El Ayuntamiento de Barcelona acaba de otorgar un jugoso contrato de casi 400.000 euros (que podrán ser ampliados en 200.000 euros más) a una de las empresas que se han hecho de oro en los últimos años con los servicios sociales. Se trata de la firma Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, que ha visto multiplicarse su facturación con las arcas municipales desde el 2015. Esta compañía se hizo con un contrato de 9,5 millones de euros para gestionar el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) a finales del 2019, contrato que todavía está en vigor. Por asesorar al Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) se embolsó casi otro millón, cifra que puede doblarse este año con la prórroga establecida de un ejercicio más.
Progess tiene casi una veintena de contratos públicos con el Ayuntamiento barcelonés. A pesar del macrocontrato de 9,5 millones a finales del 2019, en la relación de proveedores del consistorio relativo al año 2019, Progess aparece sólo con 17 contratos por un total de 3.981.450 euros.
TRES CONTRATOS MÁS DESDE NOVIEMBRE
En los últimos meses, esta empresa se hizo con, al menos, otros tres contratos municipales. A finales de noviembre, se llevó una adjudicación de 808.543 euros para la gestión del Espai Jove Pau Alòs y el Punt InfoJove del distrito de Ciutat Vella. Este contrato, por dos años, se verá aumentado en otros 800.000 euros si se prorroga otros dos años más, por lo que su monto total llega a 1,6 millones de euros. Otro contrato del mes de diciembre le supuso 111.039 euros más por el servicio de “valoración de situación de vulnerabilidad social”, otorgado por el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB). Este contrato podrá tener dos prórrogas, por lo que el precio inicial se podrá triplicar.
Por último, también en el mes de diciembre, Progess se llevó otro contrato de 74.044 euros para el fomento de la participación comunitaria de colectivos con especial dificultad de integración social en el Turó de la Peira. Esta adjudicación podría doblar su gasto si se prorroga un año más, como es previsible. Con motivo de la crisis sanitaria, le fueron adjudicados varios encargos de forma directa y sin pasar por concurso, como uno de más de 224.000 euros para el “apoyo a personas vulnerables en riesgo de contraer el Covid”.
Agente cívico en Barcelona / AJ BCN
EDUCADORES PARA SANTS-MONTJUÏC
Al margen de esas adjudicaciones, este mes de diciembre, Progess fue la beneficiaria de otro contrato que supondrá un desembolso para las arcas públicas de 394.407 euros durante los dos próximos años, pero se podrá prorrogar otro año, para lo que se ha previsto una partida presupuestaria de unos 200.000 euros más. En total, pues, unos 600.000 euros. El cometido que tendrá que hacer es prestar el “servicio de educadores cívicos para el espacio público en el distrito de Sants-Montjuïc”. Al concurso, curiosamente, sólo se presentó esta empresa.
Según el Informe de necesidad e idoneidad, este contrato “es necesario para el desarrollo de la actividad y las competencias municipales y tiene como objetivo la prestación del servicio de educadores cívicos para realizar acciones que favorezcan la convivencia y acciones comunitarias en el distrito de Sants-Montjuïc”. El objetivo, añade en otro párrafo, es “fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público del Ayuntamiento de Barcelona”, que se puede traducir como la obligación de “preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los otros, y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversa existentes en Barcelona”.
ÁRBITROS DEL ESPACIO PÚBLICO
En el pliego de prescripciones técnicas se especifica que el servicio a prestar es importante también por otros motivos: “Por un lado, los usos intensivos de algunos espacios pueden llegar a convertirse en usos privativos o prácticas irresponsables de grupos determinados. Por otro lado, la pérdida de habilidades sociales para autogestionar las diferencias, sumado a cierto abandono del espacio público como lugar de socialización provoca tensiones que pueden tomar forma de denuncia, sospecha y sensación de inseguridad”. Se trataría, pues, de realizar trabajos de mediación en los conflictos que puedan generarse por los usos de un mismo espacio público entre diferentes grupos.
Los educadores, además de la intervención directa (de carácter informativo y divulgativo) también deberán recoger las “inquietudes ciudadanas en relación con la convivencia y el civismo” para derivar esas problemáticas al negociado correspondiente. Entre otras cosas, también deben detectar casos de exclusión social, actividades inadecuadas (casos de vandalismo, consumo de estupefacientes en la calle, venta ambulante, defecación o micción…), uso intensivo o masivo del espacio público (especialmente el relacionado con el ocio nocturno), problemas de convivencia (por choque cultural, intergeneracional o estereotipos) y el mantenimiento del mobiliario urbano, la basura o la iluminación.
Fuentes municipales indicaron a este medio que se trata de un "servicio existente desde 2014 formado por cuatro profesionales del ámbito de la intervención social en el espacio público". Con esta cifra de profesionales, y en caso de que el contrato cuente con dos años de duración, el coste por cada educador alcanza los 49.300,21 euros.