El Observatori Desc quintuplicó su patrimonio neto con Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. La ONG donde trabajó la primer edil de la ciudad antes de entrar en política ha escalado posiciones financieras en los últimos años. Enginyeria Sense Fronteres (ESF) es otra asociación que está bajo la lupa de la Fiscalía, ya que incremento sus ingresos un 30%.

En 2014, el Observatori Desc tenía un patrimonio neto de 63.327,85 euros; en 2017, las últimas cifras públicas y auditadas muestran un patrimonio neto de 394.823 euros, cinco veces más.

El resto de guarismos del Observatori Desc se mantienen inalteradas, según avanza Crónica Global: los ingresos incluso cayeron en cuatro años –de 450.429 euros a 350.818 euros–, y el beneficio neto se mantuvo en negativo: de una pérdida de 1.532 euros en 2014 a un quebranto de 8.482 euros en 2017.

ENGINYERIA SENSE FRONTERES, BAJO LA LUPA

La organización sin ánimo de lucro en la que trabajó el concejal Eloi Badia, Enginyeria Sense Fronteres, también está investigada por las aportaciones públicas a esta asociación. El ESF mejoró sus cuentas con Barcelona en Comú al frente del consistorio. En 2014 ingresó 1.075.854 euros y en 2019 alcanzó los 1.375.578 euros, un 30% más.

El Observatori Desc asegura que “al ser una entidad sin ánimo de lucro, no tiene la obligación de presentar las cuentas anuales al Registro de Fundaciones de la Consejería de Justicia”. Sin embargo, las elaboran y auditan “por recibir financiación pública y para ser más transparentes”: en dos ejercicios, esta entidad del Ayuntamiento ha recibido 666.710 euros.

Hasta 454.468 euros de estos 666.710 euros corresponden al convenio bianual que firman el gobierno municipal con Desc, la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética. El acuerdo se remonta al mandato anterior, pero el interventor municipal ha cuestionado el procedimiento. Pese a ello, su gobierno ha renovado el acuerdo.

ADA COLAU, DENUNCIADA

La Asociación Abogados Catalanes por la Constitución ha denunciado ese acuerdo sin concurso público. El escrito de esta plataforma ha recalado en la Fiscalía Provincial de Barcelona, que ha incoado diligencias de investigación por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha insistido siempre en que "la convocatoria de subvenciones se ajusta siempre a la legalidad vigente y los procedimientos administrativos son públicos y consultables”.

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