Unas 36.000 familias en lista de espera para un piso social en BCN

En Barcelona hay unas 36.000 unidades familiares en lista de espera para acceder a un piso social en Barcelona. Las 36.000 familias estarían integradas por unas 70.000 personas. El dato lo ha dado a conocer este viernes la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en la presentación del informe anual de quejas del 2017 ante el pleno municipal.

Según la defensora de los ciudadanos, dos terceras partes de estas personas se encuentra en situación de precariedad económica ya que cobran menos de 1.000 euros al mes. Pero lo más preocupante es el aumento, los últimos años, de las familias en lista de espera para acceder a una vivienda social. En 2012, Vilà ya denunció que había unas 27.800 familias sin casa. En aquellos años gobernaba Xavier Trias como alcalde y ahora Ada Colau, exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero ninguno de los dos gobiernos ha sido capaz de resolver esta situación.

90 RECOMENDACIONES

En su intervención ante los concejales, la síndica, que ha puesto sobre la mesa 90 recomendaciones, ha definido la situación del mercado de la vivienda en Barcelona de "desbocada" y de "antisocial" la Ley de Arrandeamientos Urbanos (LAU). A principios de año, Colau instó al gobierno central a reformar la LAU para aumentar la duración de los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos, una petición a la que ahora se ha sumado la síndica.

Vilà ha puesto también énfasis en las políticas de transporte y ha instado a ampliar la T-16, la tarjeta que permite a los jóvenes hasta esa edad a viajar gratuitamente en metro y bus, hasta los 18 años. "Muchos de estas personas no tienen ingresos propios", ha afirmado la defensora.

Además, la defensora ha hecho un llamamiento a los grupos municipales a que recuperen el diálogo para reformar la Ordenanza del civismo. La necesidad de revisar esta norma es una de las peticiones que Vilà y su equipo llevan haciendo. En su opinión, la norma penaliza con sanciones a colectivos vunerables. El gobierno de Colau está de acuerdo con Vilà, pero el borrador redactado no cuenta con los apoyos necesarios para aprobarse. 

El año pasado, la síndica realizó 3.522 actuaciones de las que 1.702 fueron quejas, y 1.820, consultas y asesoramientos generales. Movilidad, servicios sociales y vivienda son los principales problemas que los ciudadanos de Barcelona ha expuesto a Vilà el último año.

Durante la intervención de los grupos municipales, el concejal del PP, Alberto Fernández, ha dicho que los datos sobre vivienda expuestos por la síndica son un ejemplo de "la mala gestión de Colau" en este ámbito y se ha mostrado sorprendido porque en el informe no había ninguna mención a la unión del tranvía por la Diagonal. "Parece que no ha recibido ninguna queja", ha apuntado Fernández, para quien este hecho supone que no es una preocupación para los barceloneses. Hace dos años, Vilà reclamó una consulta ciudadana para decidir si se tenía que conectar el tranvía.

PRESUPUESTO MÍNIMO

La regidora del PSC, Carmen Andrés, ha pedido más recursos, compentencias y personal para la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Cuando la síndica tomó posesión de su cargo para iniciar su segundo mandato, en septiembre del 2016, Colau prometió a Vilà que dotaría la oficina de los recursos necesarias. Ha pasado un año y medio y la Sindicatura continua funcionando con un presupuesto mínimo que da más bien para poco.

Andrés ha hecho suyas las palabras de la síndica y ha criticado que la lista de espera en servicios sociales se dispara hasta los tres meses. También ha denunciado que en la ciudad hay más de 1.000 pisos vacíos, lo que genera "malas praxis" como los narcopisos del Raval.

El concejal de ERC, Alfred Bosch, ha resaltado que la gente que acude a la Sindicatura es gente que "sufre" y ha reclamado al gobierno municipal que tome nota de los principales motivos de queja a la síndica, especialmente en temas sociales y de vivienda. Bosch estaba muy emocionado por la decisión de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de no comparecer ante el Tribunal Supremo y marcharse al extranjero para, presumiblemente, no tener que ingresar en prisión.

A las palabras de la síndica sobre la necesidad de reformar la Ordenanza del civismo, la jefa de filas de Ciutadans, Carina Mejías, ha dicho que si la revisión pasa por "despenalizar" muchas de las conductas irregulares que se producen, Mejías considera que no es la solución. "Si no tenemos unas reglas de juegos, estos comportamientos irán al alza", ha valorado la edil naranja.

RADIOGRAFÍA REALISTA

Muy emocionado por la comparecencia de algunos de sus compañeros de partido en el Tribunal Supremo, el concejal del PDeCAT, Jordi Martí, ha señalado que no se veía con fuerzas para criticar al gobierno municipal a raíz del informe de la síndica. Martí se ha limitado a decir que la síndica ha hecho "un buen trabajo" y que una vez más el informe pone luz sobre algunos problemas de la ciudad, "algunos de los cuales se repiten año tras año y, en algunos casos, aumentan".

El último en valorar el trabajo de la síndica ha sido el teniente de alcalde Gerardo Pisarello. La mano derecha de Colau ha subrayado que el trabajo de la síndica es "fiscalizar el gobierno" y que este control es necesario en democracia. Según Pisarello, la radiografía es realista, "hecha a pie de calle", pero en ningún caso, ha sostenido Pisarello, tan catastrofista como a veces dibuja la oposición.