Barcelona alquilará cuatro furgonetas de atestados por 445.000 euros

El arrendamiento de cuatro furgonetas para ser utilizadas como oficinas de atestados costará a la Guardia Urbana de Barcelona un total de 445.403 euros durante los próximos cinco años. Los vehículos serán suministradas por la empresa Alphabet España Fleet Management, que ya en enero de este año cerró otro contrato con el consistorio barcelonés para alquilarle 30 escúteres durante cinco años por 779.027 euros. Alphabet, presidida por Rocío Carrascosa Herrero, es una filial de la multinacional BMW que tiene la sede en Madrid y es proveedora habitual de varios ayuntamientos catalanes. Al concurso de las furgonetas se presentaron tres empresas del sector, pero ganó con claridad la adjudicataria final. El contrato fue adjudicado el pasado 19 de mayo.

Un informe interno del Ayuntamiento explica que la unidad de investigación y prevención de la accidentalidad (UIPA) de la Guardia Urbana tiene en la actualidad nueve furgonetas, algunas de ellas con una antigüedad de entre 12 y 14 años “y es muy urgente su renovación”. Según consta en el pliego de prescripciones técnicas, las furgonetas funcionarán con combustible diésel y tendrán una potencia mínima de 125 CV. Su consumo urbano será de un máximo de 7,4 litros por 100 kilómetros, mientras que el extraurbano será de 6,2 litros y el mixto, de 6,8 litros.

UN MÁXIMO DE KILOMETRAJE

Las furgonetas serán de color blanco y llevarán el distintivo de policía en el lateral y el portón. Además de estar equipadas con receptor GPS capaz de transmitir y recibir información a través de una conexión GPRS, también han de contar con una emisora de voz Trunking Epura o similar. En las especificaciones técnicas se detalla que deberán llevar un transceptor de tecnología TETRA. En su interior, deberán tener plaza para tres personas y espacio para un armario con acceso desde la parte posterior. Estas oficinas móviles deberán llevar también un equipo de primeros auxilios con desfibrilador, resucitador de balón, tijeras de cirugía, mascarillas con filtro de carbono, mantas ignífugas y térmicas, una botella de suero fisiológico y un completo equipamiento de material médico.

Los vehículos no deberán de hacer más de 125.000 kilómetros en su vida útil con la Administración. Si sobrepasan ese kilometraje, el Ayuntamiento deberá pagar cuatro céntimos por kilómetro de más. Si, en cambio, no llega a esa cifra, la empresa deberá pagar al consistorio seis céntimos por cada kilómetro de menos realizado, según la oferta presentada en el concurso.

AYUDA PARA TRAMITAR SANCIONES

Paralelamente, también el 19 de mayo, el Ayuntamiento otorgó otro contrato de 121.571 euros para la asistencia técnica y apoyo jurídico y logístico en la tramitación de los procesos de gestión de expedientes sancionadores durante un año. En este caso, la empresa que se llevó el concurso (al que se presentaron dos ofertas) fue Business Strengths Engineering.

El cometido de la empresa será preparar los expedientes de toda el área de Ecología, Urbanismo y Movilidad y darles solución. Se trata, en definitiva, de resolver los expedientes de sanciones relativos a las normativas de residuos, canalizaciones del subsuelo, vertederos, espacios verdes y medio natural y usos de la vía pública. También entra en su cometido el estudio de los expedientes en materia de obras e instalaciones de servicios.

“Aunque a lo largo de los últimos años ha habido un descenso en cuanto al número de expedientes a tratar y que en el 2020 este descenso ha sido superior por el covid, los cálculos de expedientes a tratar se han hecho con un promedio de 1.000 expedientes anuales, lo que implica un esfuerzo de gestión importante”, relata un informe interno de la secretaría técnica jurídica del área de Ecología del Ayuntamiento. Los términos del contrato se podrán modificar si hay una desviación de expedientes sancionadores superior al 40%: se incrementará entonces un 3% el importe de la adjudicación.

ADJUDICACIÓN MILLONARIA

El apoyo de la empresa adjudicataria servirá, en principio, para agilizar los procesos de resolución. La empresa debe recoger cada semana en las dependencias municipales los expedientes sancionadores que sean objeto de alegación o recurso y deberá redactar un informe jurídico, preparar las propuestas de resolución y los documentos para colgar en los boletines oficiales y confeccionar los pliegos de cargos.

Todos los informes realizados por la compañía serán confeccionados en papel oficial que le indique el Ayuntamiento y “la lengua de redacción de los documentos será el catalán y, si acaso, a petición del administrado, los documentos se traducirán al castellano en un plazo de dos días a contar desde que lo indique el responsable municipal del contrato”. La empresa deberá poner en marcha un equipo formado por un abogado sénior con una experiencia mínima de cinco años en la tramitación de expedientes administrativos, un abogado júnior con una experiencia de dos años, un administrativo cualificado y un auxiliar administrativo.

En febrero de 2019, Business Strengths Engineering ya se había hecho con un contrato del consistorio para realizar una auditoría del estado del espacio público en la ciudad de Barcelona. Ese contrato costó a las arcas públicas barcelonesas un total de 1.411.519 euros. La formalización del mismo se realizó en el mes de julio de 2019 y está previsto renovarlo por otros dos años, por lo que el Ayuntamiento deberá desembolsar 1,4 millones de euros más por esa prórroga.