Las mentiras y los grandes errores de Colau

Ada Colau prometió que su gestión como alcaldesa de Barcelona sería transparente y se comprometió a erradicar “los vicios” de la política municipal cuando ganó las elecciones municipales de 2015. Cinco años después, la ciudad vive la peor crisis de las últimas décadas por culpa del coronavirus, agravada por el desprecio de la alcaldesa hacia los sectores económicos y sus obsesiones dogmáticas.

Algunos problemas, como el de la vivienda, persisten. Otros, como la inseguridad, la movilidad y las okupaciones ilegales, se han agravado. También se disparan las sospechas por los contratos a “dedo” que año tras año otorga el Ayuntamiento de Barcelona. El malestar de los vecinos sube de tono y los barómetros municipales indican que la ciudad está peor que hace un lustro. Muchas son las promesas incumplidas por Colau y sus deudas con una metrópoli que precisa una mayor amplitud de miras.

MENOS TRANSPORTE PÚBLICO, MENOS CARRILES, MÁS ATASCOS

Con nocturnidad y Alevosía, Ada Colau sacó la brocha y pintó las calles de Barcelona. También colocó elementos disuasorios (bolardos, bloques de hormigón…) que, según los técnicos en movilidad, son un peligro para la seguridad de vehículos privados y compartidos. En algunas calles del Eixample (Consell de Cent, Girona, Rocafort…) solo queda un carril para la circulación y los atascos y los ruidos se han disparado.

Colau y los comunes aceleraron su guerra al coche y las motos con la crisis del coronavirus. Muchos vecinos discrepan de las medidas adoptadas. Y el sector económico alerta del impacto negativo que las actuales restricciones tendrán para muchos negocios. Los usuarios de las bicicletas, mayoritariamente, aplauden el nuevo escenario. La asociación Amics de la Bici, no obstante, critica que la alcaldesa no tiene un plan de movilidad y se mueve por impulsos en su lucha por combatir los efectos nocivos de la contaminación.

Una furgoneta circula por Consell de Cent a la altura de Rocafort / AJUNTAMENT DE BARCELONA

 La movilidad de Colau suscita muchos recelos entre los alcaldes socialistas del área metropolitana. “En Cornellà queremos espacios verdes sin agredir al coche”, proclama Antonio Balmón, alcalde de dicha población y vicepresidente ejecutivo del AMB. Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell, cuestiona sus medidas para frenar la entrada de vehículos de otras poblaciones y recuerda que los barceloneses se desplazan en vehículos privados a los polígonos del Vallès.

El gobierno municipal defiende el transporte público, pero muchos ciudadanos tienen miedo a posibles contagios en el metro y el bus. Las cifras no engañan. Entre enero y junio, TMB perdió 153,4 millones de usuarios y asume pérdidas superiores a los 240 millones de euros en 2020. Esta cifra incluso puede ser mayor. En los primeros meses de la pandemia, las pérdidas rondaban los 30 millones de euros. Ahora superan los 20 mensuales. En plena crisis, TMB quiere echar a 100 conductores pero ficha a 10 altos directivos.

POCA VIVIENDA PÚBLICA Y MUCHAS OKUPACIONES

Colau, activista antes que alcaldesa, alcanzó notoriedad como portavoz de la PAH. Tras ganar las elecciones de 2015 prometió que construiría 4.000 pisos públicos en su primer mandato. En 2019, solo se habían terminado 800 viviendas municipales y se habían adquirido 700. En 2019, no quiso dar cifras. Su carta electoral fue la exigencia de que los constructores debían destinar el 30 % de las nuevas viviendas a pisos sociales, una medida muy criticada en el sector y por los economistas. Desde 2015, el precio de los alquileres ha subido un 40% en Barcelona y las políticas de vivienda de Colau incluso han sido criticadas por la PAH y la FAVB.

El precio de las viviendas apenas ha bajado con la crisis del coronavirus. El problema sigue enquistado, con desahucios en todos los barrios. Paralelamente, las okupaciones ilegales se multiplican. Barcelona es la capital de la okupación. En toda la provincia se registraron 5.101 okupaciones, casi cuatro veces más que en toda la Comunidad de Madrid: 1.441 casos.

