La Ordenanza de civismo cumple 15 años de polémicas

La Ordenanza de civismo de Barcelona, o de convivencia, su nombre oficial, acumula más de 15 años sin haber cuajado. Ni entre los partidos políticos. Tampoco las entidades sociales o los ciudadanos la ven con buenos ojos. Algunas formaciones políticas, como JuntsxCat o Ciutadans, opinan que hay que endurecerla. Otros, como Barcelona en Comú, o la síndica de greuges, consideran que hay que revisarla a la baja. Lo cierto es que tras tres lustros en vigor, la normativa es un gran fracaso y ha generado incumplimientos y polémicas. Las quejas vecinales por incivismo se disparan, las multas caen a la mitad, la mayor parte de las denuncias no se cobran y colectivos como los sintecho se han convertido en el foco de la policía. 

La citada ordenanza ya nació coja. Fue aprobada en diciembre de 2005 en el pleno municipal. Por aquel entonces, en el Ayuntamiento gobernaba el tripartito de PSC, ERC e ICV. El alcalde era Joan Clos. Y los ecologistas de Imma Mayol, socia de gobierno de Clos, votaron en contra porque entendían que la normativa perseguía problemas sociales, como la prostitución y la mendicidad. En el lado opuesto, el PP de Alberto Fernández Díaz se abstuvo, pero defendía la tolerancia cero, y Xavier Trias, entonces en CiU, subrayaba que "la convivencia no era ni de izquierdas ni de derechas". Los republicanos votaron a favor. 

ASSUMPTA ESCARP, LA PRINCIPAL IMPULSORA

La que fuera una de sus principales impulsoras, la socialista Assumpta Escarp, recuerda que "es una ordenanza de convivencia y no de civismo", un término adoptado por la sociedad y los medios. La normativa, explica, nació en un intento de defender un espacio público para todos. "Buscábamos un mecanismo jurídico que nos permitiera sancionar para evitar conductas en las calles que acababan teniendo un uso excluyente. Es una clara defensa del espacio público y de la convivencia en el espacio público", dice.

Escarp recuerda que Barcelona fue pionera en la puesta en marcha de esta normativa y que después fue adaptada por numerosos municipios. Para la actual diputada del PSC en el Parlament, la ordenanza tiene "validez", aunque requiere de "liderazgo" para defender que el espacio público sea de todos. "Es un instrumento que sirve para impedir el botellón en tiempos de pandemia. El botellón es excluyente. Acaba excluyendo otro usos". Si hay botellón en una zona, habrá gente que no pasará por allí. Según Escarp, muchas veces la norma se desvirtuó, especialmente durante la crisis económica, y niega que castigara la pobreza. "Nunca multamos a ninguna prostituta. Siempre era a clientes". La ordenanza, añade, prevé medidas sociales para colectivos vulnerables. 

MULTAS A SINTECHO

La ordenanza entró en vigor en 2006. Y desde entonces no ha dejado de suscitar polémica. En 2012, Trias (ya como alcalde) y Fernández Díaz impulsaron el endurecimiento, con la prohibición total de la prostitución callejera. La decisión no gustó a la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que acusó al Ayuntamiento de querer "hacer invisible el fenómeno, sin analizar a fondo un problema muy complejo en el que abundan los dramas humanos".

La defensora de los ciudadanos llevaba por aquel entonces meses de conflicto con Trias por las multas a los sintecho, también por dormir en la calle. Solo en 2011 se pusieron más de 800. Vilà logró que se retiraran numerosas multas a indigentes. Uno de los casos más sonados fue el de una persona que acumulaba más de 7.400 euros en sanciones: sencillamente no las podía pagar. La práctica de denunciar a las personas sin hogar por pernoctar en la vía pública se seguía produciendo en 2020 en pleno confinamiento. Así lo denunció el director de Arrels Fundació, Ferran Busquets.

Otra polémica fue, también en 2011, el acuerdo entre PSC y CiU de sancionar ir desnudo o semidesnudo por las calles de Barcelona. De nuevo, PSC y su socio de gobierno ICV votaron distinto. La modificación de la ordenanza entró en vigor el 29 de mayo de 2011. Ese verano, la Guardia Urbana sancionaba cada dos días a una persona por ir desnuda o semidesnuda (en bañador) por la calle. Las multas podían oscilar entre los 120 y los 500 euros. Con posterioridad, los agentes pasaron a advertir primero antes de multar. El caso acabó en el Tribunal Supremo, que avaló el veto a ir desnudo pero no dio por bueno el punto de la normativa que prohibía ir "casi desnudo" o "con ropa similar al bañador". Los últimos años apenas se han puesto denuncias por nudismo, 51 entre 217 y 2020. 

