El Gobierno de Colau avala la gestión del 17-A con polémica

Lo que debía ser una comisión para evaluar la respuesta del Gobierno municipal durante y después del atentado terrorista del pasado 17 de agosto ha quedado en una sesión descafeinada que, por falta de tiempo, no ha resuelto algunas preguntas sobre el ataque en la Rambla, que dejó 14 muertos y un centenar de heridos. El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha defendido la actuación del consistorio y ha asegurado que el Ayuntamiento “siempre ha adoptado las medidas exigidas por las fuerzas de seguridad” en materia antiterrorista.

En una intervención corta, de apenas 10 minutos, Recasens ha recordado que después de los atentados de París en noviembre de 2015 el Ayuntamiento creó “un grupo de trabajo y se establecieron protocolos de evacuación”. También se había reforzado la formación de los servicios de emergencia y de los cuerpos de seguridad para responder a “incidentes con víctimas múltiples”, una preparación que sirvió para dar una “respuesta efectiva” tras el atentado, tal y como ha señalado la responsable de Derechos Sociales, Laia Ortiz.

LECCIÓN DE LOS CIUDADANOS

Todos los grupos han coincidido en alabar la actuación de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia, a los que han felicitado por su pronta respuesta. El portavoz debutante del Grup Municipal Demócrata, Jaume Ciurana, ha tenido una mención especial para los barceloneses, que dieron una “lección” cuando el día después de los atentados “la Rambla volvía a estar llena de vida”. En un tono menos crítico de lo habitual, los demócratas han cerrado filas en torno a la gestión del atentado. “Barcelona está bien preparada para atender atentados de este tipo, pero hay que estar vigilantes” y ha pedido a los responsables de seguridad que trabajen con protocolos abiertos.

El representante de ERC, Jordi Coronas, ha intervenido con un discurso parecido. “Fue una prueba dura que se ha superado con nota excelente”, ha reconocido. “Se notaba que había trabajo hecho previamente y que la Rambla era uno de los escenarios que se habían estudiado en caso de ataque”. Recasens ha explicado que una veintena de agentes de la Guàrdia Urbana intentaron detener la furgoneta, que estuvo 41 segundos circulando, y que poco después del ataque ya había 300 desplegados y otros 340 que se habían ofrecido a ponerse de servicio.

POLÉMICA POR LOS TIEMPOS

La comisión extraordinaria de Presidencia y Seguridad ha durado una hora y ha recibido las críticas de PP y Cs porque no ha habido tiempo para que Recasens respondiera a sus preguntas. “El formato de las comisiones es el que es y las respuestas a las preguntas que se han presentado por escrito están casi listas y se pueden hacer públicas”, ha dicho el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ante las quejas de ambas formaciones. Al final, y por falta de consenso para extender la comisión, las preguntas han quedado en el aire, si bien la demócrata Francina Vila, ha recordado que son los propios grupos los que pactan los tiempos de las intervenciones en la Junta de Portavoces.

La líder del grupo municipal de Cs, Carina Mejías, había preguntado a Recasens si se “había hecho un análisis de riesgo en las principales arterias de la ciudad” para establecer obstáculos móviles y si el Ayuntamiento era “consciente de que Barcelona era un objetivo” del terrorismo yihadista. Por su parte, el líder popular, Alberto Fernández Díaz, había lanzado varias preguntas en la misma dirección y pedía detalles sobre los despliegues rutinarios de la Guàrdia Urbana antes del atentado y cómo funcionó la coordinación con los Mossos de Esquadra.

MARGEN DE MEJORA

El comisionado de Seguridad ha explicado que a pesar de todas las medidas que había tomado el Ayuntamiento, “el atentado se produjo”, por lo que los responsables municipales ya analizan “cómo se puede mejorar la respuesta”. Por ahora, se ha aumentado la presencia de dotaciones policiales en lugares de interés, se han ampliado los controles y se han instalado obstáculos móviles en zonas de riesgo. Asimismo, la ciudad comprará un vehículo para coordinar emergencias, “un centro de mando móvil”, como lo ha definido Recasens, que costará 200.000 euros.

Aun así, el máximo responsable de la Guàrdia Urbana ha recordado que “el principal responsable en la lucha antiterrorista es el Estado y tardé meses en ser recibido por la Delegación del Gobierno”. Tras ese primer encuentro, nunca volvió a tener noticias a pesar de que habían tratado temas importantes como la seguridad y la prevención de atentados. “Si alguien ha insistido en la coordinación ha sido el Ayuntamiento”, ha defendido.