Los vecinos independentistas de Bellaterra denuncian el "afán recaudatorio" de Cerdanyola: "Quieren subir su renta per cápita"

La histórica reivindicación de Bellaterra para segregarse de Cerdanyola del Vallès y anexionarse a Sant Cugat ha provocado un terremoto político a tres bandas.

Tras la reciente aprobación por parte de la Junta de Gobierno de este último municipio de un informe que avala la viabilidad de la anexión, la tensión se ha disparado.

Mientras el alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, ha hablado de "traición" institucional, los vecinos impulsores del proceso celebran el avance de un expediente administrativo que la justicia ha obligado a tramitar y con el que se pretende poner fin a un proceso que se inició en 2015, con una proposición de independencia fallida, y que retomaron en 2019. "No es, por tanto, una iniciativa improvisada ni partidista, sino un ejercicio de democracia vecinal, avalado legal y judicialmente", explican desde la Associació Bellaterra És Sant Cugat. 

Esta entidad vecinal, impulsora de la iniciativa, se muestran tajantes. Chus Cornellana, vicepresidenta de la Comisión Vecinal, asegura en declaraciones a este medio que la desconexión con su actual municipio es total: "Quedamos absolutamente desconectados a todos los niveles, también de comunicaciones".

Una "barrera" física y social

El argumento principal de los vecinos no es solo administrativo, sino geográfico y social. Cornellana explica que Bellaterra, con unos 3.000 habitantes, ha quedado aislada del núcleo urbano de Cerdanyola por infraestructuras como la AP-7, la línea ferroviaria y, sobre todo, el campus de la UAB creado en los años 70, que "actúa como barrera definitiva".

Por el contrario, la líder vecinal defiende la continuidad urbana con Sant Cugat, una realidad respaldada por los hábitos de los residentes. "Tenemos estudios que muestran que el 60% de la población de Bellaterra hace vida en Sant Cugat. Nos identificamos con ellos", afirma Cornellana. "El transporte público es una parada de autobús", lamenta en conversación con Metrópoli. 

La plaza del Pi en Bellaterra Wikimedia Commons

Este sentimiento se tradujo en cifras en 2019, cuando la comisión inició el proceso amparándose en el Decreto 244/2007. "La ley contempla que se puede tirar adelante si firma más del 50%, y en Bellaterra firmó el 61% de la gente censada", detalla la vicepresidenta.

Entre la "deslealtad" y el "afán recaudatorio"

La reacción desde el Ayuntamiento de Cerdanyola no se ha hecho esperar. El pasado lunes, el alcalde Carlos Cordón compareció para denunciar la "grave deslealtad institucional" de Sant Cugat por emitir un informe favorable "a espaldas" del municipio.

Cordón defendió la unidad territorial y recordó que su gobierno estaba ultimando un nuevo convenio para triplicar la financiación de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra.

La asociación vecinal también ha querido responder a las duras acusaciones vertidas por Cordón. Cornellana niega tajantemente que exista una conspiración política y devuelve el golpe: "La verdadera deslealtad es la del Ayuntamiento de Cerdanyola hacia Bellaterra desde siempre". Para la portavoz, el informe de Sant Cugat es una respuesta "técnica" a una realidad administrativa.

Asimismo ha acusado al alcalde Cordón de intentar "hacer política" con un proceso que ya está en manos de los tribunales y la Generalitat.

Afán recaudatorio

Para la asociación vecinal, estos movimientos llegan tarde y responden a intereses económicos. Al ser preguntada sobre si Cerdanyola quiere retenerles por motivos fiscales, Cornellana es contundente: "Absolutamente".

"Tienen un afán recaudatorio y también el afán de que la renta per cápita de Cerdanyola sea más alta gracias a la parte residencial de Bellaterra", añade. "Bellaterra es económicamente autosuficiente. La anexión no supondría una carga para Sant Cugat, ni tampoco compromete la capacidad de Cerdanyola para atender a sus necesidades ordinarias", desarrolla. 

