El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciado que busca socio junto al Ayuntamiento de Barcelona para la sociedad que ha de construir la vivienda pública de Barcelona. Ada Colau ha asumido su fracaso en el tema de la vivienda y se ha puesto en manos del capital privado para poder operar.
Cuando se cumplen tres años de mandato, no solo se ha disparado el precio de la vivienda durante la legislatura. Sino que, además, ha descendido el número de pisos de protección oficial construidos. Dos hándicaps importantes en el proyecto de Barcelona en Comú, un partido que llegó a la alcaldía con una líder que abanderaba el movimiento social contra los abusos inmobiliarios.
REPARTO NUEVA SOCIEDAD
Ahora han decidido -la alcaldesa preside también la AMB- asociarse con la iniciativa privada, que tanto han criticado en otros campos e, incluso, repudiado. Según fuentes del sector, en el nuevo reparto de las acciones la constructora privada dispondrá del 50% de la propiedad y la AMB y el Ayuntamiento se repartirán a partes iguales el resto del porcentaje.
Con este objetivo, el Consejo Metropolitano del AMB ha presentado el lanzamiento de una consulta pública para buscar a un socio privado para el operador y definir el proceso de licitación, constituido en marzo como Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), ha informado el AMB este miércoles en un comunicado.
Con el dinero que ingresará de la venta de parte de la compañía a la iniciativa privada, la sociedad planea construir y gestionar un parque de vivienda de alquiler asequible, y para ello subscribir una ampliación en el capital del operador, correspondiente al 50% de la sociedad.
BARCELONA, SIN PROYECTOS
De las 350 viviendas que ya se han planeado construir, ningurá se levantará en Barcelona. Se las repartirán cinco promociones repartidas entre Montgat, Sant Adrià de Besòs y Sant Boi de Llobregat. El objetivo es construir alrededor de 500 o 600 pisos de alquiler asequible cada año, Los inquilinos se seleccionarán con convocatoria pública y optarán a subvenciones, con contratos de seis o siete años prorrogables.
El problema para Barcelona en Comú es que queda menos de un año para las elecciones y las obras no se habrán acabado a tiempo para poder hacerse la foto de rigor, que tan bien vende en campaña. Aunque rectificar es de sabios, hacerlo tres años tarde puede suponer una losa muy grande, pues no lucen igual unos planos que las familias instaladas en las nuevas viviendas, y la oposición va a degüello porque huele la sangre, como ya se vio en el último pleno municipal.