El pleno municipal de Barcelona ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza de civismo de Barcelona, una normativa cuyo cambio ha planteado el PP e la sesión de este viernes.
El líder del grupo popular, Josep Bou, ha lamentado el incivismo que sufre la capital catalana actualmente, y ha defendido la necesidad de un endurecimiento de la norma para "mejorar la convivencia" en la ciudad.
"PROBLEMAS MUY GRAVES"
El concejal de ERC, Jordi Coronas, ha remarcado que Barcelona tiene "problemas muy graves de convivencia", y ha incidido en el auge de la "suciedad y la inseguridad" que denuncian los vecinos, lo que ha ejemplificado con una vecina de la "calle de los Robadors" que ha tenido que irse de su casa al no aguantar lo que está viviendo.
El edil de JuntsxCat, Jordi Martí, ha destacado la necesidad de la propuesta dada la situación en la que se encuentra la ciudad, y ha asegurado que la formación teme que la cuestión quede pendiente "para el próximo gobierno municipal".
En líneas similares se ha expresado Paco Sierra, regidor de Ciutadans, quien ha valorado la "necesidad compartida de hacer cumplir la ordenanza vigente", y ha afirmado que si la modificación se realiza con Colau en la alcaldía el "entorno normativo" podría ser "peor del que tenemos".
Óscar Benítez y Marilén Barceló han compartido el posicionamiento favorable de Barcelona pel Canvi. El edil del grupo liderado por Eva Parera ha lamentado que en Barcelona la "autoridad esté subestimada", mientras que la regidora no adscrita ha asegurado que la capital catalana es una ciudad "sucia e insegura", con "molestias y riesgos".
DATOS DE 2021
Desde el gobierno municipal, el concejal Albert Batlle se ha posicionado favorablemente a la iniciativa y ha ofrecido algunos datos en materia de seguridad en lo que va de 2021. El edil ha destacado las "más de 500.000 personas desalojadas de 5.000 espacios", así como las "22.000 denuncias interpuestas y 1.100 inspecciones" en establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, y "127.826 bebidas decomisadas".
Los comunes no han intervenido en el debate, que es contrario a los planes de Colau y su grupo, lo que pone en entredicho que el acuerdo vaya a salir adelante durante este mandato.
Entre 2015 y 2019, los comunes intentaron una modificación de la Ordenanza de civismo, aprobada a finales de 2005, aunque su intención era rebajar la cuantía de las multas y evitar que se multa a colectivos vulnerables. La propuesta que impulsó el entonces el teniente de alcaldía Jaume Asens no cuajó.