El Prat estudia convertir en viviendas protegidas la antigua residencia de mayores Penedès tras su cierre

El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat cerrará la residencia para mayores de la calle Penedès. El consistorio dejará sin uso el actual centro público de atención a la tercera edad para trasladar su actividad al futuro nuevo equipamiento Josefina Puigpelat, Teresina, que se ubicará en la calle Jaume Casanovas, 219. 

El nuevo centro, que contará con 135 plazas públicas, se estrenará a finales de 2026 si se cumplen los últimos plazos que contempla el consistorio, que ahora debe equipar la residencia para dejarla lista para su uso.

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La apertura implicará la pérdida de las 30 plazas que se ubican en el centro residencial, que tras más de 40 años cerrará sus puertas de forma definitiva. El futuro del nuevo edificio, de propiedad municipal, podría pasar por nuevas viviendas protegidas. 

"Siete u ocho pisos"

Así lo confirmó el regidor de Dependencia, Carmelo Declara, durante el pleno del pasado mes de febrero. El edil de los comunes aseguró que Prat Espais, la empresa pública que gestiona la vivienda y los aparcamientos de la ciudad, ya ha iniciado el proceso para que la propiedad municipal pueda convertirse en un edificio de vivienda pública. 

Edificio de la residencia de mayores de la calle Penedès en El Prat Google Maps

El anuncio del gobierno municipal surgió tras una moción presentada por el Partido Popular y que fue rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno, formado por El Prat En Comú y PSC, y con los votos favorables de los dos ediles populares, Junts (1), VOX (2), ERC (2), Jóvenes Pensionistas (1) y la regidora no adscrita Isabel Fernández.

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La respuesta definitiva sobre el destino del inmueble la dio Rafa Duarte, regidor de Urbanismo, que justificó el rechazo a la moción y reveló que el estudio "está casi hecho". Aunque aseguró "estar de acuerdo" con la moción reafirmó su voto negativo "por motivos políticos". 

Según avanzó, el uso prioritario que la empresa pública planea construir es el de "siete u ocho pisos pequeños de alquiler asequible".

El responsable de Urbanismo quiso poner en valor el esfuerzo del Ayuntamiento, recordando que el consistorio ha impulsado la nueva residencia "con decenas de millones de sus propios recursos", asumiendo un compromiso "histórico" que queda fuera de sus competencias estrictas. "Ningún otro ayuntamiento lo ha hecho", aseguró. 

En este sentido, Duarte lanzó un dardo a la Generalitat —administración competente—, a la que acusó de no haber firmado todavía el compromiso oficial para la concertación de las plazas.

Personas mayores en la residencia Penedès en una imagen de archivo Ayuntamiento de El Prat

Preguntados por este digital, desde el Ayuntamiento de El Prat han rechazado dar más detalles sobre el proyecto. 

Edificio de uso social

El texto leído en el pleno, presentado por el PP pero con enmiendas por parte de ERC, pedía al gobierno liderado por Alba Bou elaborar un "estudio completo" para comprobar el estado actual del edificio y que valorase la viabilidad de destinar el nuevo espacio para "diferentes usos sociales, incluyendo viviendas para gente mayor o de alquiler asequible para jóvenes". 

El texto reclamaba también efectuar un informe "que evalúe la demanda de servicios para personas mayores, residencial y no residenciales, así como las necesidades de vivienda asequible para jóvenes". 

Asimismo, la moción instaba a impulsar un proceso participativo con los servicios sociales municipales y de personas mayores y juveniles para definir el mejor proyecto para el inmueble de la calle Penedès, y reclamaba trabajar con las administraciones para ampliar las plazas de dependencia.

Críticas de la oposición

Durante el debate del pleno, la oposición mostró su preocupación por la transición entre ambos centros y el balance final de camas. El portavoz del PP, Miguel Ángel Ochoa Oliva, alertó sobre la problemática actual: "Hay una residencia que se va a abrir, pero tenemos una en paralelo que se va a cerrar y perdemos 30 plazas".

Fachada del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat UGT

En una línea similar se expresó Gerard Valverde (Junts), quien lamentó el voto en contra del gobierno a unas modificaciones "flexibles" e insistió en que la premisa compartida por todos es que "El Prat necesita más y no menos plazas de residencia".

Agustín Mataró Soto, portavoz de Jóvenes Pensionistas Decidimos, advirtió de la angustia de los usuarios actuales y fue tajante respecto a la clausura de las instalaciones: "Cerrar esta residencia no es gestionar, es abandonar. Un pueblo que abandona a sus mayores pierde su alma".

Por su parte, desde ERC, Jordi Ibern exigió al pleno un compromiso firme para que el edificio mantenga un uso social y reclamó presionar a la Generalitat para que cambie sus criterios y evalúe las plazas de residencia necesarias por municipios y áreas de salud, en lugar de hacerlo a nivel comarcal.

La defensa del gobierno municipal

Ante las críticas, el gobierno municipal defendió su gestión basándose en las deficiencias del recinto actual y en el salto de calidad que supondrá el nuevo equipamiento.

Render de los futuros jardines interiores de la residencia del Prat

Declara recordó que la residencia Penedès está limitada a usuarios con Grado 1 de dependencia y que sus "limitaciones arquitectónicas y estructurales hacen inviable su adaptación" para atender a personas con un grado mayor que requieran atención asistida.

El edil subrayó que el nuevo centro municipal Josefina Puigpelat resolverá esta carencia histórica, ofreciendo 135 plazas para los grados de dependencia 1, 2 y 3.

El nuevo edificio, recordó Declara, tendrá espacios más modernos, con habitaciones con baño propio, terrazas y mejores espacios comunitarios.

Protestas de las trabajadoras

El anuncio de traslado de este servicio para mayores ha generado incertidumbre entre las trabajadoras del centro Penedès. 

Incluso llegaron a movilizarse el pasado mes de noviembre para exigir que se aclare su futuro sobre si se realizará un traspaso, cesión o subrogación del personal a la nueva instalación, que estará gestionada por una empresa privada y no por el Ayuntamiento.