El ayuntamiento reacciona tarde en el conflicto con la compañía ATLL

La Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) autorizó el pasado 28 de diciembre a la compañía Aigües del Ter-Llobregat a subir un 11'8% la tarifa del agua que vende a un centenar de municipios, entre los que se encuentra Barcelona. La subida puede empezar a notarse en los próximos recibos de los consumidores, para intentar frenarlo la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Consorcio Besòs-Tordera han anunciado que pedirán al juez la suspensión cautelar de la subida y que presentarán un nuevo contencioso administrativo. Una decisión que llega tarde.

ATLL sirve el agua a 116 municipios en los que viven 4,5 millones de personas y estos a su vez distribuyen el agua entre los vecinos mediante empresas que prestan el servicio. Los municipios afectados ven “desproporcionada e injustificada”, la subida acordada por el consejo de administración del ACA ha explicado el concejal de Aigua i Energia del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia (Barcelona en Comú), un concejal muy cuestionado por su gestión al frente de varios departamentos municipales. 

La acción conjunta hay que entenderla como un movimiento casi a la desesperada porque la subida del agua está a punto de afectar ya al bolsillo de los consumidores. Tampoco puede desligarse de la laguna jurídica en la que se encuentra a día de hoy la empresa ATLL, que pasó de tener titularidad pública a ser gestionada por la empresa privada Acciona. El cambio de titularidad fue recurrido judicialmente y la nueva concesión fue declarada nula en primera instancia. Ahora se está pendiente de que se dicte la sentencia definitiva, como mucho en el plazo de un mes.

VÍAS DE ABASTECIMIENTO ALTERNATIVAS

Aunque la subida porcentual del agua que los municipios compran a ATLL será linealmente del 11,8%, no por afectará igual a todos, ya que la mayoría tiene otras vías de abastecimiento alternativas como pozos, acuíferos u otras cuencas y podrán compensarlo parcialmente. En el caso concreto de Barcelona, el 50% del agua que se consume procede de ATLL, lo que acarrerá un sobrecoste para las arcas municipales de 10 millones de euros. O lo que es lo mismo, el recibo de los barcelonses puede subir un 4% debido a lo que ha tardado el consistorio en reaccionar. En su descargo, Badia ha insistido en que, en este escenario de indefinición jurídica, “la subida no está avalada porque se basa en el aumento del margen de beneficio de una concesionaria que oficialmente ya no lo es”, y que ya disparó un 85% los precios cuando accedió a la concesión.

El presidente del Consorcio Besòs-Tordera  y alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, ha advertido que la subida “es inasumible” para la mayoría de arcas municipales (que ya tienen los presupuestos para el 2018 cerrados) ,por lo que no habrá más remedio que repercutírsela “a los ciudadanos” vía facturación. Si el juez no lo frena antes, los recibos del agua del próximo mes de marzo ya recogerán el incremento. “Estamos actuando en defensa del interés público”, ha subrayado Mingote.

Que los municipios se vean abocados a utilizar otras vías de abastecimiento de agua para no subir el recibo a los vecinos puede acabar siendo contraproducente y “un sinsentido”, ha reconocido el concejal barcelonés. El motivo es que los municipios van a acabar utilizando sus cotizadas reservas de agua para compensar las subidas cuando se está en situación “de pre-alerta por sequía” y ese agua puede que haga falta para cubrir primeras necesidades en pocos meses..