El pleito contra jueces franquistas: más de 33.000 euros tirados a la basura

La querella que no fue a ninguna parte contra los jueces franquistas que habían formado parte de tribunales que aplicaban la Ley de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad Social ha costado a los barceloneses un total de 33.275 euros, según la documentación en poder de Metrópoli Abierta. La querella fue interpuesta a comienzos de noviembre del 2018 e impulsada por la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales, capitaneada por Jaume Asens. Pero tanto su redacción como su presentación no corrió a cargo de los servicios jurídicos del consistorio, sino que fue encargada a un despacho barcelonés.

La querella (dirigida contra seis jueces que ejercieron entre 1956 y 1977), que fue presentada en noviembre pasado, ha sido archivada ahora por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por entender que no entran dentro de la tipificación penal los hechos denunciados.

LITIGIO ESTRATÉGICO

Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, este tipo de querellas están condenadas al fracaso. En el Ayuntamiento, no obstante, la justifican en aras de lo que consideran una actividad de “litigio estratégico”, que aporta más que nada una determinada imagen de los responsables municipales. Este “litigio estratégico” ha llevado al consistorio a personarse en pleitos genéricos para marcar perfil ideológico, como las querellas interpuestas contra los bombardeos de la aviación italiana sobre la ciudad de Barcelona durante la Guerra Civil hace 80 años. “Era de prever que no tiraría adelante. Cuando pagas algo así, tienes el 99 % de posibilidades de perder el dinero, porque es muy difícil que un pleito de estas características llegue a buen puerto”, aducen las fuentes jurídicas.

Ajenos a esta circunstancia, los responsables municipales decidieron marcar perfil político y, para ello, se querellaron contra los seis jueces aludidos. El despacho escogido para esta iniciativa fue el de Molins-Parés, que encabezan Marc Molins y Laura Parés. En realidad, el contrato fue formalizado el 16 de abril del año pasado y en sus cláusulas señala que “dadas las características del presente contrato, y en especial por la exclusividad que afecta al objeto del contrato, el órgano de contratación considera que no se pueden incorporar a este contrato las cláusulas de solvencia y condiciones de ejecución de carácter social”. También se exime al despacho “de la presentación de garantía definitiva”.

LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO

Asimismo, se recuerda en las cláusulas que “en aplicación del decreto de alcaldía de 19 de mayo de 2016, los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas de este contrato público no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales –según la lista elaborada por las instituciones europeas o avaladas por éstas, o, en su defecto, por el Estado español–, o fuera de ellos y que sean consideradas delictivas, en los términos establecidos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública”. Más adelante, recalca en otro punto que “las empresas licitadoras declararán antes de la formalización si realizan operaciones financieras en paraísos fiscales”. También prohíbe al despacho de abogados subcontratar el caso o cederlo a terceros.

Según la documentación en poder de este diario, el expediente para adjudicar el contrato se inició el 8 de marzo de 2018, tras un informe de Jaume Asens fechado el 19 de diciembre de 2017 a favor de la interposición de la querella. Pero para entonces, el consistorio ya había contratado para ese cometido al bufete.

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Así consta en un documento del 1 de diciembre de 2017, donde se enumeran las condiciones de lo que será el contrato: se prevé que en las actividades del objeto del mismo se incluirán el estudio de antecedentes; la obtención y preparación de las pruebas periciales técnicas; la redacción y presentación de la querella ante los tribunales; la defensa y dirección técnica ante los juzgados; y la preparación e interposición de cualquier tipo de recursos, así como la impugnación a los recursos presentados por las otras partes. Este documento está firmado por Magda Trabal, directora del área de lo contencioso de los servicios jurídicos del consistorio, y por los abogados del bufete Molins-Parés.

CASOS SONADOS

El beneficiario del contrato, el abogado Marc Molins, es un exsocio de Miquel Roca i Junyent que abrió despacho propio en el año 2013. Laura Parés, por su parte, es profesora titular de Derecho Penal y Derecho Procesal en la Escuela de Práctica Jurídica y ha sido presidentas de la Sección de Derecho Penal del Colegio de Abogados. También había sido integrante de una candidatura al decanato del Colegio que encabezaba Màrius Miró y que llevaba como vicedecano a José Fèlix Alonso-Cuevillas, hermano de Jaume Alonso-Cuevillas, que había sido decano y que en la actualidad lleva la defensa de Carles Puigdemont.

Este despacho llevó, entre otros pleitos, la defensa de una pianista de Puicerdà que había sido denunciada por contaminación acústica por una vecina (hasta el punto de que le pedían 7 años de cárcel), un caso que vertió ríos de tinta por el interés social que despertó. Molins también defendió a la cantante Shakira en un pleito que ésta mantuvo con sus empleados domésticos, que le reclamaban una suculenta indemnización en España aunque ella argumentaba que esos empleados trabajaban para ella, pero en el paraíso fiscal de las Bahamas, por lo que debían liquidar su relación conforme al ley de aquel paraíso, en el que se hallaban vinculadas contractualmente las partes.