Una asociación de comercios de El Prat formaliza la guerra judicial contra el 'basurazo' ante el TSJC

La tensión entre el comercio local y el gobierno municipal de El Prat de Llobregat ha pasado de las manifestaciones en la calle y los plenos municipales a los tribunales.

La asociación Prat Gran Comerç ha presentado la demanda formal contra el Ayuntamiento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), según han confirmado en conversación con Metrópoli. 

El movimiento supone un golpe sobre la mesa definitivo en la lucha contra la nueva Tasa de Residuos. Lejos de amedrentarse tras la retirada de la subvención municipal —que la entidad calificó de "represalia"—, los comerciantes han redoblado su apuesta legal con un escrito de 55 páginas, en el que no solo piden la nulidad de la tasa, sino que solicitan dos medidas cautelares de aplicación inmediata.

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Retraso por "falta de información"

La presentación de la demanda se ha producido más tarde de lo previsto por la asociación, pero señalan al Ayuntamiento como culpable. Desde la misma asociación han acusado al consistorio de retrasar su presentación formal. Según fuentes de la parte demandante, el consistorio no remitió toda la información del expediente administrativo desde el primer momento, lo que ha obligado a los servicios jurídicos de la entidad a esperar hasta tener toda la documentación para armar una defensa sólida, apuntan. 

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Este retraso en la entrega de papeles es interpretado por el sector comercial como una maniobra dilatoria por parte de la administración local, que intentaba frenar lo inevitable: que un juez analice las tripas de la ordenanza fiscal.

Petición de suspensión inmediata

El punto más crítico de la demanda de 55 hojas reside en la solicitud de dos medidas cautelares. Aunque el contenido exacto de estas medidas se desarrollará durante el litigio, los comerciantes buscan que el TSJC suspenda la aplicación o el cobro de ciertos aspectos de la tasa mientras se resuelve el fondo del asunto, para evitar un perjuicio económico "irreparable" a los negocios locales mientras dura el proceso judicial, que podría alargarse años.

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La demanda se sustenta en argumentos técnicos que denuncian una "doble imposición", al considerar que se solapa el tributo municipal con la Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos (TMTR) que ya cobra el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), y cuestiona los criterios de cálculo de la cuota, que, denuncian, penalizan a los locales por superficie independientemente de su generación real de residuos.

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Entre los fundamentos jurídicos que vertebran el extenso escrito, la defensa de los comerciantes ataca el cálculo tributario: exigen que la tasa se compute en función del consumo de agua, tal y como ya aplica el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para las cuotas domésticas, en lugar del criterio actual de superficie y actividad, al considerarlo un indicador mucho más fiel a la generación real de residuos.

Asimismo, la demanda impugna la negativa del consistorio a incluir exenciones para negocios con pérdidas económicas trimestrales, una cláusula de salvaguarda que el gobierno municipal rechazó alegando que la nueva Ley de Residuos estatal es inflexible y obliga a que la recaudación cubra el 100% del coste del servicio, impidiendo cualquier bonificación que haga deficitario el sistema más allá de los descuentos por uso de los contenedores inteligentes.

Un conflicto enconado

La formalización de esta demanda llega en el momento de mayor fractura entre el gobierno de Alba Bou y la histórica entidad comercial. Hace apenas un mes, el Ayuntamiento decidió retirar la subvención anual de 27.000 euros a Prat Gran Comerç, alegando un cambio de criterio hacia la "concurrencia competitiva".

Sin embargo, para el presidente de la entidad, David Garcia, y para la oposición de Junts pel Prat, esa retirada de fondos fue un castigo directo por haber llevado la tasa a los tribunales. "Si desaparecemos, la demanda se archiva", advirtió Garcia en diciembre en conversación con Metrópoli.