Presiones independentistas a Colau para aumentar la tensión con el Estado

Mientras Ada Colau trata de mediar entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno Español, ofreciéndose de interlocutora, los partidos independentistas del consistorio barcelonés insisten en aumentar la tensión política e involucrar al Ayuntamiento de Barcelona en el conflicto.

El grupo municipal de ERC ha pedido a la alcaldesa de Barcelona que pase la factura de los destrozos del pasado 1-O provocados por la actuación de la Polícia Nacional al Gobierno Español.

Así lo propondrá Esquerra este martes en la comisión municipal de Economía y Hacienda. Los republicanos pedirán la elaboración de un informe detallado del impacto económico de los destrozos sufridos en equipamientos públicos o privados el pasado 1 de octubre, donde se detalle también el responsable del gasto.

La propuesta de ERC también incluye la creación de una línea de ayudas para sufragar los costes de la reparación de los locales de titularidad privada que sufrieron daños durante la actuación de la Policía Nacional el 1-O para evitar la celebración del Referéndum independentista.

La proposición reclamará asimismo al Ayuntamiento que exija al Gobierno el importe de todos los gastos, y lidere las gestiones necesarias para que se haga efectivo el resarcimiento a todos los afectados, tanto materiales como personales.

LA CUP INSISTE CONTRA EL REY

Por su parte, la CUP-Capgirem volverá a pedir que se declare persona non grata al rey Felipe VI y el resto de la familia real en Barcelona. La propuesta, no es nueva, pues ya la presentó en el consistorio a principios de año, pero no prosperó en ese momento.

Ahora, la CUP recupera la petición y espera que el discurso del rey como respuesta a los incidentes ocurridos en la ciudad anime a otras fuerzas a sumarse al boicot a la Casa Real.

La concejal Maria Rovira ha señalado entre los motivos para declarar persona non grata al Rey "las actitudes y las declaraciones publicas que se han hecho por parte de la Casa Real en relación con la situación del pueblo catalán" desde el 1-O, que la monarquía sea una institución antidemocrática y, en el caso de la española, heredera del régimen franquista.