Varapalo a Colau: El TSJC tumba el límite de construir aparcamientos en edificios nuevos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado una normativa aprobada inicialmnte por el Ayuntamiento de Barcelona en 2017 y publicada en el DOGC un año más tarde en la que se reducía significativamente la cifra máxima de plazas de parking subterráneo que los constructores podían realizar en los nuevos edificios de la capital catalana.

La iniciativa, propuesta por los comunes y apoyada por el PSC y la CUP, pasaba por eliminar el aparcamiento subterráneo en las nuevas viviendas dotacionales y en establecimientos comerciales inferiores a 1.300 metros cuadrados, además de favorecer que las cuotas mínimas que había hasta entonces para futuras viviendas privadas, oficinas y hoteles pasaran a ser máximas.

FALLO

El fallo estima totalmente "el recurso ordinario interpuesto por la representación procesal de la entidad Josel SLU contra la resolución-Acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona por la que se aprueba definitivamente la Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano que regulan los aparcamientos de Barcelona".

Por ello, el TSJC ha delcarado dicha resolución "nula de pleno derecho con condena en costas a las partes recurridas, aunque limitando la condena a un máximo de 3.000,00 euros por todos los conceptos, IVA incluido, a repartir al 50% entre las dos demandadas de autos".

Turismo en un parking de Barcelona / METRÓPOLI

Mediante esta sentencia, la justicia ha tumbado la restricción impuesta por el gobierno municipal de Ada Colau en el pasado mandato, eliminando así los límites propuestos por los comunes a los promotores inmobiliarios en la creación de plazas de parking subterráneo para aquellas nuevas edificaciones que se construyan en Barcelona.

"EXCESO DE PLAZAS"

La normativa se aprobó después de que la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, asegurara en 2017 que en la capital catalana hay un "exceso" de plazas de aparcamiento subterráneo, cifradas entonces en 640.000, para los 570.000 coches en circulación.

En este sentido, la concejal de los comunes defendió la reducción de los estacionamientos como forma de desincentivar el uso del vehículo privado en la ciudad.

La iniciativa fue entonces criticada por el PDeCAT y el PP, con intervenciones de los concejales Jordi Martí y Javier Mulleras respectivamente. Martí tachó la medida de "ideológica" y se preguntó donde iban a aparcar los barceloneses el "coche eléctrico". Mulleras, por su parte, cargó contra la "cochefobia de Colau".