El gobierno municipal de Barcelona, liderado por Ada Colau, ha decidido adoptar posturas contradictorias de carácter medioambiental en un contexto marcado por la pandemia de coronavirus.
La alcaldesa y el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, no renuncian al ladrillo en la capital catalana. Prueba de ello es que siguen adelante con sus planes para sustituir el parque de la Ronda de Dalt por edificios. Al mismo tiempo, han preparado una importante suma económica para contratar a informadores ambientales.
HASTA UN MILLÓN
El Ayuntamiento acordó en la última comisión de gobierno iniciar el expediente para la contratación de estos informadores. Estos empleados dependerán de la Gerencia de Ecología Urbana del consistorio, un área cuya máxima responsabilidad recae en Janet Sanz y el propio Badia.
Si bien el presupuesto base de licitación se ha establecido en 597.310,13 euros, el valor aproximado que indica el consistorio ha asecendido hasta 1.096.653,94 euros. Sobre el importe de base, está previsto destinar 290.521 euros durante este año. Para 2022, se estima que el gasto ascienda hasta los 306.789,10 euros.
AGENTES CÍVICOS
Este acuerdo ha llegado después de que la administración desembolsara 400.000 euros en agentes cívicos para el distrito de Sants-Montjuïc. La cuantía cubrirá el trabajo de cuatro empleados durante dos años, con posibilidad de prórroga durante otros 12 meses adicionales.
La compañía que se hizo con este concurso público fue Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, una empresa que ha recibido adjudicaciones millonarias del gobierno de Colau.
Fuentes municipales apuntan que la labor de estos informadores pasa por "el apoyo en las acciones del área de Ecología, Urbanismo, Movilidad e Infraestructuras que requieren una labor informativa y pedagógica a pie de calle".