Laia Ortiz amenaza a Carina Mejías (C,s) con el juzgado

La batalla política en Barcelona como consecuencia del 1 de octubre está alcanzando niveles épicos. La concejal Laia Ortiz amenazó a la líder de Ciudadanos en el consistorio, Carina Mejías, con acciones legales por decir que las escuelas catalanas adoctrinan a los niños. Pero las causas se acumulan encima de la mesa después de que la fractura ciudadana se consumase con el referéndum del 1-O. La situación llegó al límite este lunes, cuando Mejías denunció acoso de menores de edad en colegios del Consorcio de Educación debido a la ideología de sus padres. “Tenemos pruebas de que niños de entre 5 y 10 años han sido señalados por ser hijos de padres que no votaron el 1-O”, aseguró la líder de C’s.

Mejías llevaba varios días advirtiendo de que había informaciones inquietantes sobre actuaciones de profesores que sobrepasaban su actividad docente. “En una escuela en particular, se les había interrogado a los alumnos si sus padres habían ido a votar. Y, para colmo, se les preguntó también si habían ido a la manifestación del 8 de octubre”, asegura Carina Mejías a Metrópoli Abierta. La consecuencia era que los que no habían ido a votar no eran demócratas. Aprovechó para arremeter contra Ada Colau y su pacto con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque, con ese acuerdo, la alcaldesa “puso a disposición del referéndum ilegal centros educativos que pertenecen al Consorcio y que se abrieron de forma ilegal”.

Para la dirigente de Ciudadanos, la situación en Barcelona es de “extrema gravedad, porque los profesores deben enseñar a sus alumnos a pensar y no a qué pensar”, por lo que reclama a las autoridades educativas que “pongan fin al adoctrinamiento y se mantenga la neutralidad ideológica en los colegios”.

COLEGIO DE LA ZONA ALTA

La cosa no es para tomársela a risa. En un colegio de la zona alta, hubo ese problema. Los padres se quejaron. Desde el colegio se les indicó que el centro es un “espacio de convivencia”, que “la escuela es integradora” y que es “el mejor ascensor social”, al tiempo que pedía “respeto” para los profesores. El inspector de Educación sacó hierro alasunto diciendo que no tenía importancia. Y los padres, los últimos de la fila, decidieron que sus dos hijas, en torno a los 10 años, cambiaban de colegio por ese adoctrinamiento. Desde este miércoles ya estudian en otro centro.

No es el único caso: un profesor de otro colegio del Clot tuvo la osadía de preguntar si había alguien en clase cuyo padre era policía nacional o guardia civil tras el 1 de octubre. Había una niña, que llegó a casa llorando por la reprimenda que le había dado el profesor. En otro colegio de Sarrià- Sant Gervasi, se hizo guardar un minuto de silencio a los alumnos por los heridos el 1-O. En el colegio Ramon Llull de Barcelona, el 4 de octubre se colgó un cartel revelador: “España es aquel maltratador que te pega porque te quiere”. Sobran las palabras. En este colegio hubo una carta a los padres que ya ha llegado al fiscal, a quien le piden unos padres que tome cartas en el asunto por llamar a la desobediencia e incitación al odio. En el colegio Angeleta Ferrer de Sant Cugat, un cartel avisaba: “España, la vergüenza de Europa”. Eso sí, en inglés, porque es más chic. También ha habido denuncias en Sant Andreu de la Barca y en La Seu d’Urgell, donde un juez ha abierto diligencia por incitación al odio.

HUELGA POR LA FUERZA

Pero en Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona no se quedó al margen. Una circular del Instituto Doctor Puigvert fechado el 2 de octubre señalaba que “ante los hechos ocurridos en los últimos días y como respuesta a la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para intentar pedir el referéndum del 1 de octubre, la mayoría del profesorado y del PAS de nuestro centro ha decidido participar en las movilizaciones convocada por la Mesa por la Democracia”.

Debido a ello, decretaban el cierre del centro “para defender un marco democrático que tenga por principio el diálogo y no la fuerza, la política y no el autoritarismo, el respeto y no la intolerancia”. Por tanto, el colegio permanecería cerrado el día 3. Y finalizaba diciendo: “En un comunicado, el Consorcio de Educación de Barcelona, que nos enviaron cuando los alumnos ya habían marchado, el Consorcio nos comunicó que el paro general, a diferencia de una convocatoria de huelga, no prevé servicios mínimos”.

El pasado 30 de septiembre, la líder de Ciudadanos en el Parlamento presentó en fiscalía un escrito en el que pedía que se defendiesen, desde la institución pública, los derechos de los niños y se velase por la no instrumentalización de los mismos en los centros públicos.

También el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exponía en un informe que tanto los directivos de los centros como los profesores “han de abstenerse de impulsar o promover la participación del alumnado en actos que supongan un posicionamiento ideológico, político o religioso, y también de promover la manifestación de los alumnos a favor de una determinada posición política fuera o dentro del centro escolar”. Pero la polémica está en la calle y comienza a asomarse a los juzgados.