La Ordenanza de civismo de Colau se encalla

Nuevo varapalo a Ada Colau. El gobierno municipal de Barcelona se ha visto obligado a aparcar la puesta en marcha de la nueva Ordenanza de civismo ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los partidos de la oposición. Tras el tranvía, la multiconsulta y, muy probablemente, la funeraria pública, ahora es la reforma de la norma de convivencia el proyecto de la alcaldesa que queda encallado, encerrado en un cajón a la espera de que lleguen tiempos mejores. Probablemente, el intento de reformar la norma se quedará en eso, en un intento.

El teniente de alcalde Jaume Asens y una de las personas de confianza de Colau ha reconocido este lunes que la propuesta de Barcelona en Comú "está en punto muerto" y que resulta muy difícil establecer las alianzas necesarias para aprobarla. La idea de Colau pasa, entre otros aspectos, por evitar criminalizar la pobreza y rebajar los importes de las multas. La ordenanza se puso en marcha en 2006 y en estos 12 años uno de los puntos más polémicos ha sido las sanciones que reciben las personas sintecho, que casi nunca se cobran por falta de recursos. Metrópoli Abierta ha explicado que este fin de semana cuatro miembros de este colectivo han sido multados por acampar en la vía pública, delante de la sede de la síndica de greuges de Barcelona. 

Según Asens, "los puntos de vista son tan diferentes con la mayoría de partidos que ahora mismo es difícil pensar en un acuerdo. La situación es complicada porque no compartimos la misma visión sobre el espacio público", admite el representante municipal. Asens afirma que PDeCAT, Ciutadans y PP quieren endurecer la ordenanza, y que PSC mantenía una posiciones próximas a los comuns' cuando estaba en el gobierno, pero que ahora mismo votarían en contra. Asens reconoce que, a poco más de un año de las elecciones, será difícil avanzar para llegar a un consenso total sobre la norma. "La lucha entre los partidos es más encarnizada a un año de las elecciones". Y la solución puede pasar por intentar cambiar algunos artículos este mandato y dejar la reforma más general para el próximo mandato.

LEGALIZAR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Fuentes socialistas dicen que todavía no han decidido el sentido de su voto si finalmente el gobierno inicia la aprobación inicial de la norma, pero lo cierto es que hay aspectos en que ambos partidos están muy distanciados. Por ejemplo, los socialistas opinan que el texto de Colau "legaliza la explotación sexual en el espacio público por la puerta de atrás". El PSC considera también que la propuesta del gobierno "abre la puerta a la arbitrariedad y deja a la Guàrdia Urbana desprotegida, ya que los agentes tendrán que valorar, sin ningún norma que los ampare, cuando actuar o no". Este sería el caso de si tienen que sancionar la acampada en la vía pública o las pintadas. Ahora, ambas acciones, están prohibidas, pero si se aprueba el nuevo texto no se requerirá autorización.

Desde las filas del PDeCAT, el regidor Jaume Ciurana asegura que "la degradación de las calles es flagrante. Se ha visto que con una actitud más laxa no se ha mejorado la calidad del espacio público. Siempre hemos pedido que se cumpla la norma. No hemos pedido un endurecimiento. Sólo pedimos que haya voluntad para hacerla cumplir", afirma. Y opina que la decisión municipal de aparcar la negociación es una muestra más de la incapacidad del gobierno de Colau "para alcanzar acuerdos y generar consensos". Ciurana asegura que mostraron a la alcaldesa la disposición negociar. "Presentamos al gobierno un primer documento de alegaciones. Creemos en la necesidad de consenso. Pero quien tiene la responsabilidad de alcanzar acuerdos es el gobierno".

A poco más de un año para las municipales, en ERC no dan tregua a Colau. Aunque los republicanos lo llevaban en su programa electoral, hace unas pocas semanas el partido de Alfred Bosch finiquitó --al menos para este mandato-- la intención de los comuns de unir el tranvía por la Diabonal entre Glòries y la plaza de Jacint Verdaguer por discrepancias en la gestión. Ahora le toca a la Ordenanza de civismo. "El texto que nos han presentado es demasiado impreciso y subjetivo. No estamos de acuerdo", sentencia el concejal Jordi Coronas.

RETIRADA

Recientemente, el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, pidió "la retirada" de la propuesta de nueva ordenanza de civismo porque “no garantiza ni la convivencia ni el respeto a las normas”. Fernández, que calificó la normativa de auténtica “ordenanza del gamberrismo”, lamentó que el renovado texto avale conductas tan incívicas como el botellón (se podrá hacer mientras no se moleste a los vecinos) o el top manta (se reducen las sanciones). El PP ha presentado 42 alegaciones a la modificación de la ordenanza.

La líder municipal de Ciutadans, Carina Mejías, opina que "la permisividad del gobierno de Colau está provocando un incremento de las infracciones". Según la edil, "el importe de las sanciones debe tener un efecto disuasorio". Y añade: "Una ordenanza de tal trascendencia no puede aprobarse sin diálogo y sin contar con el apoyo de todos los grupos municipales. El gobierno municipal se ha centrado más en los derechos de los ciudadanos que en sus deberes en la vía pública. Las calles son de todos y todos debemos respetar el espacio público para garantizar la convivencia".