El Consell de Ciutat, el máximo órgano consultivo del Ayuntamiento de Barcelona, ha dado un nuevo varapalo a la alcaldesa, Ada Colau, porque a mes de noviembre no tiene todavía aprobados los presupuestos. Resulta que la propia Colau es la presidenta de este órgano, que le corresponde por su cargo. De él forman parte también, en calidad de vicepresidentes, Montserrat Morera, presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona, y Alejandro Goñi, presidente de Pimec Comerç, así como representantes de partidos políticos con representación municipal, representantes de instituciones significativas, personalidades de renombre, miembros de entidades de los consejos sectoriales e incluso ciudadanos, elegidos por sorteo previa inscripción en el Registro Ciudadano.
Su objetivo es opinar de forma propositiva y constructiva sobre aspectos de la ciudad buscando el consenso de todos los actores que están implicados en él. Se trata, por tanto, de un punto de encuentro privilegiado para recoger y debatir las preocupaciones, inquietudes y propuestas de muchos ciudadanos y ciudadanas. Como dice su lema actual, es el gran espacio de representación cívica de la ciudad, explica su página web.
Algunos de sus miembros, como los que representan a instituciones significativas de la ciudad o las personas de renombre ciudadano, son elegidos directamente por la alcaldesa. Las dos personas de renombre que forman parte de su comisión permanente son Laura Rojas Núñez y Anna Balletbó Puig. La primera es la presidenta de la Federación de Asociaciones Americanas de Cataluña y la segunda fue diputada socialista durante varias legislaturas y es la actual presidenta de la Fundación Olof Palme. El plenario, no obstante, reúne a 13 personas de renombre. Otros 25 miembros del plenario representan a instituciones significativas, que van desde la patronal Fomento del Trabajo hasta el Ateneu, pasando por el Colegio de Periodistas, el RACC, UGT, CCOO o diversas universidades. En total, el plenario tiene 99 miembros.
UN SANEDRÍN DE 22 PERSONAS
La comisión permanente, por su parte, está compuesta por 22 personas y funcionan como el auténtico motor de la institución, ya que son las que velan por el impulso y el buen funcionamiento de la entidad, hace el seguimiento de la actividad, valora las temáticas que se discuten y propone metodologías.
Con esta heterogeneidad, y a pesar del elevado peso que tiene el Ayuntamiento, la comisión permanente del Consell aprobó en su última reunión del pasado 9 de noviembre un duro documento esta semana en el que da un serio rapapolvo a los políticos, pero especialmente al gobierno municipal. Este órgano considera los presupuestos “una herramienta básica para garantizar los servicios que el Ayuntamiento ha de prestar a los ciudadanos y ciudadanas, así como para garantizar e impulsar la actividad económica, el empleo y la calidad de vida en la ciudad”.
El documento reconoce que los impactos negativos de la crisis todavía están presentes en amplias capas de la sociedad barcelonesa y “comprometen el desarrollo equitativo de la sociedad y están en el fondo de las razones que explican que los niveles de pobreza continúen alcanzando unas tasas en Barcelona que son totalmente inaceptables”.
LLAMAMIENTO AL CONSENSO
También valora que “en los últimos años, el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente a muchas de las necesidades sociales de Barcelona en un contexto de descenso de los recursos provenientes de otras administraciones del Estado y de la Generalitat. Por ello, el Consell quiere instar al Gobierno de la ciudad, en primer lugar, pero también a la totalidad de los grupos políticos municipales, a la responsabilidad de todos para conseguir aprobar unos presupuestos que puedan resolver los retos a que se enfrenta la ciudad en el próximo año y en el futuro”.
Afirma, asimismo, que Barcelona dispone de recursos “y de unas cuentas económicas saneadas. En esta situación, no es justificable que no sea posible aprobar unos presupuestos adecuados a las demandas y necesidades de al ciudadanía. Apelamos, por tanto, al consenso, a la generosidad de todos los grupos en el sentido de anteponer a los legítimos posicionamientos el interés general de la ciudad y la ciudadanía”.