Ada Colau, en la imagen con su marido, Adrià Alemany / EFE

Ada Colau, en la imagen con su marido, Adrià Alemany / EFE

Información municipal

Colau culpa al PP del fracaso de los desahucios

El Ayuntamiento atendió el año pasado 2.351 nuevos casos de familias en riesgo de perder la casa, un 50% más

24 abril, 2018 16:03

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El gobierno central del PP es el principal responsable de los desahucios --o los intentos de llevarlos a cabo-- que se producen en Barcelona, asegura Ada Colau. La alcaldesa ha criticado que el Congreso de los Diputados apruebe este martes una nueva ley, impulsada por los populares, Ciudadanos y el PDeCAT, "para acelerar aún más los desahucios sin distinguir entre familias vulnerables, pequeños propietarios y grandes propietarios".

Colau ha ido más allá y ha amenazado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con llevarle a su despacho en Madrid los nuevos casos de desahuciados de la capital catalana si el PP "si persiste en facilitarlos". En opinión de la primera edil de la ciudad, la política de vivienda del gobierno del PP está alejada de la realidad, "de las necesidades de la gente y de los ayuntamientos", que son los que tienen que lidiar con las personas afectadas.

REFORMA DE LA LAU

La alcaldesa ha reclamado aumentar los presupuestos de vivienda para toda España hasta los 2.000 millones, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para aumentar la duración de los contratos de alquiler y garantizar que las viviendas vacías se cedan para alquiler social, y poner en marcha los cambios fiscales necesarios para poner fin a las sociedades que especulan con el mercado de alquiler.

Según Colau, es una obligación de todas las administraciones garantizar el derecho a la vivienda y no únicamente de los Ayuntamientos. En su opinión, "el Estado da pasos hacia atrás y da nuevas facilidades a los especuladores para generar una nueva burbuja inmobiliaria con el mercado del alquiler que generará miles de desahucios".

La representante de Barcelona en Comú ha comparecido ante los medios para hacer balance de las actuaciones de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) durante el año pasado. Lo ha hecho junto al concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner,y el gerente del área, Javier Burón.

Un bloque de pisos en el barrio de Ciutat Meridiana, en Nou Barris, uno de la ciudad con más desahucios.

Un bloque de pisos en el barrio de Ciutat Meridiana, en Nou Barris, uno de la ciudad con más desahucios.



En 2017, la UCER atendió 2.351 nuevos casos de familias en riesgo de desahucio --que representan a 7.760 personas, entre las que había 2.377 menores de edad--. En 2016, como avanzó Metrópoli Abierta, las familias atendidas fueron 1.574, es decir que el año pasado crecieron un 50%.

A los 2.351 nuevos casos atendidos en 2017 hay que sumar otros 918 detectados en temporadas anteriores, lo que sitúa las familias atendidas en 2017 en 3.268. 

UN 16% PERMANECE EN LA CASA

El Ayuntamiento consiguió encontrar una solución para un 41,3%, es decir para 1.362 casos. Colau ha precisado que la solución ha pasado por encontrar una nueva vivivienda para estas personas (a través de la Mesa de Emergencias Sociales o el Consorcio de la Vivienda) o una estancia en pensiones. Sólo en un 16% de las situaciones solucionadas (218), las familias afectadas pudieron permanecer en sus casas.

La alcaldesa ha explicado que el consistorio intenta negociar con la propiedad el pago de un alquiler asequible, en ocasiones con ayuda municipal, pero los grandes tenedores de pisos (por lo general, bancos o fondos de inversión) muchas veces no quieren llegar a un acuerdo.

Los desahucios en Barcelona se producen en un 85% de los casos por el impago del alquiler, según los datos del Consejo del Poder Judicial facilitados por el Ayuntamiento. El distrito de Nou Barris es la zona de la ciudad con más casos nuevos (390), seguido de Sants-Montjuïc (389) y Ciutat Vella (373).

El gerente de vivienda ha confirmado que en algunos casos, la espera para lograr un piso de emergencia social es de ocho a 10 meses. Según Burón, la espera varía en función del tipo de viviendas que piden las familias y el territorio de la ciudad donde quieren vivir.