Barcelona en Comú y PSC, un matrimonio de conveniencia con muchas turbulencias

El matrimonio (político) entre Ada Colau y Jaume Collboni ha sufrido muchas crisis. El suyo nunca ha sido un amor auténtico, sino una unión de conveniencia que en 2017 ya vivió una turbulenta ruptura. Entonces, por culpa del proceso independentista y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dos años después, comunes y socialistas se blindaron para evitar otro cisma por motivos identitarios y marcaron algunas líneas rojas. En plena crisis del coronavirus, las discrepancias han sido sonadas. Varios son los temas en los que chocan Barcelona en Comú y PSC: la extrema izquierda populista y la izquierda más transversal.

MOVILIDAD

Rosa Alarcón (PSC) es la presidenta de TMB y la concejal responsable de la movilidad en Barcelona. Comprometida con potenciar el transporte público y los transportes alternativos al coche y la moto, como las bicicletas y los patinetes, Alarcón está muy preocupada por la caída de usuarios en el metro y el bus. Las pérdidas son millonarias.

La Barcelona de Alarcón, sin embargo, difiere de la Barcelona de Colau. La alcaldesa, con premeditación, nocturnidad y alevosía pintó las calles de Barcelona de amarillo y azul para reducir los carriles que utilizaba el transporte privado. También instaló bloques de hormigón sin el aval de ningún informe técnico. Alegó que la crisis sanitaria recomendaba aceras más amplias, pero la realidad choca con los postulados de Colau. Los barceloneses apenas utilizan el espacio ganado y el malestar de vecinos y conductores sube de tono. En la calle del Consell de Cent, los atascos son monumentales y, en plena crisis, Alarcón asume la posible retirada de estos bloques de hormigón.

Bloques de hormigón en una calle del Eixample / ARCHIVO

La gran discrepancia entre socialistas y comunes se centra en las actuales restricciones del centro de la ciudad. El comercio, muy castigado por la pandemia, está harto de tantas trabas. El PSC es sensible y receptivo con las demandas de los comerciantes. Los socialistas han abierto vías de diálogos para atenuar el impacto negativo de la crisis. Los comunes insisten en sus medidas restrictivas. Caiga quien caiga.

MEDIDAS ECONÓMICAS

El sector turismo es el más castigado por la pandemia. Hoteles, comercios y restauradores están con la soga al cuello. Muchos negocios han quebrado y otros palidecen. Jaume Collboni es su interlocutor en la búsqueda desesperada de soluciones. De Colau no esperan nada. Nada bueno. El menosprecio de la alcaldesa es mayúsculo. Ni tan siquiera ha tenido un gesto con el sufrimiento de tantas y tantas empresas y trabajadores. Al contrario. Prosigue con su política de acoso y derribo a las grandes compañías. “La suya es una obsesión enfermiza”, sostienen fuentes del sector económico.

Colau delegó en Collboni para calmar el malestar de los restauradores. Tras aprobar un abusivo incremento de las tasas de las terrazas, el gobierno municipal reculó cuando estalló la pandemia. Tras unas negociaciones muy tensas con reproches e insultos subidos de tono, el PSC alcanzó un pacto con el Gremi de Restauració para salvar miles de negocios. La satisfacción de los socialistas contrastó con la indiferencia de los comunes. En la presentación del acuerdo, Collboni sonreía y Janet Sanz (BeC) estaba de mal humor. Sanz, la misma que abogó por la eliminación de la industria automovilística de Barcelona, repetía machaconamente que la ampliación de las terrazas pasaba por reducir el espacio dedicado al coche. La mayoría de peticiones para ampliar las terrazas en Ciutat Vella y Gràcia han sido rechazadas.

Terrazas del Port Vell, en Palau de Mar / ARCHIVO - JORDI SUBIRANA

El PSC también lideró el acuerdo por los nuevos presupuestos de Barcelona. Mientras Colau priorizó un pacto con ERC, los socialistas persiguieron un acuerdo amplio de ciudad. Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona pel Canvi y PP antepusieron el interés colectivo al particular.

SEGURIDAD

Ada Colau nunca ha tenido una buena sintonía con los mandos y los sindicatos de la Guardia Urbana. El desprecio a la labor de la policía local fue mayúsculo durante su primer mandato. Gala Pin, ex concejal de Ciutat Vella, simbolizó el desapego de los comunes hacia las fuerzas de seguridad. En plena crisis por la proliferación de narcopisos en el Raval, Gala pin vio la luz: “En estos tres años hemos aprendido que la policía es imprescindible para Barcelona”.

Colau reaccionó tarde y de manera tibia en la lucha contra el narcotráfico. También fue muy permisiva con los manteros, que recibían chivatazos de algunas operaciones de la Guardia Urbana. El nombramiento (en 2019) de Albert Batlle (PSC) como nuevo responsable de seguridad fue muy aplaudido por la oposición y por amplios sectores de la ciudad. Batlle comenzó con mucha fuerza y determinación en la lucha contra el narcotráfico, el comercio ilegal y las okupaciones. Tanta que incomodó a los comunes. La firmeza de Batlle disgusta a Colau y los suyos.

Policías acordonan una calle de Ciutat Vella / ARCHIVO

Los últimos datos del barómetro del Ayuntamiento confirman que la inseguridad es el problema que más preocupa a los barceloneses. Los robos y hurtos se han disparado desde 2015. En 2019 se registraron 229.258 delitos en la capital catalana. Es decir, más de 600 al día. En las poblaciones del área metropolitana, solo El Prat tiene unos índices peores. Y su ayuntamiento también está en manos de los comunes.

