El Consell de Ciutat propone el agua como alimento

El Consell de Ciutat aprobó el pasado 8 de julio un “Dictamen sobre desigualdades y vulnerabilidades: emergencia alimentaria”. Se trata de un documento que alerta de la necesidad de “revertir la situación actual de pobreza”. En él se insta a evitar “mantener y potenciar lógicas asistenciales en las políticas de emergencia alimentaria. Las propuestas en este ámbito han de ser efectivas, democráticas e igualitarias”. Llama también a desestigmatizar la pobreza haciendo que los receptores de alimentos no sean pasivos, sino que participen activamente en espacios de participación. También insta a potenciar el rol del Ayuntamiento en los comedores municipales, escuelas, ferias, festivales, máquinas expendedoras y residencias de ancianos, incorporando en la contratación pública “cláusulas que fomenten la alimentación saludable y de calidad”.

El documento, de 26 páginas, recoge las ponencias presentadas y discutidas en el seno del Consell. En sus conclusiones, el texto resalta que “la alimentación de calidad es un derecho fundamental de toda persona de la ciudad de Barcelona. Es imposible hablar de alimentación sostenible y de calidad. Es preciso revertir la situación actual de pobreza, causa de muchas de las desigualdades, con modificaciones legislativas y acciones económicas o de formación (creación de puestos de trabajo, economía social, cooperación público-privada…). En estos momentos en los que disminuye la presión social de emergencia alimentaria, trabajar para evitar que se den estos picos de emergencia que se van repitiendo”.

Un comedor social en Barcelona / ARCHIVO

EL AGUA COMO ALIMENTO

Así, el informe alienta a que el consistorio se implique en generar circuitos para evitar el malgasto alimentario, estudiar medidas alternativas (como supermercados sociales cooperativos, huertos urbanos, cocinas colectivas o renta social ciudadana), potenciar el papel de los huertos urbanos, revisar los tipos impositivos de la alimentación (aunque eso no depende del Ayuntamiento, pide incrementar los impuestos a la alimentación menos saludable y sostenible), plantear el agua como alimento, y potenciar desde el Ayuntamiento políticas públicas que conjuguen la protección de la naturaleza, la preservación de la biodiversidad y la defensa de los animales.

En sus conclusiones, el Consell de Ciutat aboga por “evitar el mantener y potenciar lógicas asistenciales en las políticas de emergencia alimentaria. Las propuestas en este ámbito han de ser efectivas, democráticas, igualitarias. Es importante alcanzar la sostenibilidad de las iniciativas y su interconexión”. En este sentido, añade que es preciso “desestigmatizar la pobreza, haciendo que los receptores de alimentos no sean pasivos, sino que participen activamente en espacios de participación, en la organización. Tener en cuenta el conocimiento y el punto de vista que pueden aportar los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, buscando medidas que conserven su capacidad de decisión huyendo del paternalismo”.

LA NUEVA FISCALIDAD

Para conjugar la alimentación con la lucha contra la pobreza y la preservación del medioambiente, el informe apuesta no sólo por “potenciar el papel de los huertos urbanos” de la capital catalana, sino que subraya que “es preciso proteger los espacios territoriales del área metropolitana, donde se producen los alimentos, para hablar de una alimentación kilómetro 0 e incentivar estos espacios en colaboración con los otros municipios”. De esa manera, reclama “revisar los tipos impositivos de la alimentación” y luchar para conseguir “incrementar los impuestos de la alimentación menos saludable o sostenible; valorar la exención de impuestos a aquellas entidades, servicios, etcétera que fomenten activamente una alimentación saludable entre las personas usuarias; y rebajar el IVA de los alimentos saludables”.

Agua mineral embotellada

En esta deriva, el Consell de Ciutat propone también “revisar los precios que están ofreciendo los mercados municipales, que son de proximidad pero a un precio diferenciado”, ya que con la actual estrategia se corre el “riesgo de fomentar una alimentación un cierto elitista y ampliar las desigualdades si no tenemos en cuenta la variable precio de los alimentos saludables y de proximidad”.

UNA ACTUACIÓN TRANSVERSAL

Estas reflexiones serán aprovechadas en el marco del proyecto de la capitalidad mundial por la Alimentación Sostenible, que recae este año en Barcelona. “No se puede hablar de alimentación sostenible, saludable, kilómetro 0… obviando la situación de emergencia alimentaria”, recuerda el informe. De ahí que abogue por “impulsar y desarrollar desde el Ayuntamiento de Barcelona políticas públicas que conjuguen la protección de la naturaleza, la protección de la biodiversidad y la defensa de los animales, juntamente con los valores propios de la emergencia alimentaria”. Pero esa lucha sólo pude darse dentro de una lucha más general contra las desigualdades sociales.

Así, en las ponencias constituidas dentro del Consell de Ciutat quedó claro que el año pasado se desplegaron 87 proyectos para garantizar los derechos sociales, es especial el derecho a la vivienda, con el fin de “coartar la acción especulativa, abriendo vivienda socia y recuperando los pisos vacíos de la ciudad. Se localizaron 18 cesiones de pisos en desuso y a finales de 2019 el Ayuntamiento gestionaba ya un parque de 9.646 viviendas sociales. Afirma el Consell que se han dado ayudas para el pago de vivienda a más de 53.000 personas y que las unidades antidesahucio atendieron a 4.355 unidades de convivencia.

En materia de eliminación de la estigmatización y la segregación social, se desplegaron 25 proyectos, proporcionando ayudas de más de 150 euros para familias o individuos en pobreza extrema. En 2020, había 11 oficinas de puntos de asesoramiento energético y se atendieron a más de 80.000 personas desde 2017 por problemas a la hora de acceder a un servicio energético normal y básico. En materia de disminuir las desigualdades territoriales, se pusieron en marcha 20 proyectos para evitar la expulsión de los barrios por motivos de insuficiencia económica, aunque no se especifica la clase de ayudas otorgadas para este concepto.