Ada Colau justifica la okupación. Lo ha dicho de forma muy clara en el pleno municipal de septiembre. A pregunta del concejal del PP, Óscar Ramírez, la alcaldesa ha respondido que hay que distinguir las okupaciones con fines delictivos, como son los narcopisos, donde ha asegurado que se ha actuado con "contundencia", de las okupaciones de viviendas de grandes tenedores, bancos o grandes propietarios -que piensan en especular- por parte de familias vulnerables que no pueden acceder a una vivienda digna.
LAS 'OKUPACIONES' CON FINES DELICTIVOS, UNA MINORÍA
"Son dos fenómenos distintos y no se pueden mezclar. Si se mezclan, lo que se hace es estigmatizar a la gente más empobrecida", ha dicho Colau. La alcaldesa ha añadido que las okupaciones con fines delictivos en Barcelona son, por suerte, "una minoría" en Barcelona y ha recordado que el Ayuntamiento ha creado una unidad pionera para abordar los desalojos que pueden afectar a familias vulnerables, para intentar mediar en cada situación, buscando una solución alternativa o haciendo un alquiler social.
Para Ramírez, el problema de la okupación en Barcelona "no es un relato inventado sino una realidad". El edil ha recordado los casos de las mafias del Poble-sec y las 356 denuncias por usurpación ilegal de una vivienda que se han presentado este verano en la ciudad. Para Ramírez, la connivencia con el movimiento okupa de Colau le impide condenar el problema. "Se está produciendo un efecto llamada", ha añadido el concejal popular, para quien "si no se respeta la propiedad privada no hay democracia".
1.065 'OKUPACIONES' EN 2016
Con posterioridad a la intervención de Ramírez, el jefe de filas del PP, Josep Bou ha pedido a la regidora de vivienda, Lucía Martín, que le facilitara el número de okupaciones que se han producido en Barcelona este año. Martín se ha excusado en que esos datos no los tenía el Ayuntamiento sino el departamento de Interior de la Generalitat. Bou ha citado las numerosas veces que el PP ha solicitado las cifras los últimos años en el Ayuntamiento sin que el gobierno de Colau las haya facilitado. El primer semestre de 2016, el último año del que Bou tenía números, había 1.065 okupaciones detectadas.