LA OPINIÓN DE LA SÍNDICA

En conversación con Metrópoli, la síndica dice que desde que se aprobó la ordenanza, en 2005, la oficina que encabezaba por aquel entonces Pilar Malla ya valoró que la norma comportaba la "estigmatización de personas de determinados colectivos con graves problemas sociales, y suponía la penalización de sectores débiles y vulnerables". En opinión de la Sindicatura, el texto municipal llevaba a hacer "juicios morales sobre determinadas conductas, como la prostitución, la mendicidad y la venta ambulante no autorizada". La defensora de los barceloneses apuntaba también que no se puede poner bajo un mismo paraguas conductas de desestructuración social y conductas socialmente rechazables de mala educación y vandalismo.  

"Estas apreciaciones de la Sindicatura continúan vigentes en el momento actual, 15 años después de la entrada en vigor de la Ordenanza. Las políticas públicas que debe utilizar el Ayuntamiento para hacer frente a las problemáticas sociales deben fundamentarse en actuaciones más preventivas y sociales, y no en la seguridad", subraya Vilà.

COLAU, INCAPAZ DE REVISAR LA NORMA

Colau, a su llegada a la alcaldía en 2015, anunció su intención de revisar la Ordenanza de civismo y dejar de perseguir la prostitución callejera, la pobreza o jugar en la calle. Lo dijo en su primer acto como alcaldesa en la oficina de la síndica. Han pasado seis años y la normativa sigue igual. No se ha modificado ni una coma. El pasado mandato, el teniente de alcaldía de los comunes, Jaume Asens, fue incapaz de tejer las alianzas necesarias para modificar el texto. Las posiciones entre los partidos siguen muy alejadas, dijo Asens en 2018. Desde entonces no se ha sabido nada más, hasta ahora.

Tras conocerse el aumento de quejas vecinales por incivismo, JuntsxCat se ha posicionado a favor de impulsar una reforma de la Ordenanza de civismo y endurecerla porque la actual no es efectiva, considera el concejal Jordi Martí. El edil ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre la incapacidad de la Guardia Urbana y de otros servicios municipales para dar respuesta a tantas quejas y llamadas. El concejal independentista ha mostrado su enfado porque el gobierno de Colau y Jaume Collboni ha querido esconder los informes negativos sobre la Ordenanza de civismo de 2019 y 2020.

LAS QUEJAS VECINALES SE DISPARAN

Los últimos datos que se conocen son que, en 2020, las quejas de convivencia se han disparado hasta un 60%. Solo a través del sistema IRIS, una plataforma informática, los ciudadanos hicieron llegar al Ayuntamiento 19.845 reclamaciones por incivismo frente a las 12.427 de 2019, un 59,69% más. El número de llamadas a los teléfonos 092 y 112 de emergencias todavía presenta cifras absolutas mayores. En todo 2020 registraron 119.177 incidencias por 95.822 en 2019. En este caso, el aumento es del 24,4%.

En el lado opuesto, las denuncias impuestas en Barcelona por Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana para hacer cumplir la Ordenanza de civismo van claramente a la baja. En 2020 se redujeron a la mitad. Los agentes interpusieron en la ciudad 43.335 denuncias. En 2019, las multas fueron 84.246. El número de sanciones lleva años a la baja. Si en 2017 se denunciaron 107.453 actos incívicos, un año después fueron 93.308. Pero el gran problema de las denuncias es que no se cobran, aunque pueda parecer extraño.

74,6 MILLONES EN MULTAS SI COBRAR

Fuentes municipales del servicio de prensa dicen no disponer de las multas cobradas de los años 2019 y 2020. Indican que dependen del Institut d'Hisenda Municipal y no son datos que hayan recibido. El concejal de JuntsxCat tampoco dispone de ellas. "En los informes no están. Albert Batlle [teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención] lo único que nos ha dicho es que se habían cobrado unos dos millones de denuncias covid pagadas voluntariamente".

A principios de 2019, Metrópoli se hizo eco de la denuncia del PP, que aseguraba que el gobierno de Colau acumulaba 74,6 millones de euros sin cobrar de multas por incivismo. Fernández Díaz decía que con Colau en el Ayuntamiento "ser gamberro e incívico sale gratis" y aseguraba que la alcaldesa había renunciado a perseguir el incivismo y había convertido Barcelona "en una ciudad de barra libre de infracciones de leyes y ordenanzas”. En 2018, el importe de sanciones que se dejó de cobrar fue de 18,5 millones; en 2017, de 12,4; en 2016, de 20,4, y en 2015, de 23,2 millones.

