Informe favorable a la multiconsulta en tiempo récord

En ocasiones, las cosas van rápido, muy rápido. En apenas tres semanas, un tiempo récord, el Ayuntamiento de Barcelona ha creado una comisión de amparo del Reglamento de Participación Ciudadana, que regula la multiconsulta que quería impulsar Ada Colau, y el citado órgano consultivo, integrado en el Consejo de Ciudad, ya ha sido capaz de emitir un informe sobre el pleno del 10 de abril en el que la oposición tumbó las preguntas de la multiconsulta, que pretendía interrogar a la ciudadanía sobre la remunicipalización del agua y el cambio de nombe de la plaza de Antonio López, al final de Via Laietana.

En el citado informe, fechado el 24 de abril y al que Metrópoli Abierta ha tenido acceso, la comisión considera que "las dos consultas no se pueden considerar como rechazadas" y opina que los partidos de la oposición únicamente podían votar en contra si se determinaba que las preguntas iban en contra del ordenamiento jurídico. La comisión avala la celebración de la multiconsulta.

El órgano consultivo dice que se dieron algunos votos contrarios a las multiconsulta --los partidos que se opusieron fueron PDeCAT, PP, PSC y Ciutadans, y CUP en el caso de la pregunta sobre la remunicipalización del agua-- "que no tienen validez jurídica y que, por tanto, no pueden tener por efecto provocar la denegación de unas consultas que provienen de iniciativas ciudadanas".

En concreto, la comisión rechaza los votos negativos del PDeCAT y CUP porque en su argumentación estos partidos no hicieron ninguna referencia si las preguntas se adecuaban o no al ordenamiento jurídico, algo que sí que expresaron PSC, PP y Ciutadans. Si se tiene en cuenta ese punto de vista, en ambas preguntas, los votos positivos superan a los negativos. La comisión de amparo recomienda "mantener la validez del pleno celebrado, pero corregir el recuento de los votos afirmativos, negativos, no válidos y la abstención". En cualquier caso, la decisión del órgano consultivo no es vinculante.

El informe de la comisión se ha emitido a petición de las entidades que impulsaban las preguntas de la multiconsulta, entre otras la Federación de Asociación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB). En una reciente rueda de prensa exigieron a los grupos que se retractasen y que se celebrase un nuevo pleno para volver a votar sobre la multiconsulta.

El documento se ha cocinado en un tiempo récord. En apenas unos días. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recibido también una queja, pero su dictamen, avalado por un proceso riguroso y elaborado por prestigiosos juristas y técnicos, tardará algún tiempo más en ver la luz. De momento, ni siquiera ha recibido una respuesta del Ayuntamiento a la petición de información que ha formulado.

ACTA DE CONSTITUCIÓN EL 5 DE ABRIL

La citada comisión fue creada el pasado 5 de abril. El acta de la constitución está firmada por la gerente de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia, Marta Clari. El órgano consultivo está presidido por la profesora titular de la Universidad de Barcelona, Carme Panchón, y en él figuran también el presidente de la Asociación de Vecinos de la Vila Olímpica, Jordi Giró; el presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya y excandidato a síndic de la ciudad, David Bondia; el director de Relaciones Ciudadanas del Casal dels Infants, Enric Canet; la exjefa de Participación Ciudadana el Ayuntamiento de Badalona, Teresa Puig, y la exdirectora de Participación Ciudadana del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y exasesora de la síndica, Imma Miret.

El objeto de la comisión es "velar por la efectiva realización de los derechos y obligaciones derivados de la normativa sobre participación ciudadana, y por la buena práctica en el uso de los canales de participación ordenados en el Reglamento Participación Ciudadana". Al citado organo se pueden dirigir todas aquellas personas que consideren que han sido vulnerados sus derechos de participación, competencias que ya tiene atribuidas la sindica de Barcelona. El órgano tiene dos meses para emitir un informe, "a menos que la naturaleza del asunto exija un plazo más breve". En este caso, el informe se ha emitido en un tiempo récord.