El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha dictado el sobreseimiento -o lo que es lo mismo la suspensión o el archivo del caso- de una querella interpuesta por el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, contra el secretario general de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Barcelona, Horacio López, y el propio sindicato. El auto, al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, considera que los hechos no son constitutivos de delito.
La querella presentada por Velázquez era por presuntas injurias. Detrás de la denuncia está el reparto de entradas que la Sagrada Família regaló, el pasado verano, a los servicios esenciales -entre ellos a los agentes de la policía local barcelonesa- para visitar la basílica gratuitamente en reconocimiento a la labor realizada durante la primera ola de la pandemia. Los responsables del templo ofrecieron a los servicios sanitarios y de emergencias, así como a las fuerzas de seguridad, cuatro días -durante la primera quincena de julio- para hacer el tour por la Sagrada Família.
POLÉMICA POR UNAS ENTRADAS A LA SAGRADA FAMÍLIA
Para confirmar la visita, los agentes debían reservar previamente. Según la sentencia, la basílica ofreció 530 tickets a la Guardia Urbana. En la nota de prensa del pasado mes de junio, CSIF aseguraba que ningún agente se pudo beneficiar de la iniciativa porque la Jefatura del cuerpo no había facilitado a la mayor parte de la plantilla el enlace para hacer la reserva. En la información que publicó el 17 de junio este medio, el Ayuntamiento negó por completo las acusaciones de CSIF y aseguraba que en esas fechas las entradas todavía no se habían repartido entre los policías del cuerpo. Fuentes de Sagrada Família informaron entonces que todas las localidades ya estaban reservadas y, por lo tanto, agotadas.
La sentencia recoge que el jefe de la Guardia Urbana pidió al secretario general de CSIF que desmintiese las informaciones difundidas desde el sindicato. Sin embargo, López no solo no lo hizo sino que reiteró sus acusaciones a través de otros canales. El texto judicial viene a decir que el enfrentamiento entre Velázquez y CSIF viene de lejos. Con anterioridad, el sindicato había presentado una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa Ada Colau y el propio Velázquez porque consideraba que el nombramiento del jefe de la Urbana se había hecho de forma "arbitraria" y sin fundamento legal". La denuncia fue archivada.
NO HAY INJURIAS GRAVES
Velázquez habla de un "contexto beligerante" con el sindicato y cita, además de la denuncia por prevaricación, el cuestionamiento que CSIF ha hecho de la gestión de la crisis del Covid-19 por parte del Ayuntamiento, "entendiendo que se pone en tela de juicio a la Guardia Urbana y que se perjudica al cuerpo policial", y que con la actuación denunciada el sindicato "se excede de la facultad de crítica legítima".
El jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
La magistrada María Isabel Hernando Vallejo recuerda que solo las injurias graves son constitutivas de delito y valora que las comunicaciones de CSIF no se pueden considerar como tales. Al entender de la jueza, el sindicato no difunde las informaciones "con el ánimo de lesionar el honor del querellante sino con la intención de pedir explicaciones". Hernando Vallejo dice que "la dureza de las expresiones es propia de la estrategia sindical y de su labor en defensa de los intereses del colectivo".
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Más adelante, la magistrada subraya que "aunque tanto el contenido de la carta y el comunicado, como la actitud de dar difusión y publicidad a ese contenido, tiene eficacia lesiva, máxime en el contexto en el que se produce de cuestionamiento del nombramiento del jefe de la Guardia Urbana, no se aprecia una voluntad clara e inequívoca de atentar grave y directamente al honor del querellante", escribe la jueza, que también apela a la "libertad de expresión e información", a pesar de que haya críticas que "puedan molestar, inquietar o disgustar".
Al final del texto, Hernando Vallejo procede a "sobreseer" la causa por no ser los hechos constitutivos de delito y añade que "no resulta necesario la práctica de otras diligencias de investigación" y dicta que la causa penal debe archivarse. Para la jueza "no puede decirse que la manera de actuar del querellado -en este caso CSIF y el propio López- no sea reprochable, pero no desde un punto de vista jurídico-penal".
HECHO "SIN PARANGÓN" PARA AMEDRENTAR
Para el secretario general de CSIF, la querella de Velázquez es un hecho "sin parangón" en la historia de la Guardia Urbana por llevar ante los tribunales a un "representante sindical que no deja de ser, funcionalmente, un subordinado suyo". López interpreta la denuncia como "un gesto para reducir, minimizar o amedrentar la acción sindical de CSIF".