El chollo de dedicarse a la economía solidaria en Barcelona

Dedicarse a la economía solidaria o responsable es un gran negocio. Incluso podría decirse que es un chollo y de los grandes, a la vista de cómo remunera el Ayuntamiento de Barcelona a una serie de asociaciones dedicadas al loable arte de realizar estudios o informes sobre los aspectos más diversos y cobrar abundantemente por ello.

Eso es lo que le pasa a la Xarxa de Consum Solidari (XCS), una organización no gubernamental con sede en Barcelona que se lleva cientos de miles de euros anuales de ayudas públicas. Sólo del Ayuntamiento de Barcelona, se llevó el año 2018 casi 265.000 euros en subvenciones diversas. La más importante de estas subvenciones se dedica al “fortalecimiento de la economía social y solidaria”, que absorbió 70.591 euros. Por la “mejora de la gobernanza local y la gestión municipal”, se embolsó otros 56.500 euros. Por un proyecto de empoderamiento, recibió otros 53.693 euros. Por la actividad “Fem plaça. Impulso de la economía social y solidaria”, obtuvo más de 37.300 euros. Y por el proyecto de “Consumo crítico, soberanía alimentaria y feminismo”, fue premiada con otros 30.000 euros. Las demás subvenciones se deben a proyectos más pequeños, entre ellos el plan de comunicación de los mercados de pagès en Barcelona, que costó a las arcas públicas prácticamente 6.000 euros.

Xarxa de Consum Solidari tuvo en 2017 un contrato menor por valor de 18.000 euros. Pero en subvenciones, esa cantidad se queda pequeña: por la consolidación y ampliación de los mercados de pagès, recibió 8.000 euros. Por actividades de divulgación del consumo responsable en los mercados, otros 7.000 euros. Por un proyecto de turismo y clases populares, 6.500 euros. Por el fortalecimiento de la economía popular y solidaria, 74.163 euros. Por la “articulación de la economía social y solidaria en Barcelona”, 118.075 euros más otra ayuda de 7.500 euros. Por las divulgación de propuestas de la economía social y solidaria, 8.950 euros. Por un proyecto de economía solidaria en comedores escolares de Barcelona, 9.000 euros. En total, pues, más de 239.000 euros, a los que hay que sumar el contrato citado.

PROYECTOS EN MEDIO MUNDO

En su memoria de 2017, la entidad detalla los proyectos en los que está inmersa y detalla qué entidad apoya cada uno de ellos, aunque no especifica la cantidad económica presupuestada para los mismos. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, al margen de las subvenciones relacionadas anteriormente, financia el “fortalecimiento de los actores sociales urbanos de Quito para la construcción de agendas de incidencia en las políticas municipales”. También financia  el “fortalecimiento de la economía popular y solidaria en el distrito metropolitano de Quito”.  Otro de los proyectos a los que aporta dinero Barcelona es el de la “mejora de la gobernabilidad local y la gestión municipal en el distrito de Medina, en la ciudad de Dakar” (Senegal).

También financia el consistorio barcelonés el curso “Comercio justo y consumo responsable en las escuelas. Curso de formación para formadores/as”, impartido por la Xarxa de Consum Solidari.

DINERO DE OTRAS ADMINISTRACIONES

La entidad recibe también cuantiosos fondos de otras administraciones públicas: desde la AMB hasta la Diputación de Barcelona, pasando por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) o el Ayuntamiento de Sant Cugat, donde tiene una delegación. De ellas, la ACCD es una de las más potentes: financia, por ejemplo, el apoyo a organizaciones sociales de Ecuador y Bolivia “en la elaboración de políticas a favor de la soberanía alimentaria durante los procesos postconstituyentes”. También financia el proyecto “Tejiendo caminos: una construcción colectiva para una cultura de paz con enfoque de género e interculturalidad en el cantón Cotacachi” (Ecuador).

En Senegal, la ACCD le financia a XCS un proyecto de empoderamiento de mujeres en la región de Kolda, así como otro proyecto sobre el derecho al acceso a las tierras por parte de las mujeres en la misma ciudad. En Mali, apoya otro proyecto sobre la mejora de las condiciones de venta de la producción campesina de la localidad de Kadiolo. En Barcelona, la ACCD paga también la difusión y análisis de un proyecto del “derecho a la alimentación desde una perspectiva de género”. Y financia una actividad más: “La agricultura urbana como estrategia a favor del derecho a la alimentación desde una perspectiva de género”, muy similar a la anterior. El objetivo de este proyecto, en cambio, es analizar y difundir los nuevos movimientos de agricultura urbana en América Latina, facilitando sinergias con los catalanes. El proyecto tiene tres tipos de acciones: formación y debates (con talleres y jornadas en las cuatro provincias catalanas), la investigación y la elaboración de materiales, con exposiciones y artículos.

MÁS BENEFICIADOS

De carácter similar (aunque con unos costes sensiblemente inferiores) son las ayudas a la organización Opcions de Consum Responsable, que recibió 11.495 euros  por asesoramiento y abrir fichas sobre consumo responsable. Esta pequeña organización se dedica a fomentar las energías alternativas, especialmente en los sectores del agua, la electricidad y el gas y apuesta por declarar la guerra a los oligopolios que, afirma, dominan el mercado.

En la misma línea se ubica otro estudio sobre el “fomento de la economía social en las ordenanzas fiscales”, elaborado por el despacho de abogados FGC (una SCCL), por el que el Ayuntamiento pagó 10.890 euros.  Otra cooperativa, I-Labso, recibió 17.937,65 euros por un “estudio de la economía social y solidaria en Barcelona”. La cooperativa Distribuidora de Mercat Social recibió, asimismo, otros 9.000 euros por un proyecto de “consumo cooperativo”.

La Xarxa de Economía Solidaria, por su parte, también obtuvo en el 2018 un contrato de 14.970 euros por un “proyecto de economía social y solidaria en Gràcia”, adjudicado por el distrito del barrio. En el 2017, esta asociación recibió por “asistencia a población refugiada urbana en Nairobi”, 28.496 euros. Paralelamente, el consistorio otorgó una larga lista de subvenciones de varios miles de euros cada una a asociaciones, cooperativas o entidades cívicas para realizar proyectos relacionados con el “consumo responsable”.