Miembros de los colectivos de Okupas en un despacho de abogados / ARCHIVO

El problema de la okupación es motivo de discusiones y tensiones entre comunes y socialistas. Colau, curiosamente, dice que las okupaciones ilegales van a la baja. Albert Batlle, teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención, sostiene lo contrario y pide una actuación contundente por parte de la judicatura y la fiscalía. Mientras Batlle recalca que Barcelona tiene un problema, la alcaldesa calla para no molestar a sus fieles. En este y otros asuntos, la primera edil prioriza los posicionamientos dogmáticos de los comunes al interés general.

TENSIONES CON LOS SECTORES ECONÓMICOS

“Ada Colau no tiene un plan económico para Barcelona ni le interesa”, sostiene un antiguo alto cargo del PSC. El sector económico comparte la sentencia y censura las formas de la alcaldesa. Su desprecio. Durante las tensas negociaciones con el Gremi de Restauració y el comercio barcelonés para paliar los daños del coronavirus, Colau ni tan siquiera se reunió con los sectores afectados. Jaume Collboni (PSC) lidió con el malestar de restauradores y comerciantes, y con la nula empatía de los comunes. Su perseverancia facilitó un acuerdo que alivió los problemas de los sectores más castigados por la pandemia. A principios de año, las tasas de las terrazas del centro habían subido hasta un 700 % en un claro desafío que retrataba el afán recaudatorio del gobierno local.

Colau no le coge el teléfono a importantes líderes empresariales de Barcelona. El mismo talante esquivo tiene Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática. Su desprecio a los responsables de Serveis Funeraris de Barcelona fue muy criticado por fuentes del sector. También dolieron sus mentiras. Su juego sucio. Su silencio sobre el monopolio de la cremación en la capital catalana y la opacidad de Cementiris de Barcelona, empresa de titularidad municipal que ganó 20 millones de euros en 10 años, una cantidad muy superior a la que invirtió en el mantenimiento de sus instalaciones. En 2017, se desplomaron 144 nichos en el cementerio de Montjuïc.

Panorámica del cementerio de Montjuïc, con Colau y Badia en primer plano / MONTAJE

Igual de beligerantes se han mostrado Colau y Badia con Agbar, la compañía que gestiona el servicio del agua en Barcelona y el área metropolitana. Critican el precio de las facturas, pero silencian que los barceloneses pagan una tasa metropolitana de tratamiento de residuos y una local de recogida de residuos. La remunicipalización del agua es desaconsejada por la mayoría de los expertos y fracasó en Berlín.

COLAU Y LOS CONTRATOS A DEDO

Colau se quejaba de los contratos a dedo que otorgó el gobierno de Xavier Trias entre 2011 y 2015. Prometió que limitaría la adjudicación directa, pero los porcentajes se mantienen por encima del 90%. Se trata de contratos inferiores a 18.000 euros, concedidos, en muchos casos, a entidades afines. Próximas a los comunes.

Alberto Fernández Díaz, ex presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, denunció en 2018 los “dedazos de Colau”. “Del total de 12.950 contratos adjudicados en 2017, 12.284 lo fueron de forma directa”, impulsados por el consistorio “sin garantizar los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de oportunidades a todas las empresas”. Ciutadans, por su parte, criticó el 14 de octubre que desde 2017 se han adjudicado casi 300 contratos por un céntimo menos del límite legal" y pidió que "se ponga fin a la dedocracia que Colau ha instaurado en la gestión diaria del Ayuntamiento". "Existe una voluntad dolorosa de trocear contratos para eludir los requisitos y principios esenciales en materia de contratación", añadió la formación naranja.

Jaume Collboni y Ada Colau, en un pleno municipal / ARCHIVO

Entre 2015 y 2018, el gobierno municipal adjudicó el 94,44 % de los contratos sin realizar concurso público. El importe total de estas concesiones ascendía a 261 millones de euros. El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó al menos 56 contratos menores a dedo a Unipost, la empresa de mensajería señalada por colaborar con la organización del 1-O. Unipost tenía deudas con la Seguridad Social y se encontraba en fase de liquidación concursal. Muy controvertidas también han sido las concesiones a Iridia, entidad que estuvo presidida por la madre de Rodrigo Lanza. En 2019, Colau regó a Iridia con casi 88.000 euros por cinco proyectos.

INSEGURIDAD: LOS DATOS ASUSTAN

La inseguridad, según los datos oficiales del Barómetro del ayuntamiento, es el gran problema de Barcelona. Albert Batlle, teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención, detecta “un cambio de tendencia” en los últimos meses, más allá de la reclusión activada durante el estado de emergencia. Los hurtos, los robos con violencia e intimidación y los robos en el interior de los vehículos son los delitos más comunes en la capital catalana. En 2019 también se registraron más robos con violencia en Barcelona que en Madrid.

Batlle intenta revertir las cifras de 2019. Hace un año se registraron 17 homicidios en la ciudad, cifra que destapó la mala gestión de las administraciones públicas y la desidia de Colau. En Barcelona se contabilizan más de 500 delitos al día y el Raval es el barrio más conflictivo. “La inseguridad está directamente relacionada con el tráfico de drogas”, remarca Batlle. Colau, en cambio, afirma que Barcelona solo tiene “problemas puntuales” de inseguridad. De las mafias que operan en la ciudad no sabe y/o no contesta.

Robo con violencia en el Gòtic / ARCHIVO

El teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención ha tenido que gestionar el malestar de la Guardia Urbana con Colau. El principal sindicato, el CSIF, culpa a la alcaldesa de los elevados índices de inseguridad y asegura que Barcelona ha retrocedido a los años 80 a nivel policial. “Hay una problemática muy seria de convivencia en el espacio público, con peleas con armas blancas y de fuego, y un alto índice de mendicidad. Barcelona es una ciudad sin ley”, denuncia Eugenio Zambrano, agente de la Guardia Urbana y secretario de Organización del CSIF.

MALESTAR EN LOS BARRIOS

Colau prometió que sería la alcaldesa del pueblo, pero día tras días se aleja de los vecinos. De los conflictos de sus 73 barrios. La primera edil sigue sin resolver algunos problemas eternos de Barcelona. Las reformas de la Via Laietana, la Rambla, las casernes de Sant Andreu y del parque de los Tres Turons siguen encalladas. También, la cobertura de la ronda de Dalt y la transformación del Canòdrom de la Meridiana y de la calle Pi i Margall. Con las crisis del coronavirus, algunas carpetas seguirán cerradas.

Ciutat Vella es el distrito con más tensiones y problemas de convivencia, sobre todo en el Raval y la Barceloneta. En el Eixample, el distrito con mayor siniestralidad de España, también esperan noticias sobre los nuevos usos de la Modelo: la construcción de vivienda pública, de una biblioteca y 14.000 metros cuadrados de espacio verde. Los vecinos de Sarrià y Les Corts se quejan de la falta de equipamientos. En Gràcia y en Ciutat Vella, mientras, los restauradores critican las negativas del consistorio para ampliar y abrir nuevas terrazas. Y en Sant Martí están hartos de la dejadez, la sociedad y los ruidos de muchas calles.

Vista aérea del espacio donde se construirán 152 pisos para ancianos en las Casernes de Sant Andreu / ARCHIVO

Las desigualdades económicas se mantienen en la Barcelona de Colau. Nou Barris es el distrito más pobre. Tiene una renta per cápita media de 12.045 euros anuales, 4.000 euros por debajo de Sant Andreu. Los barrios más deprimidos son Prosperitat, Can Peguera, Vallbona, Torre Baró y Ciutat Meridiana. Filiberto Bravo, el carismático líder vecinal de Ciutat Meridiana, denuncia que la actual alcaldesa tampoco es receptiva con los problemas del barrio: "Colau hizo un Míster Marshall en Ciutat Meridiana: vino de paso y se fue". Desde entonces, no saben nada de ella.