Puerta de entrada al Ayuntamiento de Sant Adrià
Sant Adrià de Besòs defiende el empadronamiento de 200 personas en la sede municipal ante las críticas de VOX
El consistorio rechaza las acusaciones de crear un "piso patera institucional" y alega que cumple con la obligación legal de censar a personas sin hogar para garantizar derechos básicos
Noticias relacionadas
El sistema de empadronamiento de Sant Adrià de Besòs se ha convertido en el centro de una agria disputa política.
Tras la respuesta institucional a una solicitud formal presentada por el grupo municipal de VOX, se apunta a la inscripción de unas 200 personas en la dirección oficial del Ayuntamiento.
Una información ante la que el gobierno municipal de Filo Cañete ha salido al paso para aclarar que no se trata de una "voluntad política" ni de "criterios discrecionales", sino del estricto cumplimiento de la ley vigente.
Filo Cañete, alcaldesa de Sant Adrià, durante una entrevista con Metrópoli Barcelona
Obligación legal frente a "domicilio ficticio"
Desde el consistorio explican a Metrópoli que la legislación española obliga a los municipios a inscribir en el padrón a toda persona que resida habitualmente en la localidad, independientemente de su situación residencial.
Esto incluye a personas en situación de sin hogar o sin domicilio fijo, para quienes los ayuntamientos deben habilitar mecanismos específicos --como el uso de la sede municipal como domicilio ficticio-- según establece el Real Decreto 1690/1986.
Sin derechos de propiedad ni fraude
El Ayuntamiento, además, recalca que el padrón acredita que una persona vive en el municipio, pero no otorga derechos de propiedad ni titularidad sobre viviendas.
El consistorio también insiste en que no realiza empadronamientos en domicilios privados sin comprobar previamente que los solicitantes realmente residen allí y que, sin el padrón, estas personas quedarían excluidas de servicios básicos como la sanidad o la educación.
Un extremo que el Síndic de Greuges ha instado a actuar a todos los ayuntamientos.
"Aporofobia y xenofobia"
La respuesta municipal es especialmente dura contra los argumentos de VOX, que califica la práctica de irregular. El gobierno de Filo Cañete se posiciona "radicalmente en contra" de discursos que, según consideran, hacen apología de la aporofobia (rechazo al pobre) y estigmatizan a colectivos vulnerables.
"No se puede denunciar una práctica que es totalmente legal ni generar titulares desvirtuados con el único objetivo de generar confusión", señalan fuentes municipales.
Asimismo, acusan a representantes políticos que "ni siquiera residen en la ciudad" de intentar tensionar la convivencia y promover discursos xenófobos ajenos a la realidad técnica de la administración.
Sant Adrià como modelo
Lejos de dar marcha atrás, el Ayuntamiento reivindica su papel como municipio pionero en garantizar el derecho al empadronamiento, asegurando que otros ayuntamientos han tomado su modelo como guía para gestionar la población flotante.
Para el ejecutivo local, no empadronar a estos residentes supondría un incumplimiento directo de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local.