Ayuntamiento de Cerdanyola en una imagen de archivo Ayuntamiento de Cerdanyola

La vicepresidenta denuncia un agravio comparativo en los servicios: "No nos dejan marchar, pero tampoco invierten. No tenemos los servicios mínimos obligatorios: ni ambulatorio (CAP), ni biblioteca, ni pabellón deportivo... cosa que otros barrios de Cerdanyola sí tienen".

Crecimiento en otras zonas de Bellaterra

Además, Cornellana revela una profunda discrepancia en el modelo de crecimiento territorial. La responsable de la asociación señala que, mientras Cerdanyola apuesta por grandes desarrollos como la ampliación del Parc de l'Alba y el nuevo polo tecnológico alrededor del Castell de Sant Marçal, los vecinos de Bellaterra se sienten ajenos a esa expansión.

"Tienen la oportunidad de hacer allí una zona residencial si es lo que les conviene, pero nosotros quedamos aislados", lamenta la vicepresidenta, subrayando que su prioridad es mantener la calidad de vida residencial y los servicios básicos, no ser una pieza más en los macroproyectos metropolitanos de Cerdanyola.

Aval técnico de Sant Cugat y batalla judicial

El conflicto actual se desencadenó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en una sentencia firme de 2025, obligara a Cerdanyola a tramitar el expediente de segregación que había intentado bloquear.

En cumplimiento de este trámite, Sant Cugat emitió el pasado 8 de enero un informe preceptivo. En él, el gobierno santcugatense concluye que la integración es viable tanto geográfica como económicamente, cumpliendo los requisitos legales de continuidad urbana y capacidad financiera.

No obstante, Sant Cugat ha matizado que, de producirse la anexión, sería su propio pleno quien decidiría la organización administrativa, dejando en el aire el mantenimiento de la estructura política de la EMD.

Tras la luz verde al documento, la cúpula del gobierno de Sant Cugat ha salido al paso para defender su actuación, asegurando que se limita a cumplir con la legalidad vigente y a "respetar la voluntad" de los vecinos que impulsaron el proceso.

Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat en una imagen de archivo Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Jordi Puigneró, teniente de alcaldía, ha justificado el movimiento como una respuesta administrativa obligada por la normativa actual ante una demanda ciudadana. Bernat Picornell, teniente de alcalde de Derechos, Dinamización de la Ciudad, Comercio y Seguridad, ha intentado rebajar la tensión política subrayando el carácter aséptico del trámite.

Según Picornell, el informe responde únicamente a cuestiones "técnicas" sin entrar todavía en el fondo político ni en la "concreción de los costes de los servicios", un debate que el consistorio pospone para fases más avanzadas del expediente.

La Generalitat tiene la última palabra

Con los informes sobre la mesa, el proceso entra en una fase decisiva. El expediente deberá ser remitido a la Generalitat de Catalunya, que es quien tiene la competencia final para aprobar o denegar la alteración de los términos municipales. Se espera una resolución antes de verano. 

Desde la asociación vecinal confían en que el criterio sea técnico y no político. "Quien decidirá será la Generalitat según aspectos técnicos", insiste Cornellana, quien recuerda que ya intentaron independizarse como municipio propio en 2015 sin éxito, lo que les llevó a buscar la "fórmula de la anexión" a Sant Cugat como única vía de salida.

Cerdanyola, por su parte, ya ha anunciado que prepara informes para justificar la "inviabilidad" de la propuesta alegando un "precedente peligroso" para el país.

Los vecinos de Bellaterra, en cambio, aseguran que la ruptura emocional ya es un hecho, ahora solo falta la administrativa. "Sant Cugat ya tiene experiencia con otras zonas como Valldoreix y quiere esta anexión", concluye Cornellana, que reconoce que son "conscientes de que hay opiniones diversas y legítimas en torno a este proceso".