El Ayuntamiento de Barcelona ha encargado 406 equipamientos periféricos compuestos de cámara webcam y auriculares para dotar al personal municipal de herramientas para el teletrabajo. La adjudicación de este material se realizó el pasado 22 de diciembre, a las puertas de la Navidad, pero antes de que el Gobierno de la Generalitat decidiese endurecer las medidas de confinamiento para atajar la expansión de la pandemia del Covid-19.
El contrato fue adjudicado a la empresa Digital Supply Chain, una firma gallega con sede en Santiago de Compostela propiedad de Ángel Hernández, que controla un pequeño holding de venta informática, de moda, preparados dietéticos, bebidas y productos alimenticios por Internet. Su coste para las arcas públicas será de 42.302 euros.
LOS OBJETIVOS
El encargo ha sido realizado por el Institut Municipal d’Informàtica (IMI). “Actualmente, un elevado porcentaje del equipamiento informático no dispone de equipo webcam ni auriculares, lo que implica que se necesita adquirir un conjunto de equipamiento multimedia para poder hacer frente al despliegue de equipos por teletrabajo para los trabajadores municipales”, dice el informe de justificación de la licitación. Señala, asimismo, este documento que los principales objetivos del proceso de contratación son dos: “Adquirir un conjunto de equipamiento informático periférico para teletrabajo compuesto por webcam, y auriculares; y mejorar la ergonomía y el espacio disponible en los puestos de trabajo”.
Los técnicos calcularon la adjudicación del contrato antes de finalizar el año para que el gasto pudiese ser imputado directamente al ejercicio 2020. No obstante, el pasado 31 de diciembre se realizó una modificación en la resolución de adjudicación, se anuló el presupuesto del ejercicio de 2020 y se cargó el contrato al ejercicio de 2021. Curiosamente, el presupuesto de licitación coincide hasta el último céntimo con la oferta realizada por la compañía que se llevó el contrato. Para licitar esta adjudicación, no se constituyó mesa de contratación y sólo se admitieron propuestas vía Internet.
LAS CONDICIONES Y LA CONFIDENCIALIDAD
Entre las condiciones para el suministro del material, el Ayuntamiento de Barcelona deslizó la obligatoriedad de “reducir el consumo de energía asociado al uso de los equipos; reducir las emisiones de cualquier tipo (sonoras, electromagnéticas, de sustancias nocivas…) que puedan afectar al medio ambiente o a la salud de las personas; y minimizar el impacto asociado a los residuos, especialmente en relación a los consumibles, fomentando en la medida que sea posible la reutilización y el reciclaje”. El periodo de garantía de las cámaras y auriculares ha de ser de cinco años.
Además, obliga a la empresa adjudicataria a guardar confidencialidad sobre el producto suministrado y a “no difundir y guardar el más absoluto secreto de toda la información a la que tenga acceso en cumplimiento del presente contrato (…) una vez finalizado el contrato, el adjudicatario se compromete a destruir con las garantías de seguridad suficientes o retornar toda la información facilitada por la Administración Municipal, así como cualquier otra, producto obtenido como resultado del presente contrato”.
También recuerda que cuando el contrato es la construcción o mantenimiento de sistemas de información o infraestructuras tecnológicas, “el deber de secreto incluye los componentes electrónicos y medidas de seguridad técnicas implantados en los mismos”. Según el consistorio barcelonés, a esta licitación concurrieron 7 empresas, pero la Administración local ha mantenido en secreto el nombre de las mismas. Tampoco se hicieron públicas las ofertas económicas de las seis empresas restantes: sólo se conoce la de Digital Supply Chain, que coincide con el valor máximo del presupuesto que tenía el Ayuntamiento para este equipamiento.
OTRO CONTRATO DE EMERGENCIA
Paralelamente, el 17 de diciembre la gerencia de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI otorgó otro contrato a la firma Serveis i Complements per Infraestructures por un monto total de 44.358 euros para “el servicio de explotación de datos y situación de afectación del Covid-19”. Este último contrato se realizó sin ninguno de los trámites normales que necesitan los contratos públicos, es decir, sin realizar informe alguno y otorgando el mismo directamente a una empresa. El procedimiento seguido fue el dictaminado “según instrucciones internas”.
En el decreto de adjudicación se especifica que en este caso se recurre a “la utilización del procedimiento de emergencia” para decidir su otorgamiento. El contrato tiene por objeto, según el citado decreto, “el servicio de respuesta a la necesidad de disponer de datos de la afectación del Covid-19 en los colectivos vulnerables (usuarios de los servicios sociales y trabajadores municipales y las empresas que prestan servicio durante la crisis)”.