El Ayuntamiento gasta más de 16 millones en alojamientos en hostales y pensiones

El gobierno de Ada Colau gastará más de 16 millones de euros (según el valor estimado del contrato, IVA incluido) en el alojamiento temporal y manutención de personas y familias en riesgo de exclusión o vulnerabilidad que deben dormir en hostales, pensiones y pisos de Barcelona o del área metropolitana. El expediente fue aprobado el pasado jueves, 8 de abril, en comisión de gobierno [ver aquí, punto 40]. Las plazas estimadas diarias son cerca de 700.

El contrato -un acuerdo marco- tiene un valor estimado de 14,9 millones de euros (sin IVA) y sale a licitación con un precio base de 16,6 millones, IVA incluido, por la vía de urgencia, según el texto de la comisión de gobierno. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 28 de abril [ver aquí la licitación]. Fuentes municipales del servicio de prensa consultadas por Metrópoli Abierta se han limitado decir que es un contrato público y que toda la información se encuentra en las bases.

DESDE PENSIONES A PISOS TURÍSTICOS

El objeto de la licitación -para 2021 y 2022- es la elección de una única empresa que se encargue de todos los trámites de intermediación para los alojamientos, dice el pliego técnico, para personas y familias en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad. Los colectivos que podrán beneficiarse son víctimas de violencia machista o de tráfico, con sus hijos; personas inmigrantes, familias con menores sin casa -por ejemplo, víctimas de desahucios-, y gente en situación de exclusión residencial valorada por los servicios sociales municipales.

Las personas que se acojan este tipo de servicio lo podrán hacer, en función de las necesidades, en régimen de pensión completa, solo alojamiento, alojamiento o desayuno o media pensión. Además de hostales o pensiones, este tipo de pernoctaciones también se podrán hacer en pisos turísticos cedidos a la administración -el pasado octubre, el Ayuntamiento solo había logrado 22- y que estarán exentos de la tasa turística. El principal objetivo es proporcionar a estas personas un alojamiento digno. 

CONDICIONES DE USO: PROHIBIDO EL CONSUMO DE DROGAS

Según el contrato, los alojamientos tienen que estar en Barcelona o en municipios de la primera corona tarifaria de transporte, como Gavà, Cornellà, L'Hospitalet, Sant Adrià, Badalona o Santa Coloma. En algunos casos determinados, como el de víctimas de violencia machista, estas personas o familias podrán ser alojadas en localidades de la segunda corona tarifaria para garantizar su protección. 

La empresa adjudicataria del servicio podrá dar de baja y echar a los alojados una vez haya terminado el periodo de tiempo que tenían asignado para el hospedaje o si incumplen algunas de las condiciones de uso, como alterar las normas de convivencia, consumir o traficar con drogas o alcohol, robar o causar daños en los bienes inmuebles, entre otros supuestos. Previamente, la empresa deberá comunicar la baja al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento estima que el número de plazas necesarias diarias puede rondar las 700. Unas 100 son para los servicios adscritos a la servicios de inmigración y refugio, aunque se puede llegar a picos de 220 plazas. Para las personas derivadas por los servicios de feminismos y LGTBI , las plazas diarias  son unas 50, con picos de 100, y para las ciudadanos derivados por los servicios adscritos en el Instituto Municipal de Servicios Sociales, los alojamientos diarios que se necesitarán son 522. En 2020, los servicios sociales municipales atendieron a cerca de 90.000 personas. 

CRÍTICAS DE CIUTADANS

Para la regidora de Ciutadans, Marilen Barceló, los alojamientos temporales son importantes para dar una respuesta habitacional de emergencia, pero en ningún caso deben sustituir a las viviendas sociales. "Un hotel o una pensión deben ser una solución provisional a corto plazo y se debe garantizar otro tipo de modelo de vivienda para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Es importante que no se abuse de los parches que pueden ser los alojamientos temporales como una solución a medio y largo plazo, ya que sólo deberían ser útiles a corto plazo", subraya la edil naranja.

El pliego subraya la necesidad de unas 700 plazas diarias, lo que pone de manifiesto que "se deben tomar medidas urgentes para disponer de vivienda social para casos de emergencia. Actualmente no se está haciendo. Con esas plazas se intenta suplir la falta de gestión del gobierno. La ciudad continua teniendo un déficit importante de vivienda pública, sin que las promesas electorales en campaña de los que gobiernan se cumplan. Actualmente hay más de 500 familias que tienen adjudicada una vivienda y no se les entrega porque no hay. Se constata el fracaso de las políticas de vivienda del gobierno de Colau y Jaume Collboni, que están más pendientes de las fotos y de los titulares que de dar una respuesta eficaz a la emergencia habitacional".

PISOS DE ALQUILER A PRECIO ASEQUIBLE

Para Barceló, Barcelona debería disponer de un parque de vivienda pública del 15% antes de 2027. "Se debe apostar por la colaboración público-privada, teniendo en cuenta el Área Metroplitana de Barcelona (AMB) como parte de la solución. "Creemos que el gobierno debería construir más vivienda en los solares de titularidad municipal y que el 75% sea en régimen de alquiler a un precio asequible. Es urgente dar una respuesta residencial a todas aquellas familias que por falta de recursos humanos se pueden quedar en la calle por no tener acceso a un piso", concluye la regidora de Ciutadans.