El Ayuntamiento de Barcelona troceó algunos de los contratos adjudicados para colaborar en las fiestas de la Mercè de este año, según ha podido conocer Metrópoli Abierta. De ese modo, el consistorio evitaba convocar un concurso abierto. Con los contratos troceados, la Administración soslaya ese inconveniente y adjudica el contrato a la empresa que mejor le conviene. O sea, a dedo.
Así, el consistorio adjudicó dos contratos a Fluge Barcelona, uno de servicios y otro de suministros. El primero era por el personal técnico que participó en las fiestas de la Mercè, por el que la empresa se embolsó 17.206,20 euros. El segundo era por el alquiler de material para actividades de la Mercè, por el que cobró 15.886,70 euros. Los contrayos están fiormado el mismo día: 12 de julio de 2018. No sería nada extraño si no fuese porque ninguno de los dos contratos superan los 18.000 euros (lo que obligaría al Ayuntamiento a convocar concurso), aunque en su conjunto llegan a los 33.000 euros.
SUMINISTRO DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Lo mismo ocurre con la sociedad Padcelona SL: el Ayuntamiento le concedió el 16 de julio un contrato de 18.137,90 euros por el suministro de material audiovisual para la Mercè y tres días más tarde le concedió otro contrato por 17.422,06 euros por los “servicios de personal técnico para vídeo”. Los más de 35.000 euros que se embolsa la compañía evitaron, de nuevo, el concurso público porque ninguno de ellos sobrepasa los límites legales de lo que se denomina “contrato menor”.
No fueron los únicos contratos curiosamente troceados: el 23 de julio, la compañía Crambo firmó una adjudicación de 12.723,15 euros por un contrato de servicios técnicos de montaje de equipamientos para la Mercè. Ese mismo día, firmaba otro contrato por un monto de 11.473,35 euros pero en esta ocasión de suministro: le alquilaba material técnico audiovisual al Ayuntamiento para la Mercè. Todo demasiado sospechoso.
EL EMPRESARIO CON DOS EMPRESAS
El mismo procedimiento se siguió con el alquiler de equipos para el espectáculo del agua y luz de la Mercè, que costaron 15.730 euros. Se resolvieron con un contrato de suministro con la empresa EDL Creative Water, firmado el 5 de septiembre. Al día siguiente, 6 de septiembre, el Ayuntamiento firmó otro contrato con la misma compañía para los “servicios técnicos para el espectáculo ‘Mare Nostra’ de la Mercè”. Este nuevo contrato, de servicios, le costó a las arcas públicas 3.630 euros. En total, más de 19.300 euros que no pasaron a concurso.
Hay otro caso curioso: el Instituto de Cultura de Barcelona (Icub) pagó 17.665,03 euros a Carme Correa por la coordinación de los debates de la bienal del Pensament Feminista. No hay nada de extraño, si no fuese por el hecho de que este contrato (igual que otros varios del consistorio, se acercan mucho a los 18.000 euros del límite para convocar concurso. Paralelamente, la nueva web de presentación e la bienal fue encargada en 10 de septiembre a la sociedad Cloud Digital Projects SLU por 17.666 euros.
EL CASO DE JAUME CODINA
Tampoco tendría nada de extraño. Pero en esta compañía figura como administrador único Jaume Codina. Pues bien: el 23 de agosto, el Ayuntamiento había encargado por 18.125,80 euros la programación y el mantenimiento funcional y gráfico de la web a la empresa Digital Lab de Barcelona, cuyo administrador también es, casualmente, Jaume Codina. De esta manera, el avispado empresario se pudo embolsar 35.000 euros sin pasar por ningún concurso.
Tampoco deja de resultar curioso que el Icub concediese un contrato de 18.041,10 euros a la cooperativa Quepo para diseñar “las estrategias de la televisión comunitaria participativa de Barcelona”. Quepo es una cooperativa “sin ánimo de lucro”, según afirma en su página web. Su directora, Sonia Ros, es una conocida activista que también representa a Stop Mare Nostrum y en ocasiones se la ha comparado con la mismísima Ada Colau, que hacía un trabajo similar en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Paralelamente, el Ayuntamiento también contrató a la Associació Cultural El Parlant, el mismo mes de julio, para realizar un “proyecto de televisión comunitaria en Barcelona”. En este caso, el precio del contrato fue de 16.407,60 euros. En total, pues, más de 34.000 euros se destinaron a estudiar la implantación de una “televisión comunitaria” en la ciudad. ¿Y qué puede pasar, entonces, con BTV?.