La reordenación de las terrazas pone en riesgo miles de empleos

El conflicto por la reordenación de las terrazas de Barcelona está enquistado y las posiciones del Gremi de Restauració y del Ayuntamiento están más alejadas que nunca. Los restaurantes están preocupados por “la falta de diálogo del Gobierno de Colau”, al que acusan de ningunear a un sector vital para la economía de la ciudad. “El 70% de las terrazas de Barcelona pierde mesas con la regulación actual”, denuncia a Metrópoli Abierta el director del gremio, Roger Pallarols, lo que pone en riesgo miles de empleos.

Fuentes municipales han asegurado a este diario que el Ayuntamiento se ha reunido en diferentes ocasiones con representantes del gremio y que “la propia alcaldesa les ha recibido” para escuchar sus propuestas e inquietudes respecto a la Ordenanza de Terrazas. La intención del consistorio es hacer los cambios necesarios para garantizar la convivencia de vecinos y negocios, pero es un proceso largo y que requiere “consenso social y político”.

A la espera de un cambio normativo que no llega, ambas partes han llevado sus diferencias a los tribunales y ahora mismo hay cinco frentes abiertos: la rambla del Poblenou, la plaça de Masadas (Sant Andreu), Gràcia, la Boqueria y la calle Blai (Poble Sec), según el gremio. A estos podrían sumarse pleitos en otras zonas como la Sagrada Família, cuya reordenación se aprobó a principios de abril, o las terrazas de Sarrià-Sant Gervasi, que tienen su proyecto en fase de exposicón pública.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

El único punto de acuerdo entre restaurantes y Ayuntamiento es que la Ordenanza de Terrazas, aprobada en 2013 por CiU con el apoyo del PP, resultó ser una chapuza, pero en eso coinciden desde el día uno de mandato. Lo que debía ser una medida para unificar la regulación de las terrazas en toda la ciudad, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los bares y restaurantes, que vieron como la letra pequeña de la normativa afectaba a un número de terrazas mucho mayor de lo esperado.

El problema, según Pallarols, es que “han pasado casi dos años desde el nuevo Gobierno y en lugar de modificar la ordenanza se han convertido en cómplices de las consecuencias devastadoras para un sector clave”, por lo que considera que los posibles efectos negativos ya son responsabilidad del equipo actual. Fuentes del Ayuntamiento han reconocido que el Gobierno trabaja para “equilibrar la ordenanza y responder a la demanda de vecinos y comerciantes”, pero que quieren lograr el máximo consenso antes de llevarlo al pleno.

Y no se sabe cuándo será. Muchas asociaciones de vecinos y movimientos sociales luchan por recuperar espacios públicos al sector privado y al turismo, mientras los propietarios de bares y restaurantes quieren conservar las terrazas, que desde la entrada en vigor de la Ley Antitabaco han disparado su facturación y en algunos casos pueden suponer hasta el 50% de los ingresos. En medio está el Ayuntamiento, que intenta poner orden, pero que siempre se decanta por eliminar mesas, según denuncia el gremio.

BAILE DE CIFRAS

El Gremi de Restauració acusa al Gobierno de Colau de jugar con las cifras de las terrazas que están afectadas por la ordenanza. En septiembre de 2015, justo cuando empezó a hablarse de modificar la ordenanza, el Ayuntamiento publicó un balance en el que aseguraba que de las 4.442 licencias de terraza concedidas, unas 2.600 debían adaptarse a la normativa. Sin embargo, en marzo de 2016, otro informe del consistorio señalaba que solo 1.105 terrazas habían tenido que realizar algún cambio.

Ese último estudio de impacto, presentado por la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, indicaba que a cierre de 2015 Barcelona contaba con 4.398 licencias de terraza, de las cuales 1.105 habían acometido cambios que supusieron la pérdida de 10.478 sillas (el 12% del total). En ese momento, el Gremi de Restauració calculó que se habían perdido unos 2.000 empleos, ya que los bares y restaurantes afectados habían perdido, de media, la mitad de sus sillas.

Fuentes del consistorio aseguran que las cifras oficiales siguen siendo las que se presentaron en 2015 y que no entran a valorar estimaciones de pérdida de empleos o porcentaje de licencias afectadas. “Estamos elaborando una propuesta de redactado para la nueva ordenanza con el objetivo de adaptarla a las especificidades de cada territorio, ya que no es lo mismo Nou Barris que el Eixample”, se han limitado a señalar.