El Ayuntamiento de Barcelona vigilará la oferta turística ilegal de la ciudad a través del control de las principales plataformas web de oferta de alojamiento turístico. Para ello, el pasado 1 de julio contrató a la empresa Guadaltel, que dedicará los próximos dos años a controlar las ofertas que se prodigan en Internet. La contratación se realizó mediante un concurso abierto, al que se presentaron un total de cuatro competidores.
Guadaltel, una empresa de Sevilla, se llevó el concurso, al ser (por muy poco) la oferta más económica. El monto total del contrato firmado esta semana es de 41.062,56 euros, aunque en las bases de la oferta concursal se detalla que el contrato será de dos años y el presupuesto base es de 70.000 euros (más el IVA correspondiente). La primera fase del concurso le salió al Ayuntamiento por casi 34.000 euros más IVA.
EMPRESA SEVILLANA
El cometido de Guadaltel será extraer los datos de los principales portales de alojamientos turísticos relacionados con Barcelona y realizar un informe sobre la actividad de estas plataformas “que comercialicen, publiquen o faciliten el alquiler o la actividad en general de los alojamientos de uso turístico para una determinada área, barrio o distrito, haciendo especial atención en la posibilidad de publicación de viviendas de uso turístico sin licencia”.
El trabajo de la empresa sevillana no deja de tener su lado oscuro, ya que lo que tiene que hacer (y así se lo exige el Ayuntamiento que preside Ada Colau) es realizar un espionaje en toda regla de las actividades de los portales sospechosos. Tiene que crear, en definitiva, una estructura para conocer hasta el más mínimo detalle de los enemigos del consistorio barcelonés.
QUE NO SE DETECTE LA ADMINISTRACIÓN
Uno de los cometidos de Guadaltel, según el informe de cláusulas técnicas, será presentar mapas de pisos turísticos, proporcionar fotografías exteriores de los mismos, capturar el emplazamiento de los inmuebles “con una vista del tipo Google Street View y confeccionar un calendario de ocupación previsto para poder conocer cuándo habrá turistas”. Eso le permitirá a la empresa “presentar y ubicar todos los pisos del mismo anunciante, así como mostrar los datos agrupados sobre el número de pisos, precio medio y ocupación”.
Dos turistas en una calle de Ciutat Vella / EFE
El Ayuntamiento exige a la empresa un sistema de vigilancia discreto y secreto. “El sistema utilizado de scraping tiene que funcionar con IP dinámicas dadas de alta desde diferentes ubicaciones y diferentes países o con otros métodos que: eviten que el portal detecte que se trata de una araña que se hace servir para la inspección por parte de la Administración Pública y pueda alterar dinámicamente los contenidos del portal; comprueben si los anuncios disponibles varían en función de la zona o país de origen de la IP e incorpora mecanismos pata evitar este desvío; eviten el bloqueo o suministro de datos preparados por parte del portal”.
INFORMES MENSUALES
En el informe de justificación del contrato, el consistorio señala que el principal objetivo de los datos a obtener es “detectar alojamientos turísticos ilegales en Barcelona; documentar la actividad de los portales que publiquen anuncios de alojamientos de uso turístico; cuantificar la oferta turística conjunta de estos portales en distritos o barrios evitando duplicidades e identificar detalladamente los anuncios de alojamientos turísticos aplicando un conjunto de filtros que puede ser variante y dar lugar a diferentes listados”. La empresa tiene que elaborar informes mensuales en ficheros tipo hoja de cálculo de formato Excel.
También tiene que realizar informes trimestrales sobre la actividad de los portales de Internet y plataformas que comercialicen pisos turísticos. Este informe “incluirá todos los portales relevantes donde se pueda ver su evolución y valorar cuáles de ellos han de ser objeto de rastreo”. Pero hay un dato muy relevante: los portales relevantes serán decididos por el propio Ayuntamiento, que de esta manera puede tener controlada la actividad de los buscadores que le interesen.
SIN MEDIOS PÚBLICOS PARA ESPIAR
Según el consistorio, el contrato es necesario “para el desarrollo de la actividad y competencias municipales y tiene como finalidad realizar el control de la oferta de plataformas de alquiler turístico en Internet”, pero también asegura que “el Ayuntamiento no puede hacer directamente la prestación objeto del contrato porque no dispone de medios humanos o materiales propios para la realización propia del objeto contractual”.
A pesar de su abultado presupuesto base, señala el informe citado, no se dividió en lotes porque eso “supondría un riesgo para la ejecución correcta del contrato, atendiendo a la naturaleza de su objeto, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que se podría ver imposibilitada por su división en lotes y la ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes, ya que la presentación de los datos admite un margen de modificación para incorporar la innovación tecnológica que podría imposibilitar la agrupación de datos homogéneos o dificultar mucho el análisis”.
UNA SELVA DE PISOS ILEGALES
En la pasada legislatura, el Ayuntamiento detectó y cerró más de 4.900 pisos turísticos ilegales e impuso más de 6.450 sanciones, la mayoría de las cuales fueron a parar a Airbnb. El pasado mes de marzo, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, alabó la estrategia del consistorio al formar una tropa de visualizadores de pisos turísticos. Esa plantilla, no obstante, se vio drásticamente recortada de 40 a 22 personas y la previsión era que dejase de funcionar en mayo. Sanz anunció, entonces, que se tendrían que buscar fórmulas administrativas para mantener a una parte de la plantilla.
Ahora, el cometido recaerá en la empresa Guadaltel, que tiene una larga trayectoria en servicios similares. Entre otros contratos, esta compañía fue la encargada de crear una plataforma de administración electrónica, con fondos Feder, que unía las diputaciones de Granada, Huelva, Jaén y Sevilla junto con la Junta de Andalucía para ofrecer a los ciudadanos una herramienta que les permitiera realizar cualquier trámite sin necesidad de personarse físicamente en las dependencias municipales de las provincias citadas.