Viviendas de Badia en una imagen de archivo Badia
Vecinos de la Gran Barcelona exigen acabar con la protección indefinida de la vivienda protegida
La aplicación de la normativa en zonas tensionadas frena la liberalización de miles de pisos VPO y abre una fractura en municipios como Badia del Vallès, donde se debate entre el derecho a la propiedad y el blindaje contra la especulación
Otras informaciones: El Govern prevé prorrogar los topes al alquiler en Barcelona en 2027
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Revuelta vecinal en el área metropolitana de Barcelona contra la nueva ley que blinda indefinidamente la vivienda protegida en las zonas tensionadas.
La reciente aprobación de la Ley 11/2025 en el Parlament de Catalunya, diseñada originalmente para complementar la ley estatal de vivienda y equiparar el alquiler de temporada al residencial, incluye una medida que ha encendido las alarmas: la prórroga indefinida de la protección de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado.
Esta decisión administrativa ha bloqueado la salida al mercado libre de unas 40.000 viviendas en toda Catalunya que, de acuerdo con la legislación antigua, iban a perder su categoría de protección de cara al año 2030.
La Generalitat justifica el blindaje como un dique de contención frente a la especulación y los fondos de inversión, en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana.
Edificio de viviendas en Badia en una imagen de archivo
Según los datos de la Encuesta de Cohesión Urbana (ECURB) 2025, elaborada por el Área Metropolitana de Barcelona, el precio de la vivienda ya se ha convertido en el principal motivo para escoger el lugar de residencia. Ha pasado del 22,7% en 2022 al 27,9% en 2025.
Además, el 79,1% de la población del área metropolitana considera que es difícil encontrar una vivienda asequible que se adecúe a sus necesidades dentro del barrio o municipio, un 20,3% más respecto a hace tres años.
Badia del Vallès, el kilómetro cero
El impacto de la nueva ley ha sido especialmente visible en Badia del Vallès, un municipio nacido en 1975 bajo el paraguas de una macropromoción de vivienda pública destinada a absorber el flujo migratorio y alojar a la clase trabajadora.
Las escrituras originales de estos inmuebles establecían una protección de 50 años, tras los cuales los pisos pasarían al mercado libre. Ese plazo expiró, para las últimas promociones afectadas, el pasado 6 de febrero de 2026.
Mientras que en 2023 un primer bloque de 4.156 viviendas logró finalizar su periodo de protección y acceder al mercado libre, el nuevo marco legal ha paralizado la liberalización de los 1.216 pisos restantes.
Viviendas en una imagen de archivo
Ahora, la declaración del municipio como zona tensionada ha generado una situación que ha fracturado a la ciudad y ha abierto una desigualdad entre los vecinos que, bajo las mismas condiciones de compra, han visto cómo sus viviendas pasaban al mercado libre y otras que se mantenían bajo la protección.
Esta disparidad ha provocado un profundo "agravio comparativo" --en palabras del mismo alcalde, Josep Martínez.
29.000 familias afectadas y un frente judicial abierto
El malestar se ha vertebrado en torno a la Plataforma d’Afectats per la Llei 11/2025, que cifra en 29.000 las familias perjudicadas a nivel autonómico.
Lo que comenzó como una protesta local en el municipio vallesano cuenta ya con apoyos en L'Hospitalet de Llobregat y en barrios del distrito barcelonés de Sant Martí.
Dorian Ros, uno de los portavoces de la plataforma, asegura que "sus derechos han sido expropiados y su patrimonio de toda una vida, secuestrado".
En paralelo, desde el Ayuntamiento de Badia, conscientes de la "desigualdad" que ha generado el nuevo texto legislativo, han asegurado, en conversación con este digital, que trabajan para salir de la zona tensionada y desbloquear la liberalización de las últimas unidades que quedaban en el municipio.
Vivienda en alquiler en una imagen de archivo
Recurso al Constitucional
El objetivo de la plataforma es recoger firmas para llevar el caso al Tribunal Constitucional a través del Defensor del Pueblo, pese a que la ley ha recibido el aval del Consell de Garanties Estatutàries.
Para los afectados, la extensión de la protección altera "de forma retroactiva" los contratos que firmaron hace décadas, cuando la ley establecía que, pasado un tiempo determinado, el piso pasaría al mercado libre.
"Esto es una vulneración flagrante de derechos ya adquiridos. Firmamos unas condiciones, las hemos cumplido pagando religiosamente, y ahora la Administración decide cambiar el final de la película", denuncian desde la Plataforma.
Advierten, además, que este precedente supone una pérdida total de confianza en las instituciones. "Nadie está seguro ante un precedente así", lamentan.
"Si dejamos pasar esto, estamos aceptando que la administración puede aplicar leyes retroactivas de manera indiscriminada. Hoy son los pisos VPO, pero mañana puede ser cualquier otro derecho o propiedad", aseguran.
Maquillar la falta de vivienda pública
Uno de los puntos más críticos del colectivo es la acusación directa sobre los motivos de esta medida. La Plataforma denuncia que la retroactividad de la ley es una "vía rápida" para tapar décadas sin una política real de vivienda social en el Área Metropolitana.
Viviendas de Badia en una imagen de archivo
Acusan a las administraciones de intentar engrosar "artificialmente" las cifras de su parque de vivienda protegida a costa del esfuerzo de las familias trabajadoras, tras años sin construir ninguna promoción social.
"Quieren hacer política de vivienda a coste cero y a costa de nuestros ahorros; en lugar de construir para ofrecer soluciones a las nuevas generaciones, se dedican a cambiar las reglas del juego a los que ya compramos cumpliendo la ley", lamentan.
"No somos especuladores"
Desde la Plataforma rechazan frontalmente que la ley sirva para proteger el mercado de la vivienda únicamente de especuladores y fondos buitre. "Que quede claro que no queremos especular con nuestros hogares", insisten los afectados, recordando el coste humano de la medida.
"Cuando las familias fuimos a adquirir nuestras viviendas, hicimos un plan económico y financiero a largo plazo. Nos fuimos a hipotecar a 20 o 30 años sabiendo el esfuerzo que suponía, pero contando con unas condiciones previas claras que decían que, pasado un tiempo, el piso sería libre", explican desde la plataforma, lamentando que "ahora todo ha quedado desquiciado".
La reclamación de fondo está directamente ligada a la planificación de su futuro. "Queremos poder dejar una herencia adecuada a nuestros hijos o tener una ayuda en la jubilación con una hipoteca inversa. ¿Es mucho pedir que se respete la ley vigente en el momento de la compra?", sentencia Dorian Ros.
