El Ayuntamiento de Barcelona se ha lanzado a imponer multas a los propietarios de viviendas que alquilan alguna habitación a turistas. Las multas pueden ser de hasta 60.000 euros, pese a que esta actividad no está regulada por ley y, por lo tanto, no está prohibida.
Esta actividad, conocida como homesharing, se ha venido desarrollando con absoluta normalidad en los últimos años. De hecho, ha sido durante un tiempo una salida para muchas familias con problemas económicos que recurrían a alquilar parte de su vivienda para completar unos ingresos que les han permitido vivir con dignidad.
La regulación de la actividad llegará en el mes de septiembre. La puesta en marcha de la norma que servirá para legalizar esta actividad depende de los responsables de turismo de la Generalitat. En ella se contempla la figura de los hogares compartidos, por lo que en cuanto entre en vigor la actividad de alquilar habitaciones será legal.
MALESTAR
Mientras tanto, la asociación Veins i Anfitrons (ViA) ha mostrado su malestar por la actitud del consistorio. En declaraciones a Crónica Global, la portavoz de la asociación, Dámaris Rojas, ha afirmado que “nunca antes había ocurrido que se multara a gente por alquilar una habitación. ¿Y los que alquilan a estudiantes?”.
La asociación está recibiendo en los últimos tiempos un alud de quejas de sus asociados por las sanciones que les está imponiendo el consistorio y acusan al Ayuntamiento de haber buscado otro chivo expiatorio después de haber firmado la paz con la plataforma Airbnb. “Parece que se han buscado a otro enemigo para hacer campaña electoral”, asegura Rojas.
En Barcelona hay alrededor de 4.000 viviendas que dedican parte de su espacio al alquiler temporal, una actividad que “no es ilegal, es alegal”, justifica Rojas. Además, asegura que las personas que alquilan sus habitaciones cumplen con sus obligaciones tributarias, por lo qe no se puede hablar de ingresos en dinero negro. “En absoluto. La gente de ViA tenemos claro que se declara el ingreso vía IRPF hasta que se pueda computar como una actividad a tiempo parcial”.
También afirma que para muchas familias esta actividad es simplemente una forma de obtener unos pequeños ingresos para poder sobrevivir con dignidad. “ Están cebándose con gente que tiene hipotecas o que llega justa a final de mes. Es gravísimo, pues el Ayuntamiento de Barcelona se está extralimitando: sanciona sin base legal alguna”, asegura Rojas.