libre iniciativa privada", no puede ser laminada bajo el pretexto de proteger al taxi.

Un ejemplo de esta asimetría ilegal fue la anulación del límite de 10 horas de jornada máxima para los VTC (Artículo 15.2). El tribunal determinó que esta restricción era "inmotivada", especialmente cuando en el sector del taxi ese tiempo aparece como un mínimo o se regula de forma radicalmente distinta, creando un agravio comparativo sin base jurídica sólida.

La sentencia no es firme y deja la puerta abierta a que se puede presentar un recurso de casación ante la misma sala.

Imagen de archivo de taxi CANVA

Unauto celebra la sentencia

La patronal del VTC ha celebrado las sentencias del TSJC. Unauto VTC ha expresado su "satisfacción" por la decisión del tribunal. 

La patronal de las VTC, representada por el presidente ejecutivo Nacional de Unauto, José Manuel Berzal, ha valorado positivamente las recientes sentencias, que han dejado sin efecto puntos críticos de la normativa del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Según el sector, la anulación de las medidas confirma que la regulación anterior "carecía de base legal suficiente". Berzal sostiene que estos fallos judiciales evidencian una gestión "desastrosa" por parte de la administración, a la que acusa de intentar "contraer un monopolio" en favor del taxi, ignorando que "no se puede poner puertas al campo" ante las alternativas de movilidad existentes, ha asegurado Berzal en conversación con Metrópoli. 

Un vehículo VTC en el entorno de la Sagrada Família de Barcelona EUROPA PRESS

"Cuando las cosas se hacen con el único objetivo de matar a un sector, eso tiene muchas consecuencias", ha asegurado Berzal. 

Momento clave

Aunque el reglamento ya no está en vigor, esta sentencia llega en un momento clave para el sector y la guerra abierta que mantienen los taxis y los VTC.

La Generalitat de Catalunya ha registrado un proyecto de ley que, en la práctica, "declara la guerra" a Uber y Cabify. La medida supondría la desaparición automática de 600 de las 990 licencias VTC que actualmente operan en la ciudad, mientras que las restantes irían caducando progresivamente.

Las patronales de VTC han advertido en los últimos meses que la restricción podría poner en riesgo más de 4.000 empleos y suponen que la medida busca “expulsarlas” de Barcelona.

Ante el inicio del trámite parlamentario de la nueva proposición de ley en la Generalitat, el sector advierte del riesgo de incurrir en los mismos errores jurídicos. Desde Unauto señalan que, de aprobarse el texto en sus términos actuales, este podría "nacer muerto", ya que chocaría nuevamente con los tribunales que "ya están anticipando lo que va a pasar".

La patronal insiste en que una legislación excesivamente restrictiva no solo pondría en peligro más de 6.000 puestos de trabajo, sino que podría derivar en indemnizaciones "impresionantes" que recaerían sobre las arcas públicas. Por ello, instan a los grupos políticos a buscar un espacio de "convivencia" que respete la normativa europea y garantice la seguridad jurídica de los empresarios sin perjudicar al sector del taxi, han asegurado desde Unauto VTC.