La actual presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, se perfila como la nueva presidenta del Port de Barcelona, en sustitución de Sixte Cambra. Dirigentes del PDeCAT han movido hilos en las últimas semanas para negociar el tema con el Gobierno central y poner a la alcaldesa de Sant Cugat en este puesto clave.
Conesa es uno de los nombres que la dirección del PDeCAT quería promocionar en el nuevo Gobierno de Quim Torra. Pero Carles Puigdemont, que fue quien confeccionó la lista de consellers, no la tuvo en cuenta. De hecho, no tuvo en cuenta ninguna de las propuestas de nombres que le hicieron desde el partido.
Por si fuera poco, Conesa es la presidenta del PDeCAT, por lo que la negativa de Puigdemont a contar con ella fue recibida con aún mayor estupor en las filas de los postconvergentes. Pese a ello, en las filas de la formación sucesora de CDC se espera que sea nombrada presidenta del Port, al haber quedado barrado su paso al Govern.
Por otro lado, Conesa ya había comunicado hace tiempo su intención de dejar tanto la Diputació como la alcaldía y abrir una nueva etapa en su trayectoria. En principio, su nombre había sonado como alto cargo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Con el abandono de Cambra, se le abre una oportunidad inmejorable de cambiar de aires, ya que la presidencia de este ente público es una de los que más peso tiene en el área económica de Barcelona.
De hecho, la Autoridad Portuaria pertenece a Puertos del Estado, pero su presidente siempre se ha consensuado entre la Generalitat y el Gobierno español. En el partido esperan un gesto del ala Puigdemont para que uno de los suyos (o sea, del PDeCAT) pueda optar a tener un puesto importante en el organigrama de la Administración. El peso de la formación en el gabinete de Torra es casi nulo, a excepción de los consellers encarcelados, pero estos no podrán ejercer en condiciones y, además, pueden ser inhabilitados próximamente.
“Hace tiempo que había comunicado su intención de dejar los cargos por cuestiones personales. Fue en otoño pasado cuando se lo dijo a la cúpula del partido. Ante ello, se le pidió un poco de tiempo para hacer una transición serena, al tiempo que se le buscaba una nueva acomodación fuera de Sant Cugat y se le encontraba sustituto para alcalde. La opción de que vaya al Port es relativamente reciente y tomó forma cuando se vio que Puigdemont no contaba con ella para formar parte del Govern pactado con Esquerra”, explica a Metrópoli Abierta un alto dirigente del PDeCAT.
UNA DIMISIÓN ANUNCIADA
Por su parte, Cambra comunicó en diciembre pasado, al consejo de administración del Port, su intención de dejar el cargo por motivos personales. De hecho, su anuncio fue realizado antes incluso de las elecciones del 21 de diciembre y se puso como objetivo mantener la presidencia hasta que se formase el gobierno surgido de esas elecciones.
Mercè Conesa es la alcaldesa de Sant Cugat / ASC
Ahora, con el nombramiento del nuevo presidente de la Generalitat, llega la hora de oficializar el traspaso de poderes en uno de los cargos más ambicionados de la administración, tanto por su peso económico como por su retribución económica (alrededor de 300.000 euros anuales de salario).
En febrero del año pasado, Cambra fue detenido en el marco de la Operación 3%, que dirige un juez de El Vendrell, en la que se investiga el pago de comisiones para la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hace escasamente un mes, Cambra recibió una citación del juez para declarar este mismo mes de mayo, juntamente con el exconcejal de CiU y expresidente de la empresa municipal BIMSA, Antoni Vives, y del asesor jurídico de CDC, Francesc Sánchez. El motivo de las citaciones es conocer las circunstancias de algunas adjudicaciones del Port y de Bimsa a empresarios que, luego, podrían haber pagado las mordidas del 3% a las arcas de Convergència. Las obras sospechosas del Port que están siendo investigadas son la construcción de la bocana y la de la Marina de lujo, adjudicada a Comsa.
Se da la curiosa circunstancia de que el Ayuntamiento de Sant Cugat también fue investigado por la adjudicación de obras a Ferrovial. Concretamente, se trata de la construcción de un pabellón deportivo, que costó 4.175.000 euros. La empresa pagó luego el 4% del coste de las obras al Palau de la Música (167.000 euros), que a su vez hizo llegar el 2,5% del dinero recibido de la mordida a Convergència: fiel a su costumbre, el corrupto Fèlix Millet envió al partido 104.400 euros y se quedó para sus bolsillos el 1,5% restante, 62.640 euros. Los jueces determinaron que esa operación fue irregular. En el momento en que se produjo, Conesa era teniente de alcalde de Urbanismo.