Parón de inversiones en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona se quedará sin 71 millones de euros para el Consorcio de Educación de Barcelona. Al menos, eso es lo que consta en un extenso documento elaborado por funcionarios de la Generalitat, que achacan al “Gobierno español” ese hecho. El documento lleva por título “Inventario de daños” y trata de cuantificar “el impacto y las consecuencias reales de las medidas adoptadas por el Estado español en la intervención de la Generalitat y en aplicación del artículo 155”.

El informe fue elaborado por un grupo de funcionarios independentistas y entregado solemnemente al presidente del Parlament, Roger Torrent, el pasado jueves. Su objetivo es demostrar que la aplicación del 155 y la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno español “no es, en absoluto, ni legítima ni suave”.

En el apartado relativo al impacto económico de la intervención, los funcionarios ponen de relieve la “paralización de la aportación de la Generalitat de 71 millones de euros al Consorcio de Educación de Barcelona”. Y anotan que queda en suspenso “la aportación económica de la Generalitat, afectando a la gestión de todos los centros públicos de educación infantil, educación primaria y de educación secundaria, así como a la formación profesional específica, la gestión del servicio de transporte y la del servicio de comedor”.

En realidad, sin embargo, esa paralización no se realizó por la aplicación del artículo 155, sino que fue consecuencia de una iniciativa de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos celebrada el 15 de septiembre, es decir, mucho antes de la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno. El acuerdo tomado fue que todos los gastos realizados desde el Gobierno autonómico debían pasar antes un control del Estado, ya que se habían detectado desvíos de partidas presupuestarias (entre ellos, partidas destinadas a pagar a los farmacéuticos) presuntamente a actividades relacionadas con el ‘procés’.

También se reporta como negativo en el informe que el 22 de noviembre de 2017, el ministro Íñigo Méndez de Vigo nombra a Lluís Baulenas como presidente del Consorcio de Educación de Barcelona.

MENOS DINERO A SALUD Y BIENESTAR

En el informe se recogen más incidencias que afectan al Ayuntamiento de Barcelona. Por ejemplo, la paralización de un convenio entre el Departamento de Salut, la Generalitat, el Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB), el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). Según el informe, “el convenio tenía como finalidad asegurar la financiación y el desarrollo de los servicios de salud pública en Barcelona para el periodo 2017-2020, autorizando un gasto de 51 millones de euros a favor de la ASPB”.

Otra partida de 3.179.057 euros de créditos de gastos para el consistorio de la capital catalana fueron también paralizados, aunque los funcionarios yerran de nuevo en sus apreciaciones, ya que no fue como consecuencia de la aplicación del 155, sino que fue por una orden de Hacienda del 20 de septiembre.

Según los funcionarios que redactaron el dossier, existen también partidas sin cuantificar que afectan al Ayuntamiento barcelonés. Una de ellas, debido a la “paralización del contrato programa de Bienestar Social 2016-2019 entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona por un valor de 52,3 millones de euros. Este programa comporta dotaciones de ayudas para urgencias sociales y en él se incluyen desde dotaciones para personas sin hogar hasta programas específicos de inclusión social o apoyos a profesionales y equipos básicos.

El departamento de Bienestar Social también había de aprobar en el último trimestre del año pasado una inversión de más de 8,5 millones de euros “en la creación de nuevas plazas” para ancianos, personas con discapacidad y personas con enfermedades mortales en la demarcación de Barcelona. Esa inversión todavía no se ha materializado.

Funcionarios independentistas de la Generalitat echan la culpa a la aplicación del 155 / EFE

LUZ VERDE A AYUDAS

En un apartado bajo el lema “Acciones y decisiones políticas del Gobierno del Estado del 155”, aseguran que “la actuación del Estado en sustitución del Govern de la Generalitat implica la adopción de decisiones políticas (priorizando unas actuaciones respecto a otras por razones de oportunidad política) que sólo corresponden a un Gobierno que cuente con el apoyo de la ciudadanía expresado en las urnas, como correspondería al Govern de la Generalitat legítimamente constituido”. Y añade una serie de 126 actuaciones o decisiones políticas.

Una de ellas es un acuerdo por el que se autoriza, a mediados del pasado mes de diciembre, a que la Generalitat formalice un reconocimiento de deuda con el Parc Científic de Barcelona por un importe de 7.058.823,60 euros “y se autoriza la generación de crédito presupuestario correspondiente”. También autoriza el Gobierno central, a finales de noviembre y principios de diciembre, a renovar dos operaciones de endeudamiento a corto plazo por un millón de euros y medio millón de euros al Consorcio del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Asimismo, dio luz verde al Ayuntamiento para poder realizar el contrato de Bicing por 10 años, con posibilidad de prórroga de otros cinco años.