El polígono de Ca n'Alemany de Viladecans
Viladecans blinda su 'joya de la corona' empresarial con más de 400.000 m2 tras el varapalo del TSJC
La Generalitat y el Ayuntamiento aprueban un nuevo plan urbanístico para Ca n'Alemany que corrige un error de tasación anterior, blinda a las empresas instaladas como el famoso 'outlet' y evita cualquier derribo
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El Consorci Urbanístic Deltabcn --formado por el Ayuntamiento de Viladecans y el Institut Català del Sòl-- ha puesto en marcha una compleja reparcelación para salvar uno de sus mayores motores económicos: el sector industrial de Ca n'Alemany.
La administración ha redactado un nuevo proyecto con el objetivo de dar cumplimiento a una sentencia judicial de 2024 emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anuló el plan original de 2014.
Un epicentro aeroespacial frustrado
La crisis inmobiliaria de 2008 congeló el ambicioso proyecto ideado a principios de siglo para convertir este enclave en el Parque Aeroespacial y de la Movilidad de Catalunya.
Reconvertido en un sector de actividades económicas, Ca n'Alemany es, sin duda, la joya de la corona empresarial de Viladecans, con más de 400.000 metros cuadrados de suelo.
Tras más de una década en funcionamiento y tras la llegada del famoso complejo Viladecans The Style Outlets en 2013, el polígono se ha convertido en uno de los destinos empresariales más codiciados del área metropolitana.
El Viladecans The Style Outlets en una imagen de archivo
Con una superficie triangular de 55 hectáreas, enmarcada estratégicamente por la autopista C-32 y la línea de ferrocarril, su envidiable ubicación, muy próxima a la estación de tren, al aeropuerto del Prat y al puerto de Barcelona, ha convertido este espacio en un imán para empresas.
La sentencia del tribunal dejó al polígono sin un documento de reparcelación válido, aunque en la realidad el sector está completamente urbanizado y alrededor del 90% del suelo con aprovechamiento ya se encuentra edificado o en fase de construcción, albergando a diversas empresas a pleno rendimiento.
Para proteger toda esta consolidación, el nuevo documento garantiza que no habrá afectaciones físicas ni derribos, sino que el ajuste se limitará a compensaciones económicas.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una imagen de archivo
Un error de cálculo en plena crisis
El origen de este laberinto legal se remonta a la sentencia dictada el 14 de marzo de 2024 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
La justicia dio la razón a una decena de propietarios que impugnaron el proyecto inicial. La sentencia obligaba a la administración pública a impulsar la reparcelación del sector.
El motivo de la anulación fue puramente técnico y económico: la administración valoró los terrenos basándose en un estudio de mercado del año 2011, cuando la ley exige que los valores de referencia sean los del momento de la aprobación inicial del proyecto, es decir, junio de 2013.
En plena crisis económica y del ladrillo, utilizar precios de dos años antes alteró el cálculo de los derechos y el reparto de beneficios y cargas entre los afectados.
El polígono de Ca n'Alemany de Viladecans
Compensaciones
Para dar respuesta a las quejas de los propietarios minoritarios --que denunciaron haber recibido las parcelas menos atractivas y haber pagado sobrecostes millonarios por una tasación desfasada--, el nuevo Proyecto de Reparcelación de octubre de 2025 actúa como la entente económica que reclamaban.
Dado que es físicamente imposible devolverles tierras comerciales en un polígono que ya está edificado casi al completo, la administración ha optado por la vía financiera.
El texto recalcula el valor real de todas las fincas originales utilizando los precios de mercado correctos de 2013, tal y como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
El documento soluciona el reparto original sin mover una sola excavadora. La calculadora legal de la administración compara lo que estos pequeños propietarios aportaron y pagaron en su día con lo que realmente les correspondía según las nuevas cuentas.
De este modo, el desfase se traduce en saldos de liquidación: compensaciones estrictamente económicas para devolver el dinero cobrado de más y saldar la deuda con aquellos dueños históricos que se vieron perjudicados frente a la llegada de las grandes superficies.
Las cifras que maneja el proyecto dan una idea de la magnitud de la actuación: los costes de transformación del suelo, que incluyen obras de urbanización, indemnizaciones y gestión, superan los 40,4 millones de euros, mientras que el valor total de los derechos a efectos de reparcelación roza los 55 millones de euros.