SIN CONSENSO

Sobre la posibilidad de reformar la Ordenanza de civismo, la fuentes municipales indican que para cambiar una normativa de este tipo es necesario una mayoría de pleno que hasta ahora no se ha producido. Las fuentes añaden que el gobierno municipal trabaja para abordar las situaciones de incivismo desde diferentes vertientes y que, en el caso, de vulnerabilidad, se prioriza una aproximación social y de prevención antes que una estrictamente de seguridad.

Barcelona en Comú es partidario de rebajar la ordenanza. En el PSC, en cambio se muestran más esquivos a posicionarse, y ni siquiera hablan de la normativa en su valoración: "La convivencia es una prioridad y está en nuestra agenda política. Por eso nos emplazamos a hacer una lectura actualizada del Pacto de Convivencia, recogido en el Acuerdo de Gobierno, de la mano de todos los grupos y con un diálogo abierto al tejido económico y social de la ciudad, también en los distritos. El derecho a disfrutar del espacio público en la ciudad no se puede entender sin el deber de garantizar la convivencia".

Desde ERC se tiene una posición similar a Barcelona en Comú. "Siempre hemos sido partidarios de cambiar la ordenanza porque la actual criminaliza y estigmatiza ciertos colectivos y situaciones", dice la portavoz adjunta Elisenda Alamany. También considera que habría que priorizar medidas alternativas a las sanciones como los trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo, "para que fuera una ordenanza más enfocada a la pedagogía, a la no repetición ni estigmatización en el caso de determinadas infracciones y sujetos". A finales de 2005, ERC, entonces liderada por Jordi Portabella, votó a favor de la ordenanza.

DESARROLLAR LA JUSTICIA DE PROXIMIDAD

Los republicanos exponen que los meses de confinamiento ha hecho aumentar los conflictos vecinales en viviendas privadas y recuerdan que llevan meses presentando iniciativas, "para aumentar la dotación económica y de RRHH de los servicios de mediación y comunitarios. Sobre los problemas en la vía pública, que también van en aumento, Alamany sostiene que "no se están empleando todos los esfuerzos" necesarios. "Es urgente resolver esta situación porque Barcelona y sus vecinos no pueden más. Y soluciones, como el desarrollo de la justicia de proximidad, que hemos reclamado en varias ocasiones, ayudaría a descongestionar los juzgados".

La regidora no adscrita Marilén Barceló, que trabaja con Barcelona pel Canvi, opina que la ciudad tiene un problema de seguridad que arrastra desde el mandato anterior. "Ciutat Vella continua sufriendo como cada verano sin aplicar un plan de convivencia efectivo. Las ocupaciones ilegales aumentan y nos preocupa mucho la subida de los botellones, que generan problemas de incivismo y suponen un riesgo para la salud". Barceló añade que "el gobierno suspende en seguridad y no hace autocrítica ni mejora las medidas que se requieren para poner coto al incivismo", y recuerda que gobierno y oposición tienen pendiente de revisar la Ordenanza. "El mandato pasado fue imposible alcanzar un acuerdo".

CIUDAD SIN LEY

Según la presidenta de Ciutadans en el Ayuntamiento, Mariluz Guilarte, "se cumplen 15 años de una ordenanza que lleva años sin aplicarse con la complicidad de los gobiernos municipales", especialmente estos últimos seis años de Colau y PSC y la kale borroka del procés. "Han convertido Barcelona en una ciudad sin Ley. Colau y sus socios han desautorizado y reducido medios materiales y efectivos de la Guardia Urbana, que son los encargados de velar por el cumplimiento de la ordenanza". Y añade: "La ordenanza que debía sancionar la venta ilegal, el deterioro del mobiliario urbano, las pintadas, o los comportamientos inadecuados, que perjudican al conjunto de la ciudadanía, su bienestar y tranquilidad, se han visto sustituidos por la subvención y el apoyo cómplice de quienes gobiernan a un lado y otro de la plaza Sant Jaume a los incívicos".

"En Barcelona sale gratis quemar calles, hacer grafitis que insultan y enaltecen el odio. Y se ha legalizado el top manta que tanto perjudica al comercio y favorece a las mafias que trafican y esclavizan a personas inmigrantes. Es todo un despropósito y una falta de respeto por quienes cumplen y sacan adelante esta ciudad con su esfuerzo. Ahora lo que se impulsa y practica desde el Ayuntamiento no es el orden sino la degradación. Nosotros presentamos hace dos años un Plan de seguridad local y hace uno un nuevo Plan de civismo viendo el retroceso en la situación de Barcelona a causa del populismo institucionalizado. Ahora pretenden hacer lo mismo con la ordenanza para adaptarla a su ideología en vez de endurecerla (especialmente las sanciones) o aplicar lo que ya dispone la actual, que es lo que hemos pedido nosotros.: Sin civismo no hay convivencia. Solo caos y polarización".