La Generalitat se embolsa las multas "muy graves" del coronavirus en Barcelona

Las multas que la Guardia Urbana impone en Barcelona relacionadas con el coronavirus y están consideradas como "muy graves" no las cobra el consistorio sino la Generalitat. "Una vez incoado y tramitado el expediente", la tenencia de alcaldía de Seguridad y Prevención, que lidera Albert Batlle, las traslada a la Generalitat, que será la administración que recibirá el dinero de la sanción. Se trata de sanciones de hasta 600.000 euros.

La resolución se ha publicado este miércoles en la Gaseta municipal, el boletín oficial del Ayuntamiento, que recoge un decreto de alcaldía firmado por la alcaldesa Ada Colau del día 15 de octubre. Fuentes municipales indican que esto es así por un decreto de la Generalitat, de rango superior a nivel administrativo que el consistorio. Las mismas fuentes afirman que, en estos ochos meses de pandemia, la Guardia Urbana no ha puesto ninguna multa muy grave.

El AYUNTAMIENTO COBRA EL RESTO DE MULTAS

El resto de sanciones, leves y graves que pone la policía local en la capital catalana las tramita y cobra el Ayuntamiento. El departamento de Interior de la Generalitat tiene la competencia para gestionar las denuncias de las policías locales, pero en el caso de Barcelona, la Carta Municipal (una especie de Constitución local que en España solo tienen Barcelona y Madrid) recoge que el Ayuntamiento tiene la potestad para hacer los cobros. El acuerdo con el Govern se formalizó en julio, así como la aprobación por parte del pleno municipal. 

La potestad sancionadora por "los incumplimientos derivados del estado de alarma y la emergencia sanitaria por el brote epidémico del Covid-19" corresponden en Barcelona a la Agencia de Salud Pública de la ciudad (ASPB). En el pleno del pasado 24 de julio, los grupos municipales aprobaron delegar la citada potestad en el Ayuntamiento de Barcelona. Las sanciones que puede cobrar Barcelona son de hasta 300.000 euros.

BALANCE DE SANCIONES DE DOS MESES

Desde el pasado 1 de septiembre y hasta el 18 de octubre, la Guardia Urbana ha desalojado un total de 28.822 personas por incumplir las restricciones sanitarias y ha interpuesto 3.772 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública. Durante el mismo periodo de tiempo, la policía local ha realizado 41.995 avisos por no llevar la mascarilla y ha sancionado a 1.512 ciudadanos. La mayoría de las multas que ponen los agentes son por el incumplimiento de la Ley de Salut Pública. También se sanciona por la infringir la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley mordaza.