Ciutadans, Barcelona pel Canvi y PP han dicho basta y han decidido plantar al gobierno de Ada Colau por "la falta de diálogo y de transparencia" para afrontar el problema de la vivienda en Barcelona. Los concejales Eva Parera (Barcelona pel Canvi), Marilén Barceló (Ciutadans) y Óscar Ramírez (PP) han decidido dejar de participar en la comisión municipal que trabaja para una regulación de los precios de alquiler.
La gota que ha colmado el vaso de estos partidos es un documento, publicado en exclusiva por Metrópoli Abierta, con un decálogo del gobierno municipal para garantizar el acceso a la vivienda. En el citado decálogo, la regidora de Barcelona en Comú, Lucía Martín, defiende un pacto de Estado que comprometa al Gobierno central, a las autonomías y los consistorios a impulsar una política de vivienda con unos presupuestos nuevos y "más ambiciosos", de más de 18.000 millones, que dé respuesta a los efectos sociales económicos y sociales derivados de la crisis sanitaria del coronavirus.
LAS COMISIONES, EN MARCHA
Los tres concejales que firman el comunicado en el que plantan a Colau consideran "una falta de respeto" que se expongan propuestas y conclusiones sobre las políticas a impulsar y el precio de los alquileres "cuando todavía está vigente la comisión no permanente del Ayuntamiento sobre la regulación del precio del alquiler y no se ha constituido la comisión de seguimiento y evaluación de la medida que reserva el 30% de las nuevas obras a vivienda social".
Las tres formaciones rechazan el citado decálogo porque se ha realizado "sin contar con la participación y el consenso de los grupos de la oposición, ha sido comunicado cuando ya había sido redactado, descartando cualquier consenso en este ámbito, y se impulsan medidas que fomentan la okupación". Para Barcelona pel Canvi, Ciutadans y PP, "Barcelona necesita un pacto y un plan de vivienda consensuado con todos los sectores, pero éste no solo se puede alcanzar a nivel local sino que necesitamos tener una visión más metropolitana con el liderazgo del Área Metropolitana de Barcelona".
"ACTITUD FRENTISTA CON EL SECTOR PRIVADO"
"Si queremos solucionar el problema de la vivienda es fundamental el desarrollo de la colaboración público-privada. Censuramos la actitud frentista del gobierno municipal con el sector privado", añaden los tres partidos en el comunicado conjunto. En el decálogo, Martín defiende una colaboración público-privada, pero también "comunitaria y social" para articular una política a 10 años que permita llegar al 10% de vivienda pública del total del parque habitacional.
La iniciativa del gobierno de Colau también recoge la necesidad de "modificar la regulación de los alquileres para hacerlos estables y asequibles". El Ayuntamiento sostiene que se tienen que introducir los cambios legales necesarios para "limitar las causas de no renovación de los contratos y regular los precios". El ejecutivo local también propone establecer una moratoria de los desahucios de personas o familias vulnerables y prorrogar de forma automática los contratos de alquiler durante seis meses, entre otras medidas.