Bloques en Barcelona en una imagen de archivo

Bloques en Barcelona en una imagen de archivo AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Gran Barcelona

Vecinos de la Gran Barcelona logran el compromiso para estudiar una reforma "quirúrgica" contra la vivienda protegida indefinida

La plataforma de afectados consigue el respaldo de Junts y el compromiso de ERC en el Parlament para impulsar una modificación urgente de la Llei 11/2025 con el objetivo de evitar su aplicación retroactiva y encontrar una salida legal específica que proteja a los pequeños propietarios

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La batalla de los vecinos del área metropolitana contra la prórroga indefinida de la vivienda protegida ha llegado a las instituciones.

Representantes de la plataforma de afectados por la Llei 11/2025 se reunieron este jueves en el Parlament de Catalunya con diversos grupos parlamentarios para trasladar su preocupación por el impacto de la normativa.

El objetivo principal del colectivo es conseguir una modificación legislativa urgente que garantice que la ley se aplique exclusivamente a las futuras construcciones, eliminando así su carácter retroactivo para las viviendas que ya se habían construido y que debían perder su protección, en el caso de Badia, este mismo mes de febrero de 2026.

El municipio de Badia del Vallès se ha erigido como el epicentro de esta revuelta metropolitana y en el ejemplo más evidente de la fractura que denuncian los propietarios.

Nacida en 1975 como una macropromoción de vivienda pública, la ciudad vio cómo en 2023 un primer bloque de más de 4.000 pisos lograba acceder al mercado libre tras cumplir su medio siglo de protección.

Viviendas de VPO en una imagen de archivo

Viviendas de VPO en una imagen de archivo Ayuntamiento de Badia del Vallés

Sin embargo, la aplicación de la nueva normativa en zonas tensionadas ha paralizado de golpe la liberalización de las 1.216 viviendas restantes, cuyo plazo original expiró el pasado 6 de febrero. Esta barrera ha generado un "agravio comparativo", abriendo una brecha de desigualdad entre vecinos que compraron exactamente bajo las mismas condiciones y que, tras cumplir su función social durante décadas, ahora ven cómo se les cambian las reglas del juego de forma retroactiva, han denunciado desde la plataforma.

ERC se abre a buscar una solución para los pequeños propietarios

Durante la intensa jornada de trabajo en la Cámara catalana, la plataforma logró un primer acercamiento clave con Esquerra Republicana tras reunirse con su diputada, Mar Besses Casanovas.

Tras escuchar la problemática expuesta por los vecinos, Besses se comprometió a trasladar el caso a los servicios jurídicos de su partido para estudiar una "modificación quirúrgica" de la norma, aseguran desde la plataforma.

La intención de esta revisión sería encontrar una vía legal específica que libere a los pequeños propietarios afectados, todo ello sin desvirtuar el objetivo principal de la ley: mantener la protección frente a los fondos de inversión.

Desde la formación republicana recordaron que el texto legal nació de un pacto con el PSC y los Comuns con el propósito de blindar cerca de 70.000 viviendas en manos de grandes tenedores.

Viviendas de Badia en una imagen de archivo

Viviendas de Badia en una imagen de archivo Gala Espín

El respaldo de Junts y la propuesta de una proposición de ley

La ronda de contactos institucionales fue impulsada y gestionada directamente por Eliseu Esterlich, candidato a la alcaldía de L'Hospitalet de Llobregat por Junts.

La plataforma quiso agradecer públicamente esta mediación, señalando que ha sido fundamental para elevar sus reivindicaciones y abrir un diálogo directo con los legisladores.

En su encuentro con la diputada Judith Toronjo, Junts reiteró su apoyo total a las demandas del colectivo. Toronjo recordó que su formación ya había alertado sobre los dubitativos encajes legales del texto y su impacto municipal, razón por la cual decidieron llevarlo ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Exterior del Parlament de Catalunya, en el parque de la Ciutadella de Barcelona

Exterior del Parlament de Catalunya, en el parque de la Ciutadella de Barcelona

Como posible salida al conflicto, Junts puso sobre la mesa la posibilidad de iniciar una proposición de ley para modificar el artículo en disputa y devolver la seguridad jurídica a los propietarios.

Un manifiesto contra el "secuestro" de los ahorros

Para visibilizar el drama humano detrás de la normativa, la plataforma entregó a los grupos parlamentarios un contundente manifiesto donde denuncian que la nueva ley "secuestra" el fruto del ahorro de toda una vida.

El documento subraya que los vecinos de poblaciones como Badia del Vallès, o de históricos barrios como el Gornal (L'Hospitalet) y Provençals (Barcelona), ya han cumplido sobradamente su función social tras soportar entre 20 y 50 años de régimen de protección oficial.

Ante esta situación, el colectivo exige de forma categórica que la Administración respete las condiciones de los contratos originales y frene la retroactividad de la norma.

En paralelo a estos avances, los afectados también mantuvieron un primer encuentro informal con la diputada del PSC, Eva Candela, con quien acordaron fijar próximamente una reunión de trabajo específica para tratar la cuestión con detalle.