OKUPACIÓN

Collboni es conocido como el gentleman del Ayuntamiento y Colau como la alcaldesa activista. Orgullosa de su pasado como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Colau tuvo un pasado okupa. Con ella en la alcaldía, Barcelona es la capital europea de la okupación, la ciudad preferida de muchas mafias que se lucran con el problema de la vivienda.

Los okupas cuentan con la permisividad de Barcelona en Comú. Y de ERC. Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona pel Canvi y PP piden mano dura, soluciones drásticas y menos complicidad de Colau. Y el PSC navega entre dos aguas. El gobierno de coalición con los comunes explica su prudencia en un tema tan delicado. El pasado 19 de septiembre, Collboni criticó la inacción de la Generalitat en los últimos años.

Policías junto a una casa okupa de Barcelona / ARCHIVO

Fuentes del PSC, no obstante, expresaron a Metrópoli Abierta su rechazo y preocupación por el incremento de las okupaciones en Barcelona. Los socialistas apuestan por “una acción policial y judicial firme para luchar de manera efectiva contra las mafias que se aprovechan y hacen negocio con las necesidades de las familias”. Colau, en cambio, prefiere mirar hacia otro lado y justifica muchas okupaciones. Obviamente, ni ella ni sus concejales denunciaron el ataque contra la antigua redacción de Metrópoli Abierta.

GUERRA CON AGBAR

Aigües de Barcelona, una de las empresas con mejor reputación y 153 años de historia, gestiona el ciclo integral del agua. Su servicio es uno de los mejor valorados. Los barceloneses lo puntúan con un notable de media, según varias encuestas. Los comunes, sin embargo, iniciaron una agresiva campaña para remunicipalizar el servicio que no conectó con la ciudadanía y fue tumbada por el Tribunal Supremo, que avaló la empresa creada, en 2012, por Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona para el suministro del agua.

Colau y Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática, se han mostrado muy activos en su campaña de desprestigio contra Agbar. Critican el precio de las facturas pero silencian los elevados impuestos que pagan los barceloneses. Desde 2020, deben abonar dos tasas casi idénticas: una metropolitana por el tratamiento de los residuos y otra local por la recogida de los residuos. Sin olvidar la tasa de cloacas.

Ada Colau y el concejal Eloi Badia, en un fotomontaje con la sede central de Agbar en Barcelona 

En su campaña, los comunes emplazaron a los ciudadanos a colapsar una centralita de Agbar. Ni se inmutaron ante el malestar de la oposición y de muchos usuarios por los impuestos que debían abonar en la factura del agua. Los socialistas, mientras, optaron por el silencio. Un silencio que esconde su malestar con las formas y el fondo de Colau, la alcaldesa que desprecia a las grandes empresas.

TURISMO Y AEROPUERTO

Barcelona vivió su gran transformación con los Juegos Olímpicos. Los años 90, con Pasqual Maragall (PSC) en la alcaldía, fueron años de crecimiento económico y de proyección internacional para la capital catalana. El turismo ganó protagonismo y se consolidó como una gran industria en la ciudad. En 2019 representaba, aproximadamente, el 14 % del PIB de Barcelona, una cifra que disgustaba y molestaba a los comunes. Colau activó una moratoria hotelera y desde plataformas afines a Barcelona en Comú se activaron campañas de turismofobia que culminaron con pintadas, insultos y agresiones a turistas.

La siempre controvertida Gala Pin llegó a calificar a los turistas como “plagas de langostas”. La alcaldesa, mientras, se prodiga en sus críticas a los cruceristas y se opone a la construcción del Hermitage Barcelona para malestar de los responsables del Port de Barcelona. Hoteleros, restauradores y comerciantes lamentan la falta de empatía del actual gobierno municipal para rescatar a la industria turística.

Colas en el aeropuerto de El Prat / EUROPA PRESS

Comunes y socialistas chocan también al abordar el futuro del aeropuerto de Barcelona. La teniente de alcalde de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz, se ha expresado en contra de la propuesta de Aena de ampliar la tercera pista del aeropuerto de El Prat para construir la nueva terminal satélite prevista para 2026. “El crecimiento del aeropuerto no es infinito. Necesitamos medidas para reducir las emisiones de CO2”, recalcó Sanz, contraria a un incremento de vuelos y pasajeros.

PROSTITUCIÓN

Ada Colau ha hecho bandera del feminismo y de la libertad sexual. En el PSC asumen dichos principios. Sin embargo, sus posturas respecto a la prostitución son distintas. Antagónicas. Mientras los socialistas son abolicionistas, los comunes se decantan por las tesis regulacionistas.

"Las mujeres prostitutas son, mayoritariamente, migrantes o de una posición social desfavorecida”, argumenta Collboni. Los abolicionistas defienden el modelo sueco, que criminaliza al putero y sostiene que “las prostitutas son víctimas de una violencia atroz”. El Ayuntamiento de Gavà (PSC) se abona a estas tesis y multa a las personas que pagan por un servicio en el espacio público. Previamente envía una carta al domicilio de la persona que ha solicitado tal servicio.

Dos prostitutas esperan la llegada de posibles clientes / ARCHIVO

Los comunes, en cambio, defienden “los derechos de las prostitutas”. La concejal Laura Pérez sostiene: “Las mujeres hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo”. El gobierno de Colau destinó una partida de 1,5 millones de euros a entidades que trabajan para mejorar las condiciones de las prostitutas entre 2020 y 